Sin respuestas de los defensores del pueblo marplatense

[BPN-15/06/21] La presidenta de la ACoPH (Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata) todavía no obtuvo respuesta a su solicitud de impulsar la reglamentación de la ordenanza de Edificio Seguro marplatense y de la Ley 14.701 (RPA bonaerense) que le realizó a los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón. Tampoco se avanzó en la concreción del ofrecimiento que recibió de los funcionarios de trabajar en forma conjunta para resolver problemas relacionados con los consorcios.

El pasado 18 de mayo Ana María Huertas y Juliana Fernández –presidenta y secretaria de ACoPH- se reunieron con los defensores del pueblo Fernando Rizzi y Daniel Barragán para conversar sobre diferentes problemas que afectan a los edificios de propiedad horizontal marplatenses.

Entre otros les solicitaron:

1.- Que colaboren para que el Ejecutivo local reglamente la recientemente aprobada Ordenanza de "Edificio Seguro" ^[1].

2.- Que impulsen la indefinidamente postergada reglamentación de la Ley 14.701 que creó un Registro Público de Administradores en la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2013 [2].

Por último, acordaron con los defensores "coordinar acciones en conjunto que brinden respuestas a las problemáticas que se suscitan" en propiedad horizontal, ya sea asesoramiento como temas netamente municipales.

La renuencia del Ejecutivo marplatense a reglamentar la ordenanza de Edificio Seguro obligó a su autora, la concejala María Virginia Sívori (Frente de Todos), a iniciar una campaña de difusión tanto en los medios locales como en las redes sociales.

La ordenanza le impone al Ejecutivo local crear un programa llamado "Edificio seguro" cuyo objetivo será examinar de manera automática la vigencia de controles, revisiones e informes técnicos relacionados con la seguridad edilicia de inmuebles residenciales multifamiliares (consorcios de propietarios), educativos, hoteles, comercios, industrias y de todo aquel que requiera mantenimiento periódico y control municipal.

En otras palabras, la Municipalidad de General Pueyrredón deberá desarrollar un software que envíe alertas y comunicados al municipio, propietarios y administradores sobre cada uno de los vencimientos de los informes técnicos -o revisiones de instalaciones- a los que están sometidos actualmente los edificios, incluidos los consorcios de propietarios.

La ordenanza no creará controles nuevos sino que hará más eficiente el seguimiento del cumplimiento de los ya existente.

Guillermo Montenegro es intendente de General Pueyrredón desde el 2019. Anteriormente fue ministro de Justicia y Seguridad de la CABA desde 2007 hasta 2015 durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño