Prosperaron sólo el 36% de las denuncias de 2018

[BPN-12/07/19] Durante el año 2018, los consorcistas porteños presentaron 1.314 denuncias contra administradores de consorcios ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA. Prosperaron sólo el 36% de esas denuncias, o sea que de esas denuncias se firmaron 478 disposiciones sancionatorias. Sin embargo -ya a mediados de 2019- de esas sanciones firmadas sólo se publicaron 15 (3,14%) en el Boletín Oficial. En resumen, de cada 1.000 denuncias –al día de hoy- sólo se sancionan 11,4 administradores.

Es de suponer que –si todo sigue igual- hasta fin de año la cantidad de disposiciones sancionatorias publicadas en el Boletín Oficial se duplicará. En ese caso se habrán publicado 30 disposiciones y de cada 1.000 denuncias casi 23 se concretarán en sanciones publicadas en el Boletín Oficial.

Las preguntas son: ¿qué pasó con las 836 denuncias que no se concretaron en una sanción y qué pasó con las 463 disposiciones sancionatorias que no se publicaron en el Boletín Oficial? ¿Todas fueron apeladas y desestimadas por la justicia? ¿Por qué el porcentaje que se concreta desde la denuncia hasta la sanción publicada es tan bajo? ¿Qué es lo que se hace mal o no se hace?

Este año se pudo constatar que desde que se firmó una disposición sancionatoria hasta que se publicó en el Boletín Oficial transcurrieron un año, cuatro meses y 15 días. El año pasado ese tiempo fue bastante inferior, se demoraron 11 meses y 23 días, una diferencia de cuatro meses y 21 días.

En 2016 pasó algo parecido, las 1.050 denuncias que presentaron los vecinos se tradujeron en 432 disposiciones sancionatorias de las cuales sólo 27 se publicaron en el Boletín Oficial. O sea que 618 denuncias no procedieron y -más tarde- 405 disposiciones sancionatorias no se concretaron en su publicación en el Boletín Oficial ^[1].

Ya la Auditoría General de la CABA (AGCBA) había informado que durante el 2016 la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) resolvió sólo el 10% de las denuncias que ingresaron ese año por todo concepto. Observó también inconsistencias en el registro de cantidad de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores.

El informe fue emitido el 13 de marzo pasado y ese proyecto llevó el número 5.17.09 ^[2]

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