Santa María sugirió que podría haber impedimentos

[BPN-15/02/24] El pasado 9 de febrero Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal), dejó entrever que el gobierno de Javier Milei podría impedir acordar en paritarias libres el salario de los trabajadores de edificios con las cámaras del sector.

Al esperar que no suceda, abrió la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo (ST) pueda intervenir en el nivel de aumentos que reciba el sector.

Textualmente, Santa María en la cuenta de Facebook "SUTERH Trabajadores de Edificios" ante la pregunta de un encargado informó ^[1]:

Sin embargo, llamó la atención que otros gremios no estarían pasados por estas dificultades. Inclusive algunos cerraron acuerdos por valores que a primera vista parecen altos.

Quedaría por aclarar qué habría de especial para el Gobierno Nacional en un gremio cuyas paritarias -salvo alguna excepción- siempre fueron pacíficas.

En otros gremios y a modo de ejemplo, el 1º de febrero medios nacionales informaron que en las últimas semanas llegaron a acuerdos paritarios los farmacéuticos (91%), seguros (54%), carga y descarga (51%), petroleros (47%), bancarios (43%), aceiteros (41%), camioneros (33%), comercio (30%), UOM (25%) y UOCRA (20%). Los acuerdos a los que llegaron estos diez gremios estuvieron ajustados a la inflación ^[2].

Inclusive Página/12, el diario de Santa María, a fines de 2023 había informado que nueve gremios habían concretado aumentos en enero 2024 agregando que esos acuerdos contemplaron revisiones mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC ^[3].

Según el acuerdo está destinado a un fondo de educación y comunicación y está administrado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) ^[3].

Esta medida fue resistida por los trabajadores del sector tanto en Rosario como en CABA ^[4]

El curso del SERACARH aumentó un 463%

[BPN-15/02/24] Este año el Curso del SERACARH ^[1] que obligatoriamente deben realizar los encargados de edificios aumentó un 463,9% con respecto al 2022. Pasó de costar 5.320 pesos por trabajador a 30 mil pesos. Aumentó en un 5.900% desde que se creó en 2012 y se lo impuso con un valor de 500 pesos.

Es de destacar que esta obligación -mientras en la CABA se modificó a bienal- en provincia de Buenos Aires nació como anual.

Para tener una idea de proporciones, el curso para administrar consorcios de la UTN que consta de tres módulos y 12 unidades con una carga horaria total de 90 hs. cuesta 87.699 pesos (casi tres cursos del SERACARH). El que dicta la Liga del Consorcista de tres meses que permite administrar consorcios en CABA y PBA cuesta 69 mil pesos (poco más de dos cursos del SERACARH) y el que dicta Capacitarte con una carga horaria de 18 hs. (3 jornadas de 6 hs.) cuesta 23.700 pesos al contado (menos de un curso del SERACARH).

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo durante el 2023 hubo en promedio 54.760 puestos de trabajo en la propiedad horizontal en todo el país. La CABA y la provincia de Buenos Aires –los dos distritos donde es obligatorio este curso- representan el 90,49% de esa cantidad.

O sea que si este año se mantienen esos números y cada uno de esos encargados realiza el curso, el SERACARH recaudará sólo por este concepto casi mil quinientos millones de pesos o casi dos millones de dólares según su cotización oficial ^[2].

En total, desde su creación el curso habría costado a los consorcistas porteños más de 30 millones de dólares o 2.242 millones de pesos.

En la tabla se puede apreciar que desde 2012 hasta 2022 se tomaron los puestos de trabajo sólo de CABA (71,3% del total nacional), en 2023 se agregaron los puestos de trabajo de provincia de Buenos Aires (19,2% del total) y en 2024 los correspondientes a CABA y PBA (90,49% del total).

En este caso el curso del SERACARH se impuso vía Ley 14.701 que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) bonaerense. En su artículo 9º bajo el título "Seguridad e higiene" ordenó:

Varios puntos a destacar:

1.- Marcos Hernández, director del RPAC, expresó en repetidas oportunidades que el curso se impondrá no sólo a los trabajadores encuadrados en el SUTERH sino también a todos los trabajadores habituales del consorcio no importa en qué gremio estén. Esto ampliará la base de recaudación aunque para los consorcistas será casi imposible saber en cuánto.

