A grandes rasgos y a los efectos de una mayor claridad, las modificaciones que el proyecto introduce en la Ley 941 ^[1] se pueden dividir en dos: aquellas que modifican las obligaciones de los administradores de consorcios, las condiciones para su inscripción y permanencia en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño <ver nota> y las modificaciones relacionadas con la creación de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo que el proyecto también lo plantea como una obligación del administrador aunque –según numerosas objeciones planteadas- en forma indirecta también intentará obligará a los consorcistas <ver nota>.

Quince días después, el 30 de mayo se realizó en la Legislatura la primera reunión de la Comisión de Legislación General. Esta reunión fue informativa y durante la primera media hora –dedicada a los vecinos- se manifestaron, entre otros, las tres únicas entidades que se expidieron claramente a favor de la iniciativa: la Liga del Consorcista, la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) y un consorcista participativo que actúa bajo el nombre de coordinador de la Red de Consorcistas Damnificados (ReDeCo). Pasada esa media hora, la mayoría del tiempo Carrillo expuso y respondió preguntas <ver nota>.

Una semana después, el 6 de junio, se volvió a reunir la Comisión de Legislación General. En un hecho confuso que el oficialismo atribuyó a un error burocrático fue anunciada como "informativa" en lugar de una "reunión de trabajo de asesores". La mayoría de los legisladores fue preparado para evacuar dudas pero no para debatir aspectos técnicos del proyecto que ya había sido modificado aunque no se había dado a conocer su texto definitivo <ver nota>.

A los dos días, el 8 de junio, se reunió por última vez la Comisión de Legislación General, esta vez conformada por los legisladores que la componen y Sergio Abrevaya (GEN) como invitado. La premura por emitir un despacho que habilite su votación en el recinto creó una brecha insalvable entre la oposición y el oficialismo que se tradujo en dos despachos: uno de mayoría redactado por el oficialismo y otro de minoría por la oposición. Finalmente estaría todo preparado para ser tratado en el recinto el próximo jueves 14 de junio, aunque esa fecha no fue confirmada <ver nota>.

[1] La Ley 941 creó un Registro de Administradores en la CABA (RPA) el 3 de diciembre de 2002 y –entre otras- fue modificada por la Ley 3.254 el 5 de noviembre de 2009.

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