Ya se pactó otro aumento del 13% para el sector

[BPN-26/07/18] El pasado 17 de julio, la FATERyH ^[1], la CAPHyAI ^[2], el AIERH ^[3] y la UADI ^[4] acordaron un incremento salarial del 13% desde agosto hasta febrero del año que viene para los trabajadores de los consorcios. Este porcentaje se suma a los ya otorgados en abril de este año. Los aumentos se darán en cuatro tramos: un 4% en agosto, un 3% en noviembre; otro 3% en enero del año que viene y un último 3% en febrero. El 4% de agosto se suma al 4% ya pactado anteriormente y a los 2 mil pesos no remunerativos, o sea que ese mes el aumento será del 8%.

Analizando las planillas salariales presentadas para su homologación se puede observar que todos los cálculos porcentuales se hicieron sobre la escala salarial de abril de este año. Comparando promedios anuales, el aumento total de este año será de un 27,66% con respecto al año pasado.

Se destaca que las partes acordaron pasar la "revisión" -cláusula gatillo- de septiembre de este año –tal cual estaba estipulado en el acuerdo anterior- a febrero del año que viene. Sin embargo subrayaron que al mes siguiente –marzo- se tratará un nuevo acuerdo.

La solicitud de homologación fue presentada al Ministerio de Trabajo bajo el número expediente 1.787.983/18 y el Ministerio al día de hoy todavía no se expidió.

Según el acta acuerdo, la FATERyH, la UADI, la CAPHyAI y el AIERH se reunieron el pasado 17 de julio a las 15 hs. en la sede del SERACARH ^[5] y "que conforme [al] acuerdo homologado concerniente a las condiciones salariales del CCT 589/10 (TO 2016), y vista la situación de desfasaje producida, es que las mismas convienen reajustar lo pactado en el acuerdo referido. El acuerdo aludido es el firmado el pasado 19 de marzo y homologado el 21 de marzo bajo el número 126/2018.

Ese día y a esa misma hora [¿...?] comparecen ante el Ministerio de Trabajo los mismos actores representando a las mismas entidades a las que se agrega Gustavo Cane, tesorero de APH (Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal).

El Dr. Horacio Pitrau, secretario de Trabajo, asistido por la Dra. Micaela Cimarelli, declaró abierto el acto.

El primero en tomar la palabra es Cane que –según consta en el acta del ministerio- manifestó "que se opone a la necesidad de pactar una nueva recomposición salarial para el corriente".

Sin embargo, a continuación la FATERyH y las tres entidades de administradores manifestaron que llegaron a un acuerdo y pidieron su homologación. Como es sabido, si de cuatro entidades que representan al sector empleador una se opone, se impone la voluntad de la mayoría.

El funcionario anunció que el acuerdo "será sometido al control de legalidad previsto en la Ley Nº 14.250 (Ley de Convenios Colectivos de Trabajo).

El acto se cerró a las 15:45 hs.

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[1] FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[4] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

Aunque los consorcios no quieran

[BPN-26/07/18] Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, estableció que el administrador debe dar de alta a los copropietarios en la plataforma web oficial Consorcio Participativo aún si los vecinos o el consorcio le dan la orden expresa de no hacerlo. Por otra parte aclaró que la implementación comenzará en enero y en dos años –o sea para mediados de 2020- la aplicación estará terminada.

Bouza realizó estas declaraciones el pasado 17 de julio, durante una entrevista que se le realizó en el programa Reunión de Consorcios TV que se emite por el canal de cable Metro.

La entrevista a Bouza se realizó durante el segundo bloque del programa. Luego de las preguntas generales de rigor intervino uno de los panelistas, el Dr. Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y director del Instituto de la Propiedad Horizontal de esa entidad, quien apuntó con sus preguntas a dos temas centrales: en primer término la concentración en la plataforma oficial de datos privados del consorcio, los copropietarios e inquilinos a los que calificó de "cuasi sensibles". En segundo lugar se concentró en obtener una definición exacta del argumento usado por el oficialismo que definía que el uso de la plataforma es "obligatorio para el administrador pero optativo para el consorcista". Awad fue llevando a Bouza pregunta tras pregunta hasta que ella reconoció que aunque el propietario le diga al administrador "no ingrese este consorcio a la plataforma", el administrador tiene la obligación de hacerlo porque hay una ley que establece que tiene que darlo de alta.