2- Igual que en CABA, de la forma en que está redactado hay una sola entidad que cumple todos los requisitos, la creada por las históricas entidades que firman las paritarias del sector.

3.- Como se adelantó, en provincia de Buenos Aires el curso es anual y no bienal como en CABA.

Es de recordar que el 30 de agosto de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.004 que modificó la Ley 4.803 (Ley Zago) y a partir de ese momento se obligó a los consorcios a pagar a sus encargados un curso en el SERACARH sobre "Higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" cada dos años en lugar de uno. De hecho, durante el 2019 y 2020 los encargados estuvieron eximidos de asistir a ese curso.

El Ejecutivo fundamentó este cambio en la frecuencia del curso del SERACARH por cuatro razones:

1.- "La experiencia desarrollada en el ejercicio a nivel local de la Ley N° 941 indica que el contenido de los mismos se repite año tras año sin aportar en lo sustancial nuevas experiencias para los encargados y generando gastos excesivos para el consorcio".

2.- "La capacitación y educación en materia de propiedad horizontal, en lo que hace a temas de seguridad y reducción de riesgos, debe actualizarse de forma práctica y beneficiosa sin redundar en actividades repetitivas y dispendiosas".

3.- "Resulta indispensable disminuir la frecuencia de las capacitaciones fijando su obligatoriedad cada dos años" ^[3].

El SERACARH está compuesto por las tres entidades de administradores que representan a los consorcios en paritarias (AIERH ^[4], CAPHyAI ^[5] y UADI ^[6]) y la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal).

El 28 de noviembre de 2013, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Oscar Zago –por entonces del bloque PRO y ahora de "La Libertad Avanza "- que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios". La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la autoridad de aplicación de la norma.

Según el texto de la ley, dicha capacitación "deberá ser dictada por una institución especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los edificios de propiedad horizontal" ^[7].

Al momento de escribir esta nota todavía sólo el SERACARH está en condiciones de cumplir estos requisitos

Siguen en el podio las infracciones a los artículos 9º, 10º y 12º

En la tabla se observa que mientras que en 2022 las infracciones al artículo 9º representaron el 48,8% del total de ese año en 2023 ese porcentaje subió al 54%. Por otra parte, las infracciones al artículo 10º bajaron de un 33,2% al 26,3%.

Otro punto que se destacó fue que las multas por infracciones al artículo 11º (Requisitos para contratar) subieron de 3,6% al 6,4%.

Así surgió del estudio de las 454 disposiciones sancionatorias contra 464 administradores publicadas en el Boletín Oficial durante el 2023.

Es de resaltar que una disposición sancionatoria puede ser ordenada contra más de un administrador y que la sanción puede ser por la infracción a más de un artículo tanto de la Ley 941 como de la 757.

Las multas por infracción al inciso ‘b’ del artículo 9º de la Ley 941 -conservación de las partes comunes y el cumplimiento de la normativa vigente- encabezó el podio con 255 infracciones, el 39,1% del total.

Le siguieron las infracciones al inciso ‘f’ -conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma- con 140 sanciones, las infracciones al inciso ‘j’ -convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias- con 79 sancionados, las violaciones al inciso ‘a’ –ejecutar las decisiones de la asamblea- con 35 faltas, las infracciones al inciso ‘h’ -depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio- con 31 sanciones, las infracciones al inciso ’e’ -llevar actualizado el libro de Registro de Firmas- con 28 sanciones y a los incisos ‘l’ -los recibos de pagos de expensas- y ‘k’ –poner a disposición la documentación- con 17 sanciones.

Este artículo detalla pormenorizadamente con qué elementos deben constar en las liquidaciones de expensas.

En primer lugar, se encuentra el inciso 'e' –servicios y abonos a contratistas - con 79 infracciones.

