Cada multa que dispone el RPA costaría más que lo que recauda

[BPN-15/08/20] El año pasado, cada disposición sancionatoria contra un administrador porteño que ordenó la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) significó una pérdida económica para el Estado local de 12.400 pesos.

Según cálculos realizados sobre datos oficiales, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño habría gastado el año pasado casi 26,5 millones de pesos mientras que "pretende" recaudar mediante las multas a los administradores poco más de 20 millones de pesos. Se aclara que se dice "pretende recaudar" porque de los números que este medio viene estudiando y publicando durante los últimos años surge que en una gran cantidad de casos las sanciones no prosperan.

Es de destacar que a estos números habría que sumar el costo de las horas/hombre que se invierten en cada expediente por otras áreas del Gobierno local hasta que finalmente culmina en una disposición sancionatoria.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por José Luis Lobisch, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Es imposible saber cuánto cuesta al contribuyente porteño el Registro Público de Administradores porteño. Cuando Pequeñas Noticias le solicitó formalmente a Defensa y Protección del Consumidor porteño informar cuál fue el presupuesto del RPA durante el 2019 se le respondió: "El Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal es un área dentro de la estructura de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, siendo por ello que el presupuesto de dicho sector no se encuentra discriminado específicamente sino que se desprende del establecido al Organismo".

Sin embargo ese monto se puede estimar con una razonable precisión.

Defensa y Protección del Consumidor tiene 197 "agentes" o funcionarios. De esa cantidad 59 son profesionales. O sea que el 29,9% de la plantilla de personal es profesional. Del total de personal 38 (24%) cumplen funciones en las comunas.

En el RPA hay en total 39 funcionarios de los cuales 22 son profesionales. En este caso el porcentaje de profesionales sube a más de la mitad, exactamente el 56,4%. En las comunas cumplen funciones 12 agentes lo que representa el 44% del total de personal asignado al RPA.

Si en 2019 no se hicieron inversiones importantes en refacciones es de suponer que los gastos mayoritarios del presupuesto de DyPC y del RPA son en personal y servicios los que –por compartir sede- deberían ser proporcionales.

La cantidad de funcionarios que hay en el RPA es el 20% del total de funcionarios de Defensa del Consumidor.

Por lo tanto si durante el 2019 DyPC gastó 133.603.935 pesos con 197 funcionarios, entendemos que el Registro Público de Administradores con el 20% de ese personal debe haber gastado aproximadamente 26 millones de pesos (26.449.510).

Hay que destacar que nos vemos obligados a hacer estos estimados porque el Estado local no controla cuánto gasta el Registro que creó la Ley 941 y es incapaz de informarlos a pesar de que esos montos no son despreciables para el contribuyente local.

Lo que sí sabemos con certeza –porque los funcionarios lo informaron formalmente- es que durante el 2019 se ordenaron 515 disposiciones sancionatorias contra administradores por un valor de 20 millones de pesos (20.051.062).

Hay que prestar atención que no podemos predecir, de ese total de disposiciones, cuántas se concretarán con su publicación en el Boletín Oficial.

Lo que resta es fácil, si dividimos el presupuesto estimado del RPA por la cantidad de disposiciones sancionatorias ordenadas durante el año pasado obtendremos que cada disposición le costó al contribuyente porteño 51 mil pesos (51.358).

Si tenemos en cuenta que la multa promedio del año pasado fue de 38.934 podemos afirmar que cada disposición sancionatoria representó una pérdida económica para el Estado local de 12.424 pesos.