Otra panelista, Judit Salmón, abogada y administradora, más avanzada la entrevista, intervino con ironía para señalar que "hay que apuntar a la parte literaria de esto" aludiendo a los argumentos de la funcionaria y, ya más seria, coincidió con la postura de Awad: De los dichos de Bouza el obligado no es el administrador, el obligado es el consorcio.

El conductor del programa, Damián Rojo, desde su desconocimiento, preguntó en qué perjudica a los consorcistas que el Gobierno concentre los datos privados de los consorcios. Awad le explicó someramente la importancia de esos datos a los que denominó "cuasi sensibles" y el riego de que estén concentrados en manos del Gobierno. Vilma Bouza intervino para negar que los datos ingresados para realizar cada liquidación de expensas en la Ciudad los vaya a "tener" el Gobierno de la CABA y argumentó que los tendrán los vecinos a lo que Awad le reiteró con firmeza que si fueron ingresados a la plataforma web oficial estarán a disposición del Gobierno porteño.

Por último Daniel Zampone, un panelista que es martillero público, le preguntó a la funcionaria si "esto también pasaría a provincia" a lo que contestó: "Todavía no lo pensamos. Vamos a ver cómo nos va en la Ciudad -que yo creo que muy bien- pero puede ser que la provincia copie también el modelo. ¡Ojalá!" 

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La gestión de Rodríguez Larreta llegó a un 50,1% de desaprobación

[BPN-26/07/18] El mismo mes en que la Legislatura aprobó la Ley Carrillo (Ley 5.983) ^[1], la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño había llegado a su punto máximo de desaprobación de los últimos dos años y medio: el 50,1%. Ese mes un escaso 12,2% aprobó gran parte de la gestión del Gobierno local y un 26.8 sólo algunas cosas. Aún sumando a quienes "Aprueban gran parte" con los que "Aprueban algunas cosas" de los que se hace se obtiene que un 39% que es insuficiente frente a la mitad que desaprueba su actuación. Así lo informó Grupo de Opinión Pública (GOP).

Estos números son importantes porque aproximadamente dos tercios de los votos que necesita un candidato para llegar a la Jefatura de Gobierno salen de las filas de los consorcistas y, aparentemente en esta sintonía, desde enero de este año, el Ejecutivo porteño realizó una intensiva campaña anunciando que bajaría las expensas un 20% ^[2]. Para poner esta promesa en contexto y teniendo en cuenta que la mitad de los gastos son por sueldos, aportes y contribuciones, para bajar las expensas un 20% hay que reducir gastos en un 40% ^[3]. El Ejecutivo ya no menciona el éxito o el fracaso de su iniciativa pero el pasado 25 de julio la Nación afirmó sobre datos proporcionados por AIPH ^[4] que "por la inflación, casi uno de cada tres departamentos se atrasa en el pago de expensas" ^[5].

La campaña de Rodríguez Larreta comenzó el 27 de enero de este año y contemplaba 14 medidas concretas que según sostenía bajarían las expensas. En ese momento, el jefe de Gobierno tenía un índice de desaprobación del 45,2%, el más alto desde enero de 2016, y sólo el 15,3% aprobaba gran parte de su gestión.

La apuesta que realizó el Gobierno fue fuerte: el encargado de la campaña fue Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana con el apoyo personal de Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros, quien lo acompañó en las numerosas reuniones que realizaron en las comunas porteñas.

Los resultados no se hicieron esperar, en febrero la desaprobación bajó 5 puntos y se situó 40,2%. A medida que avanzaba con las reuniones el índice bajaba y en marzo -en esta oportunidad bastante menos- quedó en un 38,5%. En abril vuelve a descender –aunque desacelerando- otro 1,2% y se posiciona en un 37,2%.

En mayo las expensas no sólo no habían bajado sino que habían aumentado por numerosos motivos y la polémica sobre la plataforma web oficial Consorcio Participativo crecía ante la inminencia de su aprobación en la Legislatura. En ese contexto el grupo "desaprueba" sube un 9,6% y se ubica más alto que en el punto de partida de enero: 46,9% y al mes siguiente vuelve a subir llegando su máximo histórico: el 50,1%.

