"Los consorcios deben ser excluidos de los aportes patronales"

[BPN-15/01/20] El pasado 13 de enero, CASIPH (Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal) repudió que no se haya sumado a los consorcios a la exclusión en los aportes patronales que se concedió a las PyMEs sobre el aumento salarial que otorgó el decreto presidencial 14/2020 de tres mil pesos mensuales para enero y que aumentará a cuatro mil pesos a partir de febrero.

Expresaron que sienten "una profunda preocupación por la indolencia demostrada por los funcionarios a nivel local y nacional por la realidad que sufren los consorcios", y agregaron que "distintos referentes del sector vienen alertando respecto de la creciente morosidad y el impacto en la expensas de cualquier aumento de este tipo que salpica en cascada a propietarios, inquilinos y constructores".

Especialmente le dedicaron un par de párrafos a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta sobre este tema: "El Gobierno de la CABA que parecía mostrar una genuina preocupación por los costos de las expensas y la transparencia no movió un dedo para proteger los intereses de la gran mayoría de los porteños", y explicaron: "Queda al desnudo que los cómicos planes de bajar un 20% las expensas, de monopolizar las bases de datos de los ‘consorcios participativos’ eran solo burdos trucos electorales".

CASIPH llamó al Ministerio de Trabajo a la urgente modificación del decreto 14/2020 e incluir a los consorcios en el beneficio de la excención de las cargas sociales y a "las instituciones que representan verdaderamente a la propiedad horizontal" a que se manifiesten en su defensa. "La comunidad consorcial necesita conocer su opinión y saber a quiénes están defendiendo", aclararon.

Así lo hicieron saber mediante un comunicado firmado por la comisión directiva de la entidad.

Para entender a qué se refieren las autoridades de CASIPH cuando hablan de la reducción de un 20% en las expensas y mencionan los "consorcios participativos" hay que recordar que Rodríguez Larreta el 27 de enero de 2018 había anunciado 14 medidas para bajar las expensas en ese porcentaje. De ese total cuatro eran resoluciones y disposiciones que se ordenaron bajo el mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la CABA y de las cuales dos de ellas fueron impuestas por Juan Manuel Gallo durante su gestión como director general de Defensa y Protección de Consumidor porteño ^[1]. O sea que Larreta estaba tratando de enmendar errores producidos durante su gestión como jefe de Gabinete de Ministros.

El plan fue un fracaso, el Gobierno porteño no eliminó ninguna de las costosas obleas que había impuesto para –entre otros- ascensores, instalaciones fijas y calderas. Lo que hizo fue poner en cabeza de los consorcios la responsabilidad de la periodicidad de servicios tales como como desinfección y limpieza de tanques de agua, eliminar algunos controles como el Certificado de Edificio Seguro y estirar los plazos de controles como los que se deben efectuar en el marco de la Ley 257 de fachadas y balcones.

A pesar de todo esto en 2018 las expensas -según datos oficiales del mismo Gobierno de la CABA- subieron casi un 43% mientras que el IPC medido por el INDEC puso la inflación general del país en el 47,6%. Una diferencia de 4,62 puntos porcentuales muy lejano a aquel 20% prometido que, por otra parte, nunca quedó demostrado que se debió a las medidas de Rodríguez Larreta.

El proyecto de bajar las expensas un 20% plan acompañó una iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo local para que se apruebe una reforma a la Ley 941 que obligara a los administradores de consorcios a liquidar obligatoriamente las expensas en una plataforma oficial llamada "Consorcio Participativo". De esta forma el Gobierno porteño concentraría en sus servidores los datos comerciales, laborales y privados de propietarios e inquilinos. La iniciativa fue de autoría de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana y presentada en la Legislatura local por Rodríguez Larreta.

El proyecto se aprobó el 28 de junio de 2018 y a los rechazos por parte de copropietarios, administradores y empresas informáticas que brindan ese servicio -que el Estado local pretende hacer desaparecer- se le fueron sumando otros, algunos de los cuales se plasmaron en demandas judiciales de las cuales la mayoría esperan sentencia definitiva.

Al día de hoy las expensas nunca bajaron y la Ley Carrillo (Ley 5983) no fue reglamentada

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[1] BPN Nº 625 del 08/02/18: "Se dará marcha atrás con cuatro resoluciones de Macri".