El buscador de administradores no funciona desde febrero

[BPN-15/12/21] Según denuncias recibidas por la redacción de Pequeñas Noticias, desde hace 6 meses y medio que el buscador de administradores empadronados en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño no funciona.

Si bien esto causa un notable perjuicio tanto a administradores como a consorcistas lo más grave es que la herramienta no alerta sobre su malfuncionamiento. Simplemente, cuando se efectúa una búsqueda, muestra un mensaje que indica que "no hay registros para el criterio solicitado". Esta respuesta hace presumir que el administrador buscado no está inscripto lo cual puede no ser verdad.

Esto trae gran cantidad de inconvenientes a los administradores que presentan carpetas para ampliar su cartera de clientes porque el primer control que realiza el consorcio –corroborar si está matriculado- arroja un resultado negativo.

Por otra parte los consorcistas que atraviesan algún conflicto con su administrador pueden llevarse la impresión errónea que, o no está matriculado, o fue expulsado del RPA.

Según denunciaron los vecinos a este medio, desde el 22 de febrero el buscador del RPA no funciona correctamente –funciona intermitentemente, dijeron- y a la base de datos sobre la que efectúa la búsqueda no se agregaban administradores nuevos. En ese momento la última inscripta fue una administradora que recibió el número 16.286. Desde esa fecha ya pasaron 9 meses y 22 días.

Ante un pedido de explicaciones del coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño respondió que "el sistema informático interno está en proceso de modernización" y prometieron que "en breve estará operativo".

El 1º de junio se pudo observar que el RPA agregó a su base de datos a un administrador nuevo, el Nº 16.287 pero a partir de ese momento dejó de funcionar totalmente hasta el día de hoy.

Todo hace suponer que los casi 400 mil dólares asignados a mejorar el sistema de Defensa del Consumidor no alcanzaron para incluir una advertencia de que el buscador no funciona ^[1].

Actualmente el Registro Público de Administradores porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

Bouza ordenó un protocolo más laxo para los consorcios

[BPN-15/12/21] El pasado 30 de noviembre la Directora General de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Vilma Bouza, aprobó un nuevo "Protocolo de recomendaciones relativo al uso y preservación de los espacios comunes de los Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Este nuevo protocolo sanitario para los lugares comunes de los consorcios que ordenó la abogada especialista en temas de consumo es más conciso y laxo que el anterior. Algunas obligaciones se convirtieron en recomendaciones y sobre todo se eliminaron requisitos para acceder a los gimnasios y las piletas de natación de los consorcios.

Los puntos básicos se mantuvieron a los que nos tiene acostumbrada la pandemia de coronavirus se mantuvieron:

1.- Mantener en condiciones de higiene y desinfección los espacios de uso común.

2.- Mantener permanentemente ventilados los ambientes cerrados que cuenten con ventanas.

3.- Mantener la higiene frecuente y adecuada de las manos sobre todo antes y después de haber tocado superficies de uso común.

3.- Mantener una distancia interpersonal de al menos 2 metros.

4.- Usar adecuadamente el tapabocas en espacios cerrados.

Entre el protocolo anterior y el vigente se pudo apreciar que en general se realizaron correcciones en la redacción y se resumieron párrafos enteros en órdenes más sencillas y generales. No se agregaron obligaciones nuevas.

A modo de ejemplo y entrando en detalle se destaca:

Se reemplazó el párrafo del punto 2.2 que decía "En forma ineludible sin excepción se deberá respetar la distancia de 2 metros como mínimo" por "Se recomienda respetar la distancia de 2 metros entre personas no convivientes".

De párrafo del punto 2.3 se reemplazó el párrafo que decía: "Como medida de protección colectiva se deberá: Los espacios de uso común deben mantenerse en condiciones de higiene y desinfección" por "Se recomienda: Mantener en condiciones de higiene y desinfección los espacios de uso común".

Se borró otro párrafo de ese mismo punto que ordenaba: "Se recomienda la apertura de puertas que produzcan la circulación cruzada de aire".

Se eliminó el párrafo destacado en mayúsculas en el original que ordenaba: "No podrán utilizarse espacios sin ventilación".

En el punto 3 se eliminaron los párrafos que ordenaban: "Espacios comunes abiertos: El uso de los espacios comunes abiertos al aire libre se encuentra permitido hasta 20 personas. Espacios comunes cerrados: El uso de los espacios comunes cerrados se encuentra permitido hasta 10 personas. Para la utilización de los mismos, se recomienda el ingreso a dichas áreas a través de un sistema de turnos manual o digital que permita a los propietarios, inquilinos y ocupantes reservar anticipadamente la permanencia en el mismo".

En su lugar se ordenó: "De los espacios comunes: Para la utilización de los espacios comunes, se recomienda a los propietarios, inquilinos y ocupantes mantener la distancia interpersonal de al menos 2 metros, el uso adecuado del tapabocas en espacios cerrados y las medidas de higiene y limpieza como opción eficaz para evitar el contagio".

En el punto 4 se eliminó el detalle de medidas que debía adoptar el consorcio para el uso de los gimnasios y las piletas de natación en los consorcios.

Subirán fuertemente las multas a los administradores

[BPN-15/12/21] El pasado 9 de diciembre subió la unidad fija con la que se determina la multa a los administradores que infringen la Ley 941 en un 59,21%. De los 28,39 pesos que estuvieron vigentes durante este año trepará a 59,21 pesos por unidad.

El aumento supera en 10,31 puntos porcentuales la inflación para el 2022 estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina. El informe de octubre del REM estimó la inflación de 2022 en un 48,90%.

El valor de la unidad fija surge del inciso h) del artículo 35º del Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 425) que reza:

Como la ley se aprobó con modificaciones "que obran en las bancas" habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial para ratificar este punto aunque todo hace pensar que las modificaciones fueron sobre otros temas.

