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Carátula del Boletín Oficial de la CABA.

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Boletín Oficial de la CABA

Vilma Bouza sólo multa administradores

[BPN-12/06/18] Durante los primeros 28 meses de la gestión de Vilma Bouza como directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, el Boletín Oficial no reflejó ninguna multa o sanción contra los primeros cuatro rubros más denunciados a pesar de que acumularon entre todos casi 15 mil denuncias entre el 2016 y el 2017: bancos o financieras, empresas de telefonía celular, negocios que venden electrodomésticos o empresas que brindan el servicio de televisión por cable.

Según el matutino Clarín "Las denuncias en Defensa al Consumidor contra empresas o comercios suelen resolverse en audiencia de conciliación en ocho de cada diez casos" <vínculo>. Eso significaría que en el 20% de los casos mencionados las empresas infractoras habrían sido multadas. Ese porcentaje sobre las 14.978 denuncias de los cuatro rubros ya mencionados que se acumularon durante el 2016 y 2017 se debieron haber traducido en casi tres mil multas (exactamente 2.995,6), sin embargo esas sanciones tampoco se dieron a conocer en el Boletín Oficial local.

A modo de curiosidad ese mismo matutino informó, citando fuentes oficiales, que durante el primer trimestre del 2018 DyPC sancionó 161 administradores por 4.821.048 pesos en total. Es de destacar que esas dos cifras son mayores al total de multas emitidas contra administradores durante más de tres años, exactamente desde diciembre de 2014 hasta abril de 2018. Durante ese período se dispusieron 131 multas por un total de 4.049.003 pesos.

Según cifras oficiales, los cuatro rubros que estuvieron a la cabeza de los más denunciados por los vecinos en la Ciudad de Buenos Aires ante Defensa del Consumidor totalizando durante el 2016/2017 exactamente 14.978 quejas (50% del total). Por su parte, en quinto se posicionaron los administradores de consorcios que sumaron durante esos dos años 2.012 denuncias (6,72% del total de las denuncias presentadas) y fueron sancionados con un total de 52 multas. Los demás rubros completaron 12.931 quejas formales (43% del total de denuncias).

De los 601 boletines oficiales revisados no se encontraron sobre estas denuncias –a excepción de las relacionadas con administradores de consorcios- ninguna sanción ni disposición para regular aquellos rubros más conflictivos. Ya en detalle, los bancos y las entidades financieras totalizaron 5.509 (18%) denuncias entre el 2016 y el 2017, la telefonía celular sumó 4.777 (16%) denuncias, los comercios que venden electrodomésticos llegaron a 2.829 (9%) denuncias y la televisión por cable acumularon 1.863 (6%) denuncias. Estos cuatro rubros encabezaron durante el 2017 la lista de reclamos a la dirección general de la cual Bouza es su titular.

Es de recordar que la Dra. Bouza fue designada en su cargo el 18 de enero de 2016. Desde ese momento hasta la fecha de finalización del estudio emitió 81 disposiciones de las cuales 3 fueron sobre temas de incumbencia de Defensa del Consumidor, 20 fueron sobre temas administrativas relacionados con el funcionamiento de Defensa y Protección del Consumidor, 9 fueron sobre temas relacionados con el Registro Público de Administradores y la propiedad horizontal en general y 52 fueron multas a administradores.

No hubo ninguna disposición relacionada con los otros 26 rubros que durante su gestión fueron denunciados por los ciudadanos porteños, ni para regularlos ni para sancionarlos.

Para realizar este trabajo, la redacción de Pequeñas Noticias buscó todas las disposiciones que emitió Bouza en los boletines oficiales que se publicaron entre el 1º de enero de 2016 y el 29 de mayo de 2018.

En detalle

En un análisis más pormenorizado, las disposiciones que emitió sobre temas de incumbencia de la repartición que dirige fueron tres: con una ordenó la afectación de varias personas a la estructura interna de Defensa del Consumidor, con otra designó tres miembros de la comisión asesora de selección de proyectos vinculados a la Defensa del Consumidor y con la última inscribió una entidad en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires.

Las 20 disposiciones que versaron sobre temas administrativos se ocuparon de temas presupuestarios, movilidad y caja chica (13 disposiciones), autorizaciones de pago (2 disposiciones) y relacionadas con la remodelación de las oficinas (2 disposiciones).

De las 9 relacionadas con el RPA y la propiedad horizontal, tres estaban relacionadas con los cursos de renovación o de primera vez que son obligatorios para inscribirse en el RPA o presentar las declaraciones juradas (DDJJ) y con otra designó a Santiago Alberto Trezza Silva como Responsable del Registro Público de Administradores de Consorcios.

Las cinco restantes fueron por todos conocidas: dejó sin efecto la Disposición 415-DGDyPC-2011 y dio de baja el Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes, e Instaladores de instalaciones fijas contra incendio; prorrogó en 60 días lo relacionado con los libros conexos con la Disposición 415; en octubre de 2016 aprobó el manual de procedimiento para realizar las DDJJ en línea y este año derogó dos ordenadas por la gestión anterior: el Certificado de Edificio Seguro y el Libro de Datos a partir de 2019 Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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