Defensa del Consumidor resolvió sólo el 10% de las denuncias

[BPN-14/05/19] La Auditoría General de la CABA (AGCBA) informó que durante el 2016 la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) resolvió sólo el 10% de las denuncias que ingresaron ese año, observó inconsistencias en el registro de cantidad de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores.

Ya en detalle la AGCBA explicó en el árido lenguaje burocrático que en el área jurídica faltan abogados, que resuelven sólo el 10% de las denuncias recibidas y que de no ampliarse la planta de profesionales se acumularán cada vez más denuncias sin resolver. Textualmente denunció: "Se verifica una sobrecarga operativa en el área jurídica con una capacidad de resolución de denuncias en el mismo año de su ingreso del orden del 10%. A este cuadro cuantificado [...] debe sumársele la dinámica acumulativa del fenómeno con el paso del tiempo debido al consecutivo crecimiento anual que se viene produciendo en el volumen de expedientes (denuncias) asignados al cuerpo de abogados. En efecto: el crecimiento del número de asignaciones de casos por abogado, de no ser acompañado proporcionalmente con la ampliación de su planta de abogados o de recursos que permitan reducir los tiempos de resolución de cada denuncia, conlleva a la acumulación progresiva de denuncias pendiente de resolución".

Con respecto al cuerpo de inspectores señaló: "Dada la importancia de las operaciones que lleva a cabo esta gerencia, fundamentalmente a través de su cuerpo de inspectores, debe considerarse insuficiente la cantidad de recursos humanos disponibles. Los indicadores desarrollados en la materia abonan la identificación crítica del área".

El 4 de diciembre de 2008, la Legislatura porteña creó el "Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" mediante la sanción de la Ley 2.963 ^[3]. El artículo 24º pone en cabeza de Defensa y Protección del Consumidor la reglamentación de esta ley cosa que al día de hoy, luego de once años, no pasó. Es más, el 9 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 810 se crea "la Coordinación del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una retribución equivalente al 95% de la retribución bruta de nivel Director General" y se nombra a la Dra. Aída El Habr como su primera coordinadora.

Para la Auditoría General de la CABA estos hechos no pasaron inadvertidos y puntualizó: "Se incumple con el Art. 24º de la Ley 2963/2008 y el Decreto 810/2009, ya que a la fecha no se ha implementado el Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo el rubro "Control interno. Registración de datos e información", la AGCBA informó "que se observan debilidades en el sistema interno de información. Esto se evidencia a través de diferencias en los siguientes registros" y nombra dos registros vitales para la comunidad consorcial: Cantidad de denuncias y clasificación de denuncias por subrubro. Este año, la redacción de Pequeñas Noticias señaló diferencias en la información oficial proporcionada en el total de administradores registrados. Entre dos informaciones oficiales hubo dos mil administradores de diferencia y lo más insólito es que 30 administradores figuran inscriptos en el Registro Público de Administradores cuatro meses antes de la sanción de la Ley 941 ^[5].

Otros registros que adolecen de "debilidades" son: el de empresas adheridas al sistema de notificación electrónica, el de planta de personal, las estadísticas sobre controles de publicidad, las estadísticas sobre Control de ofertas y compras a través de medios electrónicos.

Detectaron también inconsistencias de datos en materia de educación para el consumo.

Por otra parte la AGCBA "encontró" ocho empleados contratados que no figuraban en el listado de personal. Surgió de un cruce de información provista por la misma repartición auditada. Textualmente detalló: "El registro de agentes con contratos de locación no registrados en listados de personal: del cruce de información provista por el auditado surge la existencia de 8 agentes en condición de contratados que no fueron reportados en los listados de personal de la DGDyPC".

El 18 de enero de ese año, Horacio Rodríguez Larreta había nombrado a Vilma Bouza directora general de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA mediante el Decreto 83 (BO: 21/01/2016). Ella reemplazó en el cargo al comisario general Edgardo Aoun quien a fines de 2015 había sido nombrado en principio director de "Crimen Organizado" de la Agencia Federal de Investigaciones (exSIDE) ^[1] aunque durante el segundo semestre de ese año fue trasladado a otra sección: "Avanzada Presidencial" ^[2].

Durante el período auditado, la coordinadora del Registro Público de Administradores era Gabriela Pilar Saldivia, exadministradora, excandidata a la presidencia de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y hoy secretaria general del Sindicato de Empleados de Administradoras de la RA (SEARA). Saldivia había sido nombrada en ese puesto el 8 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 801/09 firmado por Mauricio Macri y renunció el 16 de febrero de 2017.

En diciembre del año anterior la Legislatura porteña había sancionado la Ley Muñoz –Ley 5.464- que le transfería el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal que sería manejado mayoritariamente por el SUTERH ^[6] y entidades a fines ^[7] y en julio de ese mismo año la misma Legislatura la derogó ^[8].

El 13 de marzo pasado, la AGC emitió el informe sobre la auditoría que se le realizó a la DGDyPC sobre su gestión durante el 2016. El proyecto llevó el número 5.17.09.

El presidente de la AGCBA es la Lic. Cecilia Segura Rattagan y sus auditores generales son: la Cra. Mariela Coletta, el Ing. Facundo Del Gaiso, el Dr. Jorge Garayalde, la Lic. María Raquel Herrero, el Cr. Vicente Rodríguez y el Lic. Hugo Vasques

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[1] BigBang! [news} del 5/03/2017: "Denuncian que la AFI quiere infiltrarse entre los curas amigos de Viroche".

[2] La Nación del 05/09/16: "Una guerra de espías que desafía al Gobierno".

[3] Ley 2.963 (CABA).

[4] Decreto 810/2009 (CABA)

[5] BPN Nº 652 del 14/03/19: "Los números del RPA no terminan de cerrar".

[7] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que llevó el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado por la Defensoría del Pueblo de la CABA, defensor de los inquilinos donde se desempeña hasta el día de hoy.