También se habría excluido a otros tres administradores

Dos de estas disposiciones fueron de 2019: la 6.144 del 19 de junio y la 6.628 del 1º de julio. La primera de ellas fue la que quedó firme y en ambas se agregaron también multas. La Disposición 6.144 sumó a la exclusión una multa de 84.180 pesos y la Disposición 6.628 una de 39.284 pesos. Esta última fue recurrida ante la justicia y en el Boletín Oficial no consta que el mandatario excluido hubiera tenido sanciones previas a este caso puntual.

De las sanciones del 2020, la DGDyPC sólo informó sus números y se desconocen sus fechas: fueron las disposiciones 1.028 y la 2.444.

El pasado 11 de marzo, Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana, afirmó que excluyó del Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA a seis mandatarios. Esta pena contra un mandatario que ejerce en la CABA está contemplada por el inciso d) del artículo 16º de la Ley 941, es la máxima que se puede aplicar por infracciones a esa ley y su efecto se mantiene durante cinco años desde que la sanción queda firme.

Esta afirmación se la realizó a Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, en el marco de la reunión de vecinos que realizó el funcionario en la Universidad de Belgrano para informar sobre las mejoras que está realizando el Gobierno de la CABA en esa comuna. En la reunión estuvo presente Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) porteño y responsable directa del RPA.

Nueve días después Zulberti pidió –por intermedio de la herramienta Acceso a la Información Pública que permite la Ley 104- que informe los números de disposiciones sancionatorios y las fechas de aquellos que fueron excluidos. Su pedido recibió el número 00215716/20 y el 1º de abril recibió la respuesta aunque la DGDyPC no informó las fechas.

Todo comenzó durante esa reunión que Facundo Carrillo y Vilma Bouza mantuvieron con los vecinos, Andrés Zulberti preguntó a esta última qué pasó con las 1.300 denuncias contra administradores que no se concretaron en una disposición sancionatoria durante el 2019 ^[1].

Bouza le respondió que la gran mayoría se resolvieron en una audiencia conciliatoria.

Zulberti retrucó a la funcionaria que la infracción se cometió contra una ley de la CABA y no contra un consorcista o consorcio en particular por lo que no se podrían conciliar y puso como ejemplo el caso de un conductor que violenta un semáforo en rojo.

En ese momento intervino Carillo y –cambiando de tema- retrucó que las sanciones no tenían fin recaudatorio sino correctivo e informó que había excluido del registro a seis administradores.

Zulberti –que por el ruido en la sala no escuchó bien- repreguntó si fueron tres a lo que Carillo le reiteró que fueron seis.

Ante esta novedad, Zulberti le señaló que esas disposiciones no se habían publicado en el Boletín Oficial a lo que Carrillo prometió enviárselas.

Luego de varias llamadas a DyPC para conseguir esas disposiciones y pasada una semana, el 19 de marzo realizó un pedido de información público formal