En segundo lugar, el inciso ‘f’ -detalle de pagos por seguros- con 59 infracciones.

En el tercer puesto se encuentra el inciso ‘i’ -incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria- con 52 infracciones.

Al cuarto puesto accedió el inciso ‘a’ –falta de datos del administrador- con 35 infracciones.

Disminuyeron levemente los juicios por expensas

[BPN-15/02/24] Durante el año pasado se iniciaron 3.290 juicios por ejecuciones de expensas mientras que durante el 2022 se abrieron 3.466 causas. Esto representa una disminución del -5,08% en un año (-176 casos).

Teniendo en cuenta que la apertura de causas por ejecuciones de expensas es uno de los indicadores posibles del nivel de dificultades por las que puede atravesar la clase media, la redacción de Pequeñas Noticias tuvo la curiosidad de ver cómo evolucionaron las ejecuciones de expensas según la gestión de cada gobierno nacional. Como dispone de la cantidad de apertura de causas desde 1989 calculó los promedios de cada gestión.

En el gráfico se puede apreciar que la mayor cantidad de apertura de causas se dio durante la gestión de Eduardo Duhalde (2001-2002) como consecuencia directa de la crisis del 2001 y la menor durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023).

Los números de apertura de causas por expensas expresan la cantidad de primeras asignaciones registradas en primera instancia del Fuero Nacional en lo Civil con objeto de juicio registrado "Ejecución de expensas". Así lo informó la Oficina de Estadísticas de la Dirección General de Planificación del Consejo de la Magistratura.

Los datos de este informe fueron provistos: desde 1989 hasta el 2001 por el sitio de la Liga del Consorcista, desde el 2002 hasta el 2012 fueron publicados periódicamente en el sitio del Poder Judicial de la Nación (PJN), desde el 2013 hasta el 2019, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, los solicitó y recibió periódicamente del PJN por correo electrónico.

Sin embargo, desde mediados de 2019 hasta enero de 2024 le fue prácticamente imposible recibir esos datos ni del Consejo de la Magistratura ni de la Suprema Corte de Justicia.

El año pasado bajó levemente la cantidad de sanciones dispuestas

[BPN-15/02/24] Durante el año pasado bajó un -20% la cantidad de multas ordenadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño). En 2023 se ordenaron 457 disposiciones sancionatorias mientras que en 2022 fueron 562. De esas 457 la mayoría fueron multas económicas (445) mientras que 1 fue un apercibimiento. El año pasado se ordenaron también 11 sobreseimientos.

A diferencia de otros análisis que realiza la redacción de Pequeñas Noticias sobre las disposiciones sancionatorias, en este caso se analizaron las firmadas o dispuestas durante 2023 aunque no hayan sido publicadas. Los tres datos que la DGDyPC proporciona (fecha, Nº de disposición y monto de la sanción) permite obtener varios datos de interés para la comunidad consorcial.

Desde que Pequeñas Noticias lleva este registro, la DGDyPC ordenó en promedio 490 disposiciones anuales. El año que menos sanciones dispuso fue en 2020 (428+6=434) mientras que la mayor cantidad fue en 2022 (557+5=562).

Por último, y como dato de color, el 56% de las disposiciones que se firmaron el año pasado fueron un martes o un jueves mientras que el 44% restante se repartió entre los lunes, miércoles y viernes.

Las 446 multas económicas sumaron más de 52 millones de pesos lo que representó un incremento del 26,96% con respecto al año anterior en el que se recaudaron más de 41 millones de pesos por este concepto.

La multa promedio del año pasado fue de 116.932 pesos mientras que la de 2022 fue de 73.747 pesos. Teniendo en cuenta que la inflación de un año a otro fue de un 211,40% se observa que en pesos el valor real de la multa promedio descendió 152,84 puntos porcentuales.

Convirtiendo los pesos de cada multa al valor promedio del dólar oficial de ese mes, durante el año pasado el Gobierno de la CABA recaudó en concepto de multas más de 195 mil dólares lo que representó una disminución del -38,71% con respecto al año anterior. En 2022 dispuso multas por más de 319 mil dólares.