Para tener una idea de lo que significará este aumento el año que viene, es de recordar que durante el año pasado se dispusieron 423 multas por un monto de más de 23 millones de pesos (23.339.167) a un promedio de 55.175 pesos por multa.

Según esos mismos números y según el nuevo valor de la unidad fija el total de multas hubiera ascendido a más de 37 millones de pesos (37.158.519) y el promedio de una multa hubiera sido de casi 88 mil pesos (87.845). O sea que cada multa promedio sería de unos 32 mil pesos más.

Ola de aumentos: suben las tres obleas que pagan los consorcios

[BPN-15/12/21] Desde el 1º de enero del año que viene las obleas de los ascensores sufrirán un aumento de más del 50%. Por otra parte las obleas de las instalaciones fijas contra incendio y la de las calderas se incrementarán en casi un 57%.

En el primero de los casos el aumento de la oblea superará en 1,5 puntos porcentuales el estimado de inflación anual que realizó el Banco Central para el año que viene y en el segundo en 8,05 puntos.

Así surge del ANEXO a la Ley Tarifaria (Ley 424) para el año que viene que se aprobó en la Legislatura porteña el pasado 9 de diciembre.

Este año la tarifa de esta oblea se dividió en dos semestres. Quienes la abonen durante el primer semestre deberán pagar 2.205 pesos por cada elevador instalado lo que incluye ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guarda mecánica de vehículos, rampas móviles y "artificios especiales". Durante el segundo semestre el precio sube a 2.535 pesos.

Es de recordar que durante el año pasado cada oblea costaba 1.575 pesos, unos 795 pesos menos que el costo promedio de este año.

La obligación surge del artículo 98º del anexo de la Ley Tarifaria 2022 que reza:

Teniendo en cuenta que desde 2013 el Gobierno de la CABA lleva recaudados por este concepto alrededor de 25 millones dólares (casi 600 millones de pesos), la redacción de Pequeñas Noticias se preguntó en qué consiste exactamente el servicio que se presta.

Exceptuando la inversión inicial en el programa informático que se desarrolló en su momento, la alimentación de los datos del programa la realizan los actores involucrados en forma directa: administradores, empresas conservadoras, etc.

En este caso también el valor de la oblea se desglosó en dos aunque es el mismo para los dos "servicios". Durante el primer semestre costará 2.205 pesos y durante el segundo 2.532 pesos.

El año pasado esa oblea costaba 1.510 pesos, o sea que se incrementó en promedio 860 pesos, lo que representa un aumento del 56,95%.

En este caso las obligaciones surgen de dos artículos el 159º y el 160º:

Fue multado por segunda vez el presidente de ACAPPH

[BPN-15/12/21] El pasado 23 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial una multa contra el presidente de Asociación Civil Administradores Profesionales de la Propiedad Horizontal (ACAPPH), Dr. Diego Graziadei, que se le había impuesto hacía más de 8 meses.

En los considerandos de la norma sancionatoria se develó que el presidente de ACAPPH había sido sancionado el 30 de octubre de 2019 mediante la Disposición 11.353 con una multa de 23.851 pesos, casi 400 dólares según la cotización de aquel momento. Esa disposición nunca fue publicada en el Boletín Oficial.

Por otra parte, es de recordar que el 30 de agosto la periodista Mayra Pertossi denunció en Clarín al vicepresidente ACAPPH: "Increíble que el señor Christian Tettamanti, que desfalcó a un consorcio de Caballito y perdió ambos juicios civil y penal, dé charlas de buena conducta de administradores y, peor aún, que aconseje cómo administrar en tiempos de pandemia en la página web de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad" [1].

Sobre la denuncia de la periodista al vicepresidente y las multas dispuestas contra el presidente la entidad no hizo ningún descargo ni en sus redes sociales ni en su sitio web institucional.

Graziadei fue multado con 59.619 pesos por infracción a tres obligaciones impuestas por la Ley 941: el inciso b) y j) del artículo 9º y el inciso i) del artículo 10º.

Es de destacar que los artículos 9º y 10º están a la cabeza de las infracciones más comunes: el 45% de los multados (y publicados) fue por infringir el artículo 10º y el 34% por el artículo 9º.

El inciso i) se llevó el 16% de los sancionados por infracciones al artículo 10º mientras que el inciso b) está al tope de la lista de las infracciones contra el artículo 9º con un 27%. El inciso i) se lleva un modesto 16%.

El inciso b) del artículo 9º ^[2]

Según consta en la disposición, una copropietaria de un consorcio situado en la Av. Scalabrini Ortiz al 2.200 informó a Graziadei que existían desperfectos en las columnas de agua que podrían afectan el normal suministro a través de la plataforma web de uso del consorcio en julio, octubre y noviembre de 2019.

En su descargo el administrador adujo que "los desperfectos en la columna de agua fueron debidamente reparados [...] por el cual se solucionaron los diversos inconvenientes que presentaba la misma". Adujo que no se resolvieron en tiempo y forma por "cuestiones económicas que excedían la responsabilidad del suscripto", y agregó que "...en cuanto se recaudó el monto suficiente se efectuó el arreglo pertinente".

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor señaló que "los reclamos efectuados a través de la plataforma web (y que no han sido desconocidos por aquel) comenzaron en el mes de julio de 2019, mientras que las reparaciones datan recién del mes de octubre de 2020, es decir, más de un año después del inicio de los planteos".

Sobre la falta de fondos para realizar los arreglos, DyPC subrayó: "...en autos no se demuestra que haya mediado la debida deliberación en asamblea de propietarios, ni que se hubiera expuesto la imposibilidad de proceder con los arreglos en cuestión debido a la falta de fondos".

