Vecinos de cuatro comunas se reunieron con Carrillo

Los vecinos coincidieron en señalar que Carrillo los escuchó y tomó notas aunque no creen que vaya a retirar el proyecto ni que esté dispuesto a hacerle cambios.

Los representantes de los vecinos fueron: Andrés Zulberti de la Comunas 3 (Balvanera, San Cristóbal), Osvaldo Buscaya de la Comuna 7 (Flores, Chacabuco), Gustavo Gallego de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez) y Norberto Villar de la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar).

Según hizo saber Buscaya a Pequeñas Noticias el objetivo de la reunión era reiterarle a Carrillo que "con estas intervenciones, por parte de los funcionarios, se proseguía violando el Estado de Derecho vigente, en este caso teniendo como víctimas a los consorcistas".

Los vecinos coincidieron que Carrillo los escuchó y tomó notas. Aguilera expresó no creer que vaya a retirar el proyecto y agregó: "Se mantuvo inflexible, ofreció cambiar muy pequeños detalles que no hacen al proyecto". Zulberti coincidió: "Dudo que quiera corregirlo".

Villar, por su parte, agregó: "En ningún momento pensó que nuestras alternativas podrían correrlo de su eje, solo pidió que le listáramos aquellos costos que consideramos innecesarios para estudiar su eliminación. Por ejemplo los libros obligatorios, los controles excesivos en temas de seguridad como los ascensores, etc. Inventos comerciales respaldados desde el propio gobierno y algunos funcionarios".

Buscaya le hizo saber a Carrillo que en su opinión "el proyecto Consorcio Participativo era una maniobra para ir apuntalando lo no logrado con la ilegal e ilegítima Ley 5.464 (Ley Muñoz)".

Zulberti aportó: "Escuchó las críticas sobre la plataforma y, además, sobre las disposiciones de Defensa del Consumidor y la Agencia Gubernamental de Control que incrementaron las expensas desde la reforma de la Ley 941, en el 2009".

Para Aguilera la principal objeción al "Proyecto Carrillo" es "el manejo de información que en manos del administrador llega al Gobierno de la CABA".

Zulberti por su parte agregó que "hay una confusión con el control de la actividad de los administradores del RPA y la plataforma Consorcio Participativo: como no pueden o no saben controlar a los 5.500 administradores registrados con 30 mil consorcios piden que lo hagan los consorcistas. Para ello obligan a los administradores a entregar los datos privados de los consorcios. Piden que renuncien a su derecho a la privacidad".

Norberto Villar expresó que decidir qué programa informático utilizar es un derecho y agregó: "Me preocupa quién manejará y controlará la gran masa de datos que obligatoriamente tendremos que cargar a través del administrador: datos personalísimos, chat entre consorcistas, actas de asambleas, etc, etc.". y concluyó: "La asamblea, la máxima autoridad de un consorcio de propietarios, es la que debe decidir que soporte informático usar. Ya bastante fue Expensas Claras con sus cuatro modificaciones que fue manejada por inexpertos cuya impericia fue rayana en la indecencia".