Actualmente, el Registro Público de Administradores que depende de Defensa al Consumidor, es el órgano de control de los administradores. Esta entidad le otorga a los mismos una matrícula para operar con mínimos requisitos para lo complejo que se ha vuelto hoy en día la actividad. Asimismo, cuenta con un sistema de multas que no son ejecutables por no estar bien reguladas y, si bien un propietario o inquilino puede ir a hacer una denuncia, no inspecciona periódicamente a los administradores, es decir, no es proactivo sino que en general opera una vez hecho el daño. Por ello, creemos firmemente que es necesario que se cree una entidad que incluya a los propietarios, a los administradores y al Gobierno para que juntos podamos proponer resoluciones en beneficio de la ética, el control y la eficiencia de la administración.

Lamentablemente, no existe ninguna entidad que tenga como misión el análisis del costo de las expensas o genere estadísticas confiables sobre los aumentos que registran, la morosidad, el costo promedio en las distintas comunas o si hubiera diferencia dependiendo de su destino, vivienda o comercial. Considerando el alto impacto que tienen las expensas en el presupuesto de los porteños, es necesario que esta entidad pública y multisectorial analice minuciosamente los gastos que comprende una expensa y proponga las mejoras correspondientes para su reducción. En este sentido, requerimos que el Gobierno dé marcha atrás con los aranceles que le ha impuesto a los ascensores, las instalaciones fijas contra incendio, la fumigación, la limpieza de tanques, el certificado de la ley 257, las instalaciones térmicas, los matafuegos y la de todas aquellas obleas que de manera directa o indirecta gravan las expensas. Asimismo, con la creación de todos los libros que no requiere la legislación nacional.

Los administradores de Consorcios no tienen un interés legítimo en la negociación de paritarias. No conocemos Consorcio que le haya dado instrucciones a su mandante el administrador de que proponga, se oponga o se manifieste ni a favor ni en contra de ninguna medida en cuanto a la relación laboral, las tareas u obligaciones del trabajador o su salario. Esta entidad no deberá participar en la negociación sino colaborar con todos los actores acercándoles propuestas, información, estudios de costos o cualquier otro dato que agregue valor al dialogo y a la construcción de una relación laboral de mutuo beneficio entre los encargados y los consorcios.