Mientras tanto el grupo de "Aprueba gran parte" que arrancó en enero de este año con un 15,3% sube más de seis puntos y llega al 21,5% que resultó ser el más alto del semestre. Luego va bajando mes a mes, con un repunte en mayo, para descender definitivamente a un 12,2% en junio. Por último, como ya se dijo, en enero este grupo midió 15,3%, en febrero subió al 21,5%, en marzo bajó al 18,3%, en abril volvió a bajar al 12,8%, en mayo repuntó llegando al 16,3% para bajar un 12,2% en junio.

En 2016 "Aprueba gran parte" arrancó en su punto más bajo con un promedio de un 19,4% anual y 2017 subió seis puntos llegando a un 25,6% para descender a un promedio del 16,1% durante el primer semestre del 2018.

Este fue el grupo más estable aunque año tras año fue descendiendo levemente: arrancó con un promedio de 30,6% durante el 2016, bajó levemente a un 30,6 en 2017 y en 2018 llegó a un 29,3%. En junio de 2018 se ubicó por debajo del promedio del primer semestre con un 26,8%. Este valor es el más bajo de los dos años y medio.

El grupo que desaprueba la gestión de Rodríguez Larreta fue el dominante de los tres. En promedios anuales, en 2016 el 35,8% desaprobó la gestión del Gobierno porteño, en 2017 ese grupo se mantuvo estable y bajó levemente llegando al 35,7%. Finalmente durante el primer semestre de 2018 promedió un 43% finalizando en junio con un 50,1% de desaprobación.

El estudio abarcó desde enero de 2016 hasta junio de 2018. En 2016 y 2017 se realizaron tres mediciones por año y en 2018, una por mes. En promedios anuales, el índice de desaprobación de la gestión de Rodríguez Larreta estuvo en el 35,8% y al año siguiente se mantuvo con un 35,7%. En ninguno de esos dos años el porcentaje de "Aprueba gran parte" y de "Aprueba algunas cosas" superó el "Desaprueba".

Es una consultora privada que se presenta en su sitio web institucional como un equipo de profesionales de amplia experiencia en el campo social y político que ha asesorado a casi todas las figuras del escenario nacional de las últimas décadas y que se ha reunido para ofrecer un servicio integral de análisis y estudio, de características novedosas en el país.

Entre las tareas que realizan se encuentra el desarrollo mensual de un estudio sistemático de expectativas y humor social y el análisis detallados de estudios con abordajes políticos, institucionales, sociales, psicológicos, económicos y culturales 

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[1] BPN Nº 635 del 12/07/18: "El Proyecto Carrillo se convirtió en la Ley 5.983".

[2] BPN Nº 625 del 8/02/18: "Se dará marcha atrás con cuatro resoluciones de Macri".

[3] BPN Nº 629 del 12/04/18: "Para bajar un 20 hay que ahorrar un 40 por el Sr. Juan Mauricio Araujo".

[4] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

Quieren que la limpieza del tanque de agua sea una vez por año

[BPN-26/07/18] El pasado 11 de julio, el Ejecutivo porteño presentó en la Legislatura un proyecto de ley que obligará a los consorcios a limpiar y desinfectar los tanques de agua de los consorcios una vez por año y a realizar un análisis bacteriológico y físico químico del agua seis meses después. Actualmente está vigente la Ordenanza 45.593 que establece que la limpieza y desinfección de los tanques de agua se haga cada seis meses.

El proyecto de ley que consta de 7 artículos de los cuales uno es de forma, se encuentra en la Comisión de Legislación General.

El artículo 2º de la iniciativa presentada por Horacio Rodríguez Larreta en su carácter de jefe de Gobierno porteño pone es cabeza del consorcio y su administrador las siguientes obligaciones:

"a) Limpiar y desinfectar los tanques de almacenamiento de agua potable destinada al consumo humano al menos una vez al año, conforme la normativa vigente y aplicable a la materia, procurando el cuidado y uso racional del agua.

"b) Controlar y revisar en forma periódica las instalaciones, a fin de conservar, mantener y asegurar la hermeticidad del agua, garantizando las condiciones necesarias para su consumo.

"c) Efectuar un análisis bacteriológico y físico — químico del agua destinada al consumo humano, que se encuentra en los tanques. Dichos análisis deberán realizarse a los seis (6) meses de la limpieza y desinfección anual obligatoria. La Autoridad de Aplicación establecerá el/los profesional/es autorizados para efectuar y evaluar los análisis.