Por último –uno de los puntos más importantes y no todo el mundo tiene en cuenta- explicó que "el Decreto Reglamentario 551/10 es claro al establecer que [...] deben documentarse las [necesidades y requerimientos] rechazadas por la asamblea por falta de fondos u otros motivos ajenos al administrador".

En noviembre y diciembre de 2019 la copropietaria solicitó a Graziadei realizar la asamblea anual ordinaria tal cual lo determina el reglamento de copropiedad de su consorcio.

El administrador en su descargo adujo que "[...] se realizó en tiempo y forma la convocatoria correspondiente a la asamblea en forma presencial (en fecha 7 de marzo de 2020) pero la misma tuvo que ser suspendida por los hechos de público conocimiento relacionados a la pandemia (estaba pautada para el día 26 de marzo de 2020).

Sin embargo, Defensa del Consumidor consideró que la obligación correspondió al año 2019 y que por otra parte en el expediente "no consta que se haya celebrado la asamblea anual ordinaria correspondiente al año 2019".

Por último, se acusó al administrador de no adjuntar en las liquidaciones de agosto y noviembre de 2019 el resumen de cuenta bancario del mes anterior. De la lectura del expediente no quedó claro si este último punto fue a consecuencia de una tercera denuncia de la ya mencionada consorcista o de una observación de Defensa del Consumidor "de oficio".

El imputado arguyó que "es práctica de la administración entregar los movimientos bancarios de la Cuenta Corriente del Consorcio conjuntamente con la Liquidación de expensas mensual pero no dentro de las mismas por una cuestión de diseño y confección".

Sin embargo, DyPC no aceptó este argumento y dictaminó "que la Ley 941 es clara y taxativa al establecer con qué datos debe contar el formulario de liquidación de expensas más allá del "diseño y confección" que pretenda adoptar cada administrador"

Nuevos paradigmas de la pospandemia

[BPN-15/12/21] Durante los pasados jueves y viernes 9 y 10 de diciembre se desarrolló el IV Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal organizado por la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

Fue el primer congreso que se desarrolló en forma presencial y a sala llena desde que se declaró la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado y en sus comienzos se solicitó un minuto de silencio por los administradores fallecidos a consecuencia del COVID-19.

El presidente de la CAPHyAI, Miguel Ángel Summa, destacó que las autoridades de la entidad se sentían muy orgullosas no sólo por haber concretado el anhelo organizar el primer congreso presencial sino también de que en esos días la entidad cumplió 70 años de su existencia. Para festejar este cumpleaños organizó el viernes 10, pasadas las 20:30 hs., una cena de camaradería

En general las disertaciones giraron sobre los efectos y las consecuencias que produjo la pandemia en el sector:

Finalmente, el jueves se homenajeó a aquellos que cumplieron 25 y 50 años de socios en la entidad durante el 2020 y el viernes a quienes los cumplieron durante el 2021.

Los aspectos penales de la administración de consorcios

[BPN-15/12/21] El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona aconsejó a los administradores de consorcios catorce medidas a tomar para evitar inconvenientes con la Justicia Penal y las normas locales.

Advirtió que en este momento los propietarios y los administradores están enfrentados como enemigos y se debe encontrar un justo punto porque de otro modo serán víctimas de permanentes denuncias e infracciones.

Celebró la creación de una entidad nacional (FAPHRA ^[1]) y otra latinoamericana (ULAI ^[2]) y llamó a los administradores a actuar en bloque y con espíritu de cuerpo.

Detalló los tipos de delitos penales a los que se ven expuestos los administradores de consorcios y aportó abundante jurisprudencia.

El Dr. Libarona recomendó adoptar los siguientes cuidados especiales:

1.- Al asumir una administración documentar bien lo que encuentran

2.- Dejar documentado lo que sucede en las asambleas

3.- Anotar y registrar todo en los libros de actas

4.- Guardar la documentación

5.- Ser claros en las expensas.

6.- Las expensas son las rendiciones de cuentas que ustedes formulan, guarden los documentos. Cúbranse quédense con copia de todo los documentos que entreguen. Entreguen todo bajo recibo.

7.- Dejen constancia de lo que sucede en el consorcio en el estado que está: los controles, las inspecciones, el estado del inmueble.

8.- Reclamen arreglos por escrito y si les falta dinero dejen constancia.

9.- Informen todo con notas escritas. Hagan todo por escrito y dejen todo documentado. Si es por correo electrónico mejor

10.- Siempre háganle saber a los propietarios la situación del consorcio y que quede constancia de esa comunicación.

11.- Los seguros son un tema al que deben prestar especial atención. Deben estar siempre al día. Es un riesgo tremendo no pagarlos en tiempo y forma. No pueden no pagar los seguros.

12.- Las cuentas bancarias deben estar siempre a nombre del consorcio, nunca deben ser cuentas personales.

13.- No dejen de tener los papeles al día y la gestión aprobada y firmada.

14.- Cuando se van de un consorcio deben tener todo en orden y entregar los libros y documentaciones siempre bajo constancia.

El Dr. Libarona enunció los cinco delitos en los que pueden incurrir los administradores de consorcios pero brindó jurisprudencia de sólo cuatro porque sobre el último todavía no hay antecedentes:

Explicó que "en este caso no se está hablando del administrador negligente, desprolijo, el que pierde la plata, sino del que deliberadamente con dolo,  voluntad y conocimiento realiza actos de fraude en perjuicio del consorcio".