En dólares se confirma que las multas no siguen el ritmo de la inflación, mientras que la sanción promedio del año pasado fue de u$s 440 durante el 2022 fue de u$s 577 o sea que su valor descendió casi un -23,69%.

Durante el 2023 se publicaron en el BO 377 de las 446 disposiciones ordenadas y faltó publicar un 17,51% (80 disposiciones).

Durante 2023 en promedio una disposición sancionatoria demoraba en ser publicada en el Boletín Oficial 5 meses y 20 días en contraste con los 10 meses, 20 días que demoraba en 2022. Por su parte Carlos Lionel Traboulsi, el nuevo director general de DyPC, prometió que esos tiempos serían acelerados.

Se observó que el año pasado bajó significativamente la cantidad de presentaciones de administradores de consorcios ante la justicia para revocar las sanciones.

Luego de una racha alcista de tres años el número de apelaciones fue el menor desde 2020, año inicial de la pandemia.

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya director general desde el 10 de diciembre de 2023 es Carlos Traboulsi y su superior directo es desde enero de 2024 la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano (Facundo Bargalló Benegas) y ésta a su vez de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (César Ángel Torres)

Primera fiscalización masiva del RPAC bonaerense

[BPN-15/02/24] El pasado 3 de febrero el director general del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) bonaerense, Marcos Hernández, comunicó a este medio que inició la primera fiscalización masiva a 907 administradores de consorcios que estando inscriptos no solicitaron sus certificados de acreditación. Días antes había informado que en total había 1.340 mandatarios inscriptos.

Hernández entiende que estos administradores o no están trabajando o no cumplen con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 14.701 (RPAC) que reza: "El administrador [...] debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación, en la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su designación o continuidad".

Les otorgó un plazo legal para realizar sus descargos o justificaciones y –según lo informado en ese momento- esos plazos se están venciendo.

En otro orden de cosas, dispuso una última ventana en febrero para inscribirse sin multas.

Quienes no aprovechen esta oportunidad y se inscriban en marzo recibirán una multa de un salario (307.161 pesos) ^[1].

Los que lo hagan en abril recibirán una multa de dos salarios (614.322 pesos) y en mayo de tres salarios (921.483 pesos).

Estos valores corresponden a enero y todo hace suponer que en marzo, abril y mayo serán superiores.

Por otra parte, comunicó que va a proponer que los beneficiarios de las multas no sean los consorcios sino el Estado porque considera cómplices a los consorcios que "permiten el accionar de un administrador no matriculado".

Es de recordar que –entre cosas- el artículo 17º de la Ley 14.701 ordenó: "Las multas {establecidas en este artículo] son en beneficio del consorcio debiendo ser depositadas en la cuenta bancaria de su titularidad".

Por último, Hernández ordenó que los únicos informes de deuda y certificados de deuda para ejecución de expensas sean válidos sólo si son emitidos por administradores con matrícula vigente

Ana María Huertas reclamó que el buscador no funciona

[BPN-15/02/24] El pasado 31 de enero la presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (ACoPH) de Mar del Plata informó al director de Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) bonaerense que el buscador de administradores del RPAC no funciona y le solicitó que proporcione la lista de administradores ya inscriptos en el partido de Gral. Pueyrredón.

Le pidió también dar más importancia a ACoPH y trabajar en conjunto para facilitar el control del cumplimiento de la ley. Le reprochó que "se le da más importancia a la Cámara de Administradores de Mar del Plata" aunque "la gran mayoría de ellos hacen caso omiso a esta ley". Le recordó que los únicos dueños de los consorcios son los consorcistas que son los que pagan las expensas, los impuestos y todo lo que tenga que ver con leyes y ordenanzas. Que los administradores son "simplemente" los mandatarios de los consorcios y cobran honorarios para hacer dicho trabajo.