"d) En el supuesto que del resultado de los análisis surja que la calidad del agua potable para consumo humano no se ajuste a los estándares establecidos por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), o del organismo que en su futuro lo reemplace, se deberá cumplir nuevamente con lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo".

La iniciativa contempla un drástico aumento de las sanciones por el incumplimiento de esta obligación. Para ello en el artículo 3º propone modificar el artículo 1.2.3 del Régimen de Faltas de la CABA (Ley 541) que hoy establece una multa que va desde las 50 hasta las 1.350 unidades fijas y aumentarlas a un rango que arranca con un mínimo de 1.000 a un máximo de 3.500 unidades fijas. El mínimo se multiplicó 27 veces y el máximo 3 veces y media. En términos de dinero, la multa mínima será –de aprobarse- de 13 mil pesos y la máxima de 45.500 pesos.

El artículo 3º de la iniciativa del Gobierno reza textualmente: "Modifíquese el artículo 1.2.3 del Capítulo II "Higiene y Sanidad", Libro II "De las faltas en particular, Sección 1°, del Anexo A de la Ley N° 451 que aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 5.666), el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘El consorcio de propietarios y/o administrador que omita cumplir con la limpieza y desinfección de los tanques de agua destinados al consumo humano, el mantenimiento y conservación de los mismos y sus instalaciones y/o no realizara el análisis bacteriológico y físico químico conforme lo previsto en las normas correspondientes, es sancionado/a con multa de un mil (1.000) a tres mil quinientas (3.500) unidades fijas’.

Actualmente ese mismo artículo establece: "El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o lave los tanques de agua destinados al consumo humano, conforme lo previsto en las normas correspondientes, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o clausura del establecimiento".

Para un edificio de 20 unidades, una limpieza de tanques cuesta a grandes rasgos y en promedio unos 7 mil pesos. O sea que hoy en día ese edificio paga por año cerca de 14 mil pesos por una limpieza semestral.

De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo porteño el edificio pasará a pagar 7 mil pesos por la limpieza de tanques ^[1] A eso hay que sumarle cerca de mil pesos por el análisis bacteriológico y otros mil por el análisis físico químico que se debe hacer a los seis meses de la limpieza. O sea que en el año gastará nueve mil pesos. Esto terminará representando un ahorro de 11 mil pesos por año, lo que se traduce en 917 pesos por mes o 46 pesos por unidad funcional ^[2] 

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[1] Fuente: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

Ahora la desinfección será responsabilidad de los consorcios

[BPN-26/07/18] El pasado 13 de julio, Juan Filgueira Risso, presidente de la Agencia De Protección Ambiental (APRA) porteña estableció que la desinfección y desinfestación de los espacios comunes y unidades funcionales de los edificios es responsabilidad del consorcio a través de su administrador y dejó la periodicidad a criterio de la asamblea de copropietarios.

Textualmente el artículo 1º de la Resolución 245/APRA ordena: "Establécese como responsabilidad del consorcio, a través de su administrador, la desinfección y/o desinfestación de los espacios comunes y unidades funcionales de los inmuebles sujetos al régimen de la Propiedad Horizontal, quedando la periodicidad sujeta a determinación de la asamblea de consorcistas y copropietarios".

Cada fumigación, en un edificio de unas 20 unidades sale entre 1.800 y 2.000 pesos por mes y el Gobierno de la CABA estimó que el ahorro emergente de realizar sólo dos fumigaciones por año representará un ahorro de unos 20 mil pesos anuales. Sin embargo, en diálogo con Pequeñas Noticias, el Adm. Matías Ruiz, presidente de AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal) alertó que si bien la Resolución 245/APRA, a primera vista, parece que exime a los consorcios de realizar las desinfecciones mensuales en realidad se pone en cabeza del consorcio la responsabilidad de contratar una empresa y de la asamblea de copropietarios el de determinar la periodicidad con todas las consecuencias que ello conlleva. O sea, no lo exime de la obligación, delega en el consorcio la decisión –y sus consecuencias- de determinar la periodicidad más conveniente para "garantizar que siempre se encuentre limpio y conforme a las normativas de salubridad pública".

Es de destacar que el artículo 3º de la resolución de Protección Ambiental aplica severas multas por incumplimientos: "La inobservancia de la responsabilidad determinada en el artículo 1° será considerada falta grave y pasible de sanciones administrativas, siendo de aplicación el artículo 1.3.22 de la Ley 451, en caso de corresponder, al consorcio, representantes y/o administradores del consorcio de propiedad horizontal".