Citó el caso de un administrador que se apropió de sumas recaudadas por retención de aportes y cargas sociales de los empleados de consocio. La defensa adujo que el consorcio no dispuso de fondos por lo que no existió el delito de apropiación porque el mandatario tuvo que destinar el dinero a otro tipo de gastos necesarios. Sin embargo, los jueces consideraron que el imputado desvió el dinero y que estaba probado que había violado los deberes confiados por lo que no sólo causó un perjuicio patrimonial al consorcio sino que procuró un beneficio para sí mismo. Como dato interesante de este precedente señaló: "El desorden contable que presentaba el administrador no fue considerado como una prueba del delito", y agregó que en otros casos siempre fue considerado un indicio.

Explicó que en muchos casos se alega que se retuvieron los libros porque el consorcio debía honorarios, una especie de derecho de retención. Aclaró que la Cámara ha rechazado este criterio sistemáticamente: "el administrador no tiene derecho de retención porque no está contemplado en la ley", subrayó.

El abogado penalista señaló: "Un tercer delito muy habitual es la falsificación de documentos: facturas, tareas, documentación, rendiciones de cuentas. Puede ser parte del fraude en cuyo cada delito una será absorbido en una sola conducta aunque también puede ser un hecho escindible independiente [para ser] analizado cada delito en particular".

El Dr. Libarona alertó: "Un cuarto delito es la ley penal tributaria. Ya salimos del Código Penal y vamos a una ley especial. El administrador que omite el pago del dinero destinado a pagos de aportes de obras social y cargas sociales que le impone taxativamente el articulo 2.067º del Código Civil: ‘Cumplir con las obligaciones de la legislación laboral previsional y tributaria’.

La víctima acá ya no es el consorcio, es el Estado, es la Hacienda Pública, de modo tal que se configura el delito con la omisión de pago. Ya salimos del fraude y estamos en una evasión tributaria.

Sobre este delito reconoció que no encontró todavía jurisprudencia aunque no descartó que en un futuro se produzca.

Sobre estos cinco delitos resumió: "Todos estos delitos son dolosos, es decir se actúa con conocimiento y voluntad de los actos que se realizan. Se busca defraudar al consorcio, no se obra por negligencia, imprudencia o porque se olvidó pagar sino que se actúa deliberadamente".

Pasando a otro punto señaló: "La mayor cantidad de sucesos criminales que he encontrado en mi trabajo son omisiones imprudentes, delitos culposos. Ya salgo del dolo que vimos antes y ahora entramos en conductas impudentes: culpas y negligencias. ¿Por qué? Porque ustedes son garantes. Tienen una posición de dominio especial, un deber de protección y si no cumplen con sus obligaciones -que ya son muchas y la ley es taxativa en establecerlas- y se produce un perjuicio para la vida y la integridad física de una persona que estén ustedes a cargo evitar que se produzca sea del titular del inmueble o un tercero entramos en una conducta imprudente".

Sobre este tema brindó numerosos ejemplos en los que detalló tanto la imputación que se le realizó al administrador y los descargos de la defensa como lo dictaminado por los jueces.

Por último, antes de brindar consejos prácticos para evitar denuncias y sanciones, Libarona opinó en general: "Saliendo ya de esto y a la luz de su actividad yo me permito dar unos breves consejos que creo tienen que tener en cuenta. En lo general, frente a esta situación de riesgo a la que Uds. están expuestos, a mí me parece fantástica esta iniciativa de tener una cámara que establezcan alianzas, que se maneje en todo el país, con tantos socios, que estén unidos que actúen en bloque, que sean solidarios, que exista un espíritu de cuerpo y no una grieta o competencia indebida como hay tanto en nuestro país en otros ámbitos".

Finalmente aconsejó: "Tienen que plantearle al Estado una visión distinta. Se los están llevando puestos. Yo veo que las normas agregan cada vez más obligaciones para los administradores de consorcios, más restricciones y más derecho a los propietarios como si fuesen dos enemigos y habría que buscar un justo punto. Si no, me parece que los van hacer víctimas permanentemente de infracciones de todo tipo o de denuncias con un enorme elenco de propietarios a los que ustedes les dan sus servicios y que los hacen pasible de esta situación de resigo que yo vengo enunciando".

El Dr. Mariano Cuneo Libarona

Nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, en el año 1961. Egresó de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino, con título de Abogado, obteniendo el mejor promedio de su promoción. Cursó el Doctorado en Derecho Penal en el país, en la Universidad del Salvador en 1985 y, en el exterior, en la Universidad de Salamanca, España, en 2004. Fue funcionario del Poder Judicial de la Nación. Desde 1989 ejerce su profesión de abogado libremente, tanto en Argentina como en el exterior. Fue docente de grado –como profesor adjunto- en la Universidad de Buenos Aires, del Salvador, de Belgrano y del Museo Social Argentino.  Actualmente es docente de posgrado en la Universidad de Palermo

Marcelo Cremona presentó a TIM

[BPN-15/12/21] Durante el IV Congreso Latinoamericano de Administradores el Cr. Marcelo Cremona presentó la solución que encontró el Banco Roela para el problema que se les genera a los administradores en el momento que deben identificar la unidad funcional que pagó las expensas mediante transferencia bancaria.

A modo de introducción explicó: "Con la pandemia se vio un notable incremento del uso de las transferencias como medio de pago de las expensas, y junto con ellas, la problemática de la imputación de las transferencias bancarias porque originalmente no fue pensada para recaudar masivamente las expensas de edificios".

Continuó explicando: "La creatividad de los administradores para resolver este problema va desde usar los centavos para reconocer la unidad funcional hasta complejos mecanismos de envíos de mails con comprobantes adjuntos", y agregó: "A esto se suma el control manual del resumen de cuenta bancario lo que acarrea largas horas de trabajo al personal de la administración con un considerable margen de error humano que puede terminar en una mala experiencia tanto para el consorcista como la misma administración".

Ya entrando en el campo de la solución señaló: "Con SIRO venimos trabajando desde hace varios años en tratar de dar respuesta y afortunadamente encontramos una solución que ningún otro sistema o banco posee".

Entrando en detalles develó: "El nuevo servicio de SIRO denominado TIM (Transferencias Imputadas) genera tantas claves bancarias únicas (CBU) como unidades funcionales tiene el edificio de modo que se puede identificar sin margen de error a qué unidad funcional corresponde cada transferencia. 

Esto permite al banco rendir la información de la misma manera con la que identificamos una unidad funcional con un código de barras o de pago electrónico permitiendo al administrador importar en su sistema las transferencias e impactarlas automáticamente sin ningún tipo de error humano ni trabajo manual. Y lo más importante, destinar al personal de la administración a trabajos de mayor valor agregado como puede ser tomar más edificios para administrar".

Por último, aclaró: "Este sistema ya lo tenemos integrado con los principales sistemas informáticos de gestión de consorcios con lo que la implementación de TIM no requiere esfuerzo para el administrador".

La entidad de Awad ya ingresó a la IGJ

[BPN-15/12/21] El pasado 2 de diciembre ingresó por mesa de entradas de la Inspección General de Justicia (IGJ) la solicitud de inscripción de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la RA (APCCRA).

Consultado el Dr. Eduardo Awad, sobre el tema confirmó que se trata de la asociación de consorcistas que había anunciado en su momento.

Teniendo en cuenta la feria judicial se estima que la nueva entidad podrá estar operativa a fines de febrero o mediados de marzo del año que viene.

Si bien Awad consideró que es temprano adelantar información, de las declaraciones que realizó durante su campaña como precandidato a diputado nacional por el Partido Autonomista (PA) se puede inferir que entre los objetivos de su asociación se encontrarán estos cinco puntos:

1.- Que se baje la presión fiscal a los consorcios ^[1]. Derogar o disminuir el costo de las diferentes obleas que cobra el Gobierno porteño ^[2].

2.- Que se otorguen créditos blandos a los consorcios para que puedan realizar los trabajos de mantenimiento necesarios ^[1].

3.- Que se pueda desalojar a un inquilino en tres meses ^[1].

4.- Promover capacitaciones para consorcistas ^[2].

5.- Participar o promover que los consorcistas participen en las paritarias del sector de la propiedad horizontal ^[2].

Faltará develar quiénes finalmente conformarán la comisión directiva de la entidad.

El Dr. Eduardo Awad es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal de esa entidad.

El 23 de agosto del 2019 Awad había anunciado por segunda vez que crearía una asociación de consorcios y consorcistas con el objetivo de velar por sus derechos y representarlos en paritarias. En ese momento adelantó que en el proyecto lo acompañarían Alejandro Juan Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), y Claudio Roberto Vodánovich, secretario general de esa entidad inmobiliaria. Bennazar está matriculado en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA (CUCICBA) con el número 6645 y Vodánovich con el número 3761. Awad aclaró a Pequeñas Noticias que sus compañeros de proyecto participarán con él como amigos ^[3].

La primera vez que realizó un anuncio de este tipo fue el 24 de septiembre de 2004 en el Centro Cultural San Martín. En esa oportunidad invitó a personalidades relacionadas con la defensa de los derechos del consumidor: Sandra González y el Dr. Osvaldo Riopedre en su rol de presidenta y director de asuntos legales de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA). Años más tarde le puso nombre a esa asociación que quería crear: la llamó "Dueño de casa" ^[4].

De ser aprobada la entidad por la IGJ a mediados de marzo, a Awad le habrá llevado concretar si viejo anhelo casi 17 años y medio

RE/MAX denunció a CUCICBA por abuso de posición dominante

[BPN-15/12/21] El pasado 29 de noviembre la franquicia RE/MAX inició una acción contra CUCICBA (Colegio Único Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por "boicot, cartelización y abuso de posición dominante".

Así lo hizo saber su presidente, Sebastián Sosa, en una conferencia de prensa que brindó ese día en la sede central de la compañía, ubicada en la Avenida Callao al 1.500 en Recoleta.

Dos días después en su red social la franquicia amplió: "Nos discriminan, nos hostigan y vienen diciendo que somos ilegales, y al mismo tiempo se la pasan invirtiendo tiempo y recursos intentando modificar la ley. No puede ser que sean juez y parte. Es una guerra comercial disfrazada en un traje judicial y legal y, por sobre todo, una guerra deshonesta".

Es de recordar que el año pasado -a consecuencia de una denuncia realizada por CUCICBA- la Inspección General de Justicia (IGJ), mediante la Resolución 350 del 8 de septiembre del año pasado declaró ilícita a RE/MAX Argentina SRL y ordenó su disolución y liquidación.

En detalle, consideró que la empresa realiza un ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria en el marco de lo dispuesto en los artículos 18° y 19° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales [1].

Un mes después, el 8 de octubre, la IGJ inició una causa en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para disolver la sociedad.

La empresa rechazó la resolución y apeló la medida judicialmente.

Durante la conferencia de prensa Sosa explicó: "Se trata de una guerra comercial desleal basada en falsos argumentos y disfrazada de conflicto judicial. Los colegios de corredores utilizan su posición para impedir la actividad de otros colegas que son vistos como competencia debido al éxito comercial que tienen las oficinas que forman parte de RE/MAX".

Por otra parte agregó: "Nos quieren fuera del país porque traemos innovación al mercado inmobiliario y ellos no quieren renovarse ni mejorar el servicio al cliente. Su función debe ser velar por los intereses de todos los corredores inmobiliarios, no atacarlos simplemente por elegir una manera distinta de trabajar".