El artículo 1.3.22 del "Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires" (Ley 451) establece taxativamente: "El titular o responsable de un establecimiento o inmueble en el que se comprobare la existencia de roedores y no realice las tareas de desinfecciones y desratización periódicas, es sancionado/a con multa de 200 a 2.000 unidades fijas. Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y la existencia de roedores se compruebe en las partes comunes, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios". Por el momento la unidad fija está fijada en 13 pesos ^[1] lo que pone las multas entre los 2.600 pesos y los 26 mil pesos.

A pesar de todo, el Estado local se reserva el derecho a intervenir de oficio con el fin de preservar la salud y salubridad pública de ser necesario y el artículo 2º ordena: "Exceptúese de lo previsto en el artículo 1°, aquellos casos en que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, con el fin de preservar la salud y salubridad pública, considere imperioso intervenir de oficio subsistiendo, no obstante, la obligación del consorcio prevista en el artículo anterior, según corresponda".

La resolución tiene 7 artículos de los cuales uno es de forma y fue publicada en el Boletín Oficial de la CABA el pasado 20 de julio.

En los considerandos el funcionario argumentó que "dependiendo de la estructura funcional de cada edificio, la época del año, humedad y temperatura, entre otros factores, se genera una variación en la proliferación de plagas y en el efecto residual de los productos aplicados, no pudiendo establecerse un criterio general y homogéneo a todos los consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y agregó a continuación: "Con el objeto de disminuir la distorsión de los servicios de desinfección y desinfestación y promover su efectividad, salvaguardando el deber de proteger la salud y el bienestar ciudadano; resulta menester brindar a los propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal la libertad con respecto a la periodicidad en la prestación del servicio, en relación a los espacios comunes y unidades funcionales".

Tal cual habíamos adelantado, Filgueira Risso no exime al consorcio de contratar el servicio de fumigación sino que pone en cabeza del consorcio la responsabilidad de "garantizar que siempre se encuentren limpios y conforme a las normativas de salubridad pública". Literalmente argumentó: "la frecuencia, que será fijada por el consorcio como responsable del edificio en función de las necesidades propias de cada lugar, deberán ser suficientes para garantizar que siempre se encuentren limpios y conforme a las normativas de salubridad pública". Lo que la Resolución le proporciona –en sus palabras- es el derecho a la libertad de elección y al control de gestión: "Se ha de tender a la búsqueda de estándares generales que garanticen el derecho a la libertad de elección y el derecho al control de la gestión por parte de los integrantes de cada consorcio, estableciendo de este modo diferentes alternativas a los vecinos" 

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Consorcistas Unidos le mandará una carta a Macri

[BPN-26/07/18] En los próximos días, el Leg. Sergio Abrevaya (GEN) y los representantes de cinco entidades de consorcistas harán llegar a Mauricio Macri su "preocupación por el gran impacto que la suba de tarifas ha tenido en las expensas de consorcios con servicios centrales". Además solicitaron que aquellos que acceden a una tarifa social puedan extenderlo a su parte proporcional de ese gasto común. Por ejemplo, si un propietario es beneficiario de la tarifa social en el consumo eléctrico de su unidad pueda extender ese beneficio a la parte proporcional que le corresponde del consumo eléctrico del consorcio.

Anunciaron también que solicitarán una audiencia con el Ministro de Energía y Minería, Ing. Javier Iguacel, para trasladarle estas inquietudes y trabajar en pos de una solución.

El pasado 19 de julio, con este objetivo, Abrevaya y los titulares de las cinco entidades de los consorcistas, bajo el nombre de Consorcistas Unidos, convocaron a una reunión para la firma de la carta que se le enviará al presidente de la Nación en el Hotel Uno a las 14 hs.

La convocatoria de la reunión se hizo con el objetivo de "reclamar por tarifas especiales para consorcios", y agregó: "Si se tiene en cuenta que la suba de tarifas impactó fuertemente en todos los ciudadanos, debemos hacer hincapié en lo que esto significa para las multiviviendas con servicios centrales, que pagan las categorías más altas por el consumo que registran (y es imposible de controlar, justamente por ser servicios centralizados). Asimismo, quien accedió a tarifa social, por ejemplo un jubilado que percibe la mínima, paga menos por su tarifa individual pero no puede transferirla al consorcio y termina abonando onerosos servicios centrales".