En su cuenta de Twitter se hizo eco del comentario de otro usuario que enfatizó: "La persecución a RE/MAX es otro increíble capítulo más de Argentina contra el progreso. Los países que prosperan son los que privilegian a los consumidores. Los que valoran la competencia y la modernidad. No esto".

Por último señaló: "Después de estar 16 años en el país entendimos eso: RE/MAX incomoda, vino a traer una referencia al mercado, a los que operan y a los clientes. Si no tuviéramos el 25% de la cuota de algunos mercados, no seríamos perseguidos".

En agosto, Marta Liotto, por aquel entonces vicepresidenta de CUCICBA, explicó que la franquicia utiliza una forma contractual propia de una actividad comercial en donde se delega el uso de una marca. "Se usa mucho para cadenas de supermercados, por ejemplo. Te permiten usar una marca y un sistema. Esto es incompatible con una actividad profesional, que es la normativa que regula la actividad de los corredores inmobiliarios", explicó.

Agregó además que el nombre y la marca de un corredor inmobiliario es "personal y define a quien ejerce esa profesión". "Nuestra tarea está delimitada por la ley de ejercicio profesional y los códigos de ética de cada jurisdicción. Son relaciones entre colegas y no mercantilistas entre competidores". Destacó que, por la importancia y el valor que tiene un inmueble para la sociedad, la legislación argentina determinó que los corredores inmobiliarios no son comerciantes, sino profesionales.

Es una organización de bienes raíces creada en 1973 que funciona bajo un sistema de franquicias y que desembarcó en Argentina en 2005 impulsado por Sosa y su esposa Dorothy "Dotti" Peñate.

Opera en 150 países y en el nuestro cuenta con 150 filiales en 40 ciudades que dan trabajo a 5 mil personas en forma directa y a 10 mil en forma indirecta.

Cada una de estas oficinas de RE/MAX está a cargo de un corredor inmobiliario matriculado, que es el responsable de las operaciones, es quien firma tanto la compraventa de inmuebles como los alquileres. La franquicia está integrada por agentes inmobiliarios que desempeñan su labor de manera autónoma, pero con el respaldo de la marca y no tienen relación de dependencia, asumen sus propios gastos y solo facturan servicios cuando concretan una operación.

Es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina.

Su objetivo es la protección del interés económico general para el bienestar de los consumidores. La competencia efectiva entre las empresas del mercado garantiza la calidad e innovación de bienes y servicios, al menor precio posible, para generar una estructura de mercado eficiente.

Para lograrlo, la CNDC se encarga de:

Instruir sumarios por denuncias de conductas anticompetitivas, abuso de posición de dominio y cartelización

Analizar las estructuras de los mercados y de las cadenas de control empresario en operaciones de concentración económica

Investigar comportamiento y estructuras en determinados mercados

Hacer recomendaciones procompetitivas y llevar a cabo acciones de promoción de una cultura de la competencia

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[1] Artículo 18º de la Ley 19550:

Artículo 19º de la Ley 19550:

Aldo Gistas ganó las elecciones en Santa Fe

[BPN-15/12/21] El pasado sábado 11 de noviembre la Lista Celeste y Blanca, comandada por Aldo Gistas, ganó las elecciones gremiales de SUTERyH Santa Fe, 1ª Circunscripción.

En las elecciones por la conducción del gremio compitió contra la Lista Verde cuyo titular, Pedro Maidana, fue su secretario general durante cuatro mandatos, 16 años.

Mientras que la Lista Celeste y Blanca se llevó el 55,38% de los votos, la Lista Verde el 44,62%. La diferencia entre ambas fue de tan sólo siete votos.

Caída del metro cuadrado por tercera vez consecutiva

[BPN-15/12/21] Durante el mes de octubre cayó por tercera vez consecutiva el promedio del precio real del m² en dólares de cierre de las operaciones del mercado inmobiliario en la CABA con respecto al mes pasado. Los números del acumulado anual y el incremento interanual también fueron negativos.

La brecha entre el valor originalmente publicado con el conocido habitualmente como "rango de contraoferta" estuvo en el orden de -7,33%.

Así lo informó RE/MAX Argentina el pasado 6 de diciembre en base al Índice del M2 Real que elabora mensualmente junto con la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina) y el medio especializado Reporte Inmobiliario.

El índice incluye los datos de compra venta de departamentos de la red de oficinas adheridas a la franquicia en función del valor real de cierre de las compraventas efectuadas.

Se puede observar que el descenso más fuerte se dio –en promedio- en los departamentos de 2 ambientes seguido por los de 1 ambiente.

En este caso también los protagonistas de los descensos más pronunciados fueron los departamentos de un ambiente (-9,59) seguido por los de dos (-8,97%).

En octubre descendió la cantidad de escrituras de inmuebles

Del desarrollo de los promedios anuales y los totales anuales de las escrituras realizadas desde 2011 se observa que el pico más alto fue en 2017 y año tras año fue decayendo hasta el 2020, año del inicio de la pandemia. Si bien los valores de 2021 son parciales porque faltan dos meses, se observa un intento de recuperación tanto en el total de operaciones como en sus montos promedio.

Las estadísticas fueron realizadas sobre datos provistos por el Colegio de Escribanos de la CABA.

De la tabla precedente se aprecia que las operaciones cayeron un -8.5%, su total en pesos un -21,03% y en dólares un -21,8%.

Por otra parte, durante los primeros 10 meses del año la cantidad total de escrituras cayó un -16,02% y aunque su monto total en pesos creció un 3,03% en dólares cayó un 13,97%.

En términos anuales los números fueron más benignos. La cantidad de operaciones creció un 1,82%, su monto total en pesos un 7,31% aunque en dólares descendió un 15,72%

Finalizaría la prohibición de despedir y la doble indemnización

[BPN-15/12/21] El Poder Ejecutivo Nacional adelantó que no renovaría el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 que prohíbe despedir o suspender trabajadores sin justa causa y por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Fue prorrogado ocho veces y de no renovarse, habrá estado vigente desde el 31 de marzo del año pasado hasta el último día de este año. En total duró un año, 9 meses y un día.

Tampoco se prorrogaría el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 que estableció la doble indemnización a consecuencia de la emergencia pública en materia ocupacional.

Éste fue prorrogado tres veces y estará vigente –de no haber novedades- desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de este año durante 2 años y 19 días.

El primer anticipo de que no se renovarían estos dos decretos lo adelantó el 24 de noviembre el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante un evento en Campana que tuvo como anfitrión al empresario Paolo Rocca (Grupo Techint) y del que participó –entre otros- Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).

Según los medios presentes, el funcionario afirmó: "Dos medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Y, como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9%, es probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas".

Sin embargo, el ministro aclaró que si algún sector se encuentra complicado por la pandemia o la situación epidemiológica, se analizará si se extienden o no las medias.

Una semana después el titular de la Asociación Bancaria (AB) y diputado electo, Sergio Palazzo, como también el legislador y referente de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Hugo Yasky, reclamaron "gradualismo" y máxima cautela para desactivar el freno oficial a las disposiciones establecidas para proteger los puestos de trabajo.

No es la primera vez que se ordena la doble indemnización. El 6 de enero de 2002 bajo la gestión de Eduardo Duhalde, se sancionó la Ley 25.561 -llamada también "Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario"- que estableció en su artículo 16º que "por el plazo de 180 días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente".

Esa ley fue prorrogada por sucesivos decretos, período tras período, hasta que el 11 de septiembre de 2007, Néstor Kirchner -por haber bajado la desocupación a menos del 10%- derogó el último decreto que la prorrogaba.

En plena veda Santa María despide trabajadores de prensa

Gisela Marziotta junto a Álvaro García Linera y Evo Morales en plena campaña electoral [Foto Facebook de la diputada]

[BPN-15/12/21] El pasado 26 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) comunicó que el Grupo Octubre que dirige el sindicalista y empresario Víctor Santa María (SUTERH) realizó despidos tanto en la AM 750 como en Mucha Radio.

Textualmente comunicó: "Desde el SiPreBA repudiamos los despidos en las radios AM 750 y Mucha Radio, así como la precarización laboral en esas emisoras. Reclamamos al Grupo Octubre inmediatas reincorporaciones y una mesa de diálogo para encauzar las condiciones de trabajo en esos medios".

Es de destacar que los despidos se produjeron mientras se encuentra en plena vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/20 que prohíbe despedir o suspender trabajadores sin justa causa y por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y el DNU 34/19 que establece la doble indemnización a consecuencia de la emergencia pública en materia ocupacional.

Entre los despedidos se encuentran los productores de la AM750 Nicolás Lavaca y Constanza Kabakian. La mayoría de los despedidos trabajaban en condiciones de precarización laboral y con salarios por debajo de la línea de pobreza, una práctica que frecuentemente denunció la comisión interna de Página/12, otro medio del Grupo Octubre.

Como antecedente, se puede mencionar que desde enero del año pasado a marzo de este año los trabajadores de Página/12 realizaron 17 medidas de fuerza por temas gremiales que abarcaron no menos de 64 días. En marzo de este año sumaron 5 años de reclamos por los magros salarios y las malas condiciones laborales desembarcaron en el medio desde que el empresario y sindicalista adquirió el diario ^[1].

En el pasado más cercano, diversos medios mencionaron al cierre de FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo) -cuya frecuencia fue transferida a Mucha Radio- se sumaron despidos previos en esta última radio, junto a AM750, IP Noticias y otros medios del segundo grupo de medios más grande del país después del Grupo Clarín.

El grupo intentó argumentar que los programas vespertinos de radio medían bajo en rating y responsabilizaron de esto a los productores despedidos. Además, levantaron la programación de la tarde de AM750. Sin embargo, el bajo rating de esta radio -que supo ser la tercera AM más escuchada- podría deberse a la limitación editorial a la que se ve sometido el medio producto de la constante censura.

Durante los últimos años ha trascendido la existencia de llamadas "listas negras" en los medios del Grupo Octubre según las cuales no se pueden nombrar a ciertos funcionarios (propios y ajenos) no alineados con Víctor Santa María o con Gisela Marziotta (diputada nacional por el Frente de Todos y vinculada al empresario).

Según el medio especializado Identidad Sindical un trabajador de prensa que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que la principal responsable de las cesantías sería la diputada electa por la ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta (de estrechísima confianza con Santa María), quien –aseguró- actúa como una "CEO de facto".

El trabajador agregó: "Ella decide sobre todo: desde la línea editorial hasta las artísticas; desde dónde va un móvil hasta qué música pasar. O qué notas hacer o hasta de quién hablar y de quién no".

De sus dichos, el medio pudo deducir que Marziotta -si bien no tiene un rol formalizado en la estructura del multimedio- habría pasado a reemplazar la función que antes desempeñaba Francisco "Pancho" Meritello, quien recientemente renunció al cargo de Secretario de Medios Públicos de la Nación.

En febrero del año pasado la asamblea de trabajadores de Página/12 repudió en forma unánime la orden recibida de no informar sobre la designación de Juan Sasturain como director de la Biblioteca Nacional y de no publicar su nombre en posteriores noticias sobre esa entidad ^[2].

El 2 de octubre del año pasado –Día del Encargado de Edificio- Santa María habría cerrado las puertas de la AM750 Salta a pedido del gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, por haber publicado una nota que no fue del agrado de este último ^[3].