Mientras tanto un matutino nacional informaba que el Gobierno nacional "preocupado por la marcha de la inflación y, en paralelo, por el cumplimiento de las metas fiscales pactadas con el FMI, prometió que las tarifas de gas y de electricidad sólo aumentarán en torno del 25% y el 30%, respectivamente, a partir de la próxima revisión de octubre" ^[1].

Para ubicar la solicitud en un marco económico y social, hay que tener en cuenta que -según los datos del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la CABA- entre 2015 y 2017 la electricidad subió un 562%, el agua 338% y el gas 223%. Estos porcentajes son muy superiores al 72% de incremento promedio que recibieron los sueldos de los trabajadores registrados del sector privado, es decir los que mejores condiciones tienen dentro del mercado laboral porque –entre otros- gozan de aportes jubilatorios, aguinaldo y vacaciones.

Gas: Por otra parte, a fines de 2017, el exministro de Energía y Minería de la Nación había explicado que "en octubre de 2016 comenzó un sendero de reducción gradual de subsidios". A comienzos de 2016 se subsidiaba a los usuarios residenciales del país cerca del 80% del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En abril se cubría el 30% y la voluntad de reducir los subsidios no decae: se espera que en octubre de 2019 se alcance el 0%, según las últimas estimaciones oficiales.

Electricidad: También es este rubro se busca reducir al mínimo los subsidios: Según datos oficiales, los subsidios al precio estacional de electricidad para los consumidores residenciales llegaba al 70% en 2016, mientras que en 2018 se estima bajará al 18% y en 2019 bajará nuevamente al 10 por ciento ^[2].

Por último, casi cuatro millones de usuarios reciben tarifa social, eso es casi uno de cada tres hogares ^[3].

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[1] Clarín del 24/07/18: "El Gobierno afirma que el gas y la luz subirán al ritmo de la inflación: entre 25 y 30%".

[2] Chequeado del 18/04/18: "Gas, luz y agua: cuánto subieron las tarifas con Cambiemos".

[3] Chequeado del 2017: "Hoy casi cuatro millones de usuarios reciben tarifa social, eso es casi uno de cada tres hogares".

Ya se promulgó la Ley Carrillo

[BPN-26/07/18] El pasado 13 de julio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta promulgó la Ley 5.983, conocida también por el nombre Ley Carrillo o Plataforma Oficial Consorcio Participativo. El Decreto lleva el número 224/18, fue publicado en el Boletín Oficial de la CABA del 17 de julio y lleva la firma de Rodríguez Larreta y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros de la CABA.

La ley se divide claramente en dos partes: En primer término, se agregaron a la Ley 941 cinco nuevas obligaciones a los administradores, a las existentes se sumaron cuatro infracciones para sancionarlos y nueva información para incluir en las expensas ^[1]. En segundo, se incorporó a la Ley 941 un capítulo especial –el sexto- dedicado a la "Aplicación de la Plataforma web oficial" con 10 artículos específicos y una cláusula transitoria ^[2].

Es de destacar que a la fecha todavía no se sabe qué hará exactamente la aplicación ni cuánto costará a los contribuyentes porteños su desarrollo y mantenimiento mensual. La "gestión administrativa del consorcio" que menciona el artículo 23 de la ley es un término muy amplio.

Es de destacar que sólo esta última parte necesita ser reglamentada, las nuevas obligaciones a los mandatarios de los consorcios y el régimen de sanciones entró en vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial

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[1] BPN Nº 635 del 12/07/18: "La Ley 5.983 realizó 33 intervenciones en la Ley 941"

Para julio, sólo el sueldo

La Resolución 126/2018, homologada el 21 de marzo de 2018, estipuló pagar un monto de $6000 no remunerativos en tres cuotas: la primera ya se abonó con el sueldo de junio, la segunda se deberá pagar con el de agosto y la última con el de octubre.

En el mes de julio cambió el importe del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de un valor mensual de $9.500 a $10.000 y por hora de $47.50 a $50, o sea un 5.26%. El valor del SMVM fue modificado por la Resolución 3-E/2017 publicado en el Boletín Oficial del 27 de junio de 2017. Si bien los valores de la escala salarial del sector de la propiedad horizontal son muy superiores, el SMVM se debe tener en cuenta para aquellos casos en que se debe realizar cálculos de embargos.

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