El 21 de diciembre del año pasado la periodista Mercedes Ninci denunció que Víctor Santa María la echó de Canal 9 por una nota que había realizado en 2018 sobre una denuncia que radicó la UIF y Graciela Ocaña contra él por una cuenta no declarada en Suiza con cuatro millones de dólares ^[4].

Seis días después Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna y bajo el título "La lista negra de Víctor Santa María" develó: "La lista circula desde hace tiempo en mensajes de WhatsApp. Contiene 17 nombres a los que dicen que Víctor Santa María no quiere ver escritos en su cada vez más creciente grupo de medios" ^[5].

Entre los nombre vetados que mencionó Verbitsky se encuentran: Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes), Gabriela Cerrutti [sic] (diputada nacional), Claudio Ferreño (Legislatura CABA), Manuel Sosias [sic] (Legislatura CABA), Juan Manuel Valdez [sic] (Legislatura CABA), Eduardo Valdez [sic] (diputado nacional), Luis D’Elía (dirigente social), Guillermo Montenegro (dirigente político), Leandro Santoro (Legislatura CABA), Horacio Verbitsky (El Cohete a la Luna), Juan Sasturain (Biblioteca Nacional), Nacho Levy (Garganta Poderosa) e Ignacio Sáenz Valiente (abogado de Clarín)

Ya se entregaron lo libros a los ganadores

[BPN-15/12/21] Durante la primera semana de diciembre Pequeñas Noticias entregó a tres de los ganadores del sorteo lo ejemplares de la tercera edición del libro "Todo sobre Consorcios" del Dr. Osvaldo Loisi, fundador de la Fundación Liga del Consorcista del Propiedad Horizontal (LCPH).

Los premios que no fueron retirados durante el año serán donados a aquellos consorcistas o entidades de consorcistas que durante este último año se hayan destacado por su labor.

En esta tercera edición el autor incorporó las modificaciones introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tomando en consideración las diferencias con la derogada Ley 13.512 y las novedades introducidas por el nuevo régimen. Sobre este tema el Dr. Loisi explicó: "El nuevo Código instaura transformaciones al sistema que repercutieron -y repercutirán- tanto en lo teórico, cuanto en lo práctico: desde el establecimiento del consorcio como persona jurídica, hasta la posibilidad de incorporar a los propietarios ausentes a las decisiones asamblearias, hemos recorrido todas las novedades que trae aparejada la nueva legislación".

Según aclaró el Dr. Loisi, este libro está dirigido a todos los integrantes de la comunidad consorcial: administradores, propietarios y encargados, como así también a todos aquellos que se interesan por la temática de la propiedad horizontal.

Este mes el mensual y el interanual serán negativos

[BPN-15/12/21] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá contra la inflación -14,07 puntos porcentuales con respecto al mes pasado y -17,01 puntos a lo largo del año.

Este descenso mensual se debe a que este mes no se pagará el bono de 8.000 pesos acordados el pasado 16 de junio entre las tres entidades de administradores ^[2] y la FATERyH ^[3] y que fuera homologado el 24 de ese mes mediante la Resolución 779 por el Ministerio de Trabajo. El bono se volverá a otorgar durante los meses de enero y febrero del año que viene.

Es de destacar que este descenso porcentual de las escalas salariales se compensará en los números del haber mensual porque en diciembre se cobrará el bono anual del 20% y el medio aguinaldo.

En diciembre el promedio de las escalas salariales perderán un 10,67% con respecto al mes pasado y bajó a los 66.988 pesos mensuales.

El incremento acumulado del 2021 de las escalas salariales será de un 15,91%. El incremento acumulado descendió -15,91 puntos con respecto al mes pasado.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2020 fue de 50.294 pesos.

Para el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de noviembre fue del 2,5% y según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de diciembre será de un 3,4%.

Según estos números, la inflación durante el 2021 está estimada en un 50,20%.

Luego de ajuste trimestral otorgado mediante la Resolución 246 del ANSeS, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en diciembre pasó a ser de 29.061,62 pesos mensuales, un 12,11% más que el mes pasado. Por otra parte, en el día de hoy se anunció un bono de 8.000 pesos a pagar entre el 20 y 23 a quienes cobren el haber mínimo lo que sumará 37.061,62 pesos, sin contar el medio aguinaldo.

En dólares, este haber mínimo -más el mencionado bono- de 8 mil pesos representa 355 dólares al precio oficial, 209 dólares a cotización turista o 189 dólares según el mercado blue ^[4].

En diciembre del año pasado ese haber estuvo en 19.035,45 pesos por lo que el acumulado anual será temporalmente del 94,7%. Lo que representa para este mes una ganancia de poder adquisitivo del haber contra la inflación de 44,5 puntos porcentuales durante el año

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En octubre y noviembre se sumó los 2.500 pesos otorgados por el Decreto 665/19. No se tomaron en cuenta la financiación en agosto y septiembre de dos mil pesos de los aportes de los trabajadores cuyo bruto haya sido inferior a los 60 mil pesos que otorgó el Gobierno nacional mediante el Decreto 561/2019. Se sumó el incremento salarial que otorgó el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 14/2020 de tres mil pesos para enero y mil pesos más para febrero y meses subsiguientes.

[2] La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

[3] FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

¡Hola Ariel!

El recibo de un trabajador afiliado al sindicato y que no es jubilado los descuentos suman 21.75% y son los siguientes:

Si ese mismo trabajador se jubila y sigue siendo afiliado al sindicato, solo tenés que quitar la Obra social (3%) y la Ley 19032 (3%), por lo cual los aportes ascenderán al 15,75%.

Si ese trabajador se jubila y decide no aportar más al sindicato y al Fondo para la Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad (FMVDD), tenés que quitar también el Aporte sindical (2%) y el FMVDD (1%) por lo tanto sus aportes serán del 12.75%.

Un saludo grandote!

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