Dos días después el funcionario de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires le respondió desmintiendo que el buscador del RPAC no funcione aunque ofreció un correo electrónico para consultar los administradores que están o no registrados.

Por su parte, la redacción de Pequeñas Noticias realizó una breve verificación del buscador con el CUIT y la razón social de algunos administradores comprobadamente inscriptos y no arrojó resultados satisfactorios.

Con respecto a los administradores no matriculados Hernández respondió que "a esta altura no deberían existir" y recargó la responsabilidad en los consorcistas afirmando que "los consorcistas a los que usted representa no deberían permitirlo" y que "si lo permiten son cómplices".

Hernández se basó en el artículo 167º del parágrafo 3º que trata sobre la disolución y/o la liquidación de las personas jurídicas privadas (en general empresas comerciales) tratadas en la sección 3º del Título II titulado "Personas Jurídicas" del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC).

Éste textualmente reza:

Al pedido de Huertas de trabajar en conjunto para facilitar el control del cumplimiento de la ley, Hernández le ofreció su número de teléfono y correo electrónico para "mantener un diálogo fluido y constructivo".

"No somos responsables de los administradores que no cumplen"

[BPN-15/02/24] Los presidentes de dos entidades de consorcistas rechazaron terminantemente que los consorcistas sean solidaria e ilimitadamente responsables de los administradores no registrados.

En un tono más o menos fuerte -según la forma de ser de cada uno-, el Dr. Eduardo Awad, presidente de Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas (APCCRA), y la Sra. Ana María Huertas, presidenta de Asociación de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (ACoPH), rechazaron de plano el concepto vertido por el Dr. Marcos Hernández, director del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) bonaerense.

Éste a fines del mes pasado había afirmado: "Ordenar el sector no implica permitir que haya legales e ilegales en la misma situación. Lo pasamos a nafta [sic]. Ahora... si hay administradores ilegales es porque hay consorcistas (propietarios) que se lo permiten. Esto lo ordenamos el sector público más el sector privado. Exige a tu administrador la matrícula vigente, que facture sus honorarios, que el consorcio tenga su CUIT y su cuenta bancaria, que tenga los libros completos y rubricados. Los propietarios son solidaria e ilimitadamente responsables con los administradores truchos, si teniendo la posibilidad de evitar el accionar ilegal no lo hacen. La ley aplica para todos, incluso si no fuiste a la asamblea".

Hernández se basa en el artículo 167º del parágrafo 3º que trata sobre la disolución y/o la liquidación de las personas jurídicas privadas -en general empresas comerciales- tratadas en la sección 3º del Título II titulado "Personas Jurídicas" del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC). Éste textualmente reza:

En su respuesta, la Sra. Huertas señaló tres puntos: Que el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) -en el que Hernández se fundamenta- no aplica a la propiedad horizontal, que el RPAC no hizo ninguna campaña difundiendo los derechos de los consorcistas y finalmente rechazó que los propietarios sean responsables de los actos de sus administradores:

La redacción del medio le preguntó: ¿Cuál es su posición sobre su frase "los propietarios son solidaria e ilimitadamente responsables con los administradores truchos si teniendo la posibilidad de evitar el accionar ilegal no lo hacen"? ¿Jurídicamente son solidariamente responsables?

Awad respondió con dureza:

¡¡¡ El viernes 1º de marzo vuelve Consorcios 360 !!!

[BPN-15/02/24] El viernes 1º de marzo a las 17 hs. vuelve a la AM 1010 Onda Latina la 2ª temporada de Consorcios 360, el programa periodístico más escuchado (y visto) de la propiedad horizontal.

Consorcios 360 está siendo muy esperado porque durante estos meses de Javier Milei como presidente de la Nación se anunciaron muchos cambios estructurales y todo hace suponer que la propiedad horizontal no quedará ajena.

El año pasado Consorcios 360 fue el primero en anunciar la firma de acuerdos paritarios, informar las novedades del Registro Público de administradores bonaerense y presentar trabajos estadísticos exclusivos. Se entrevistaron a 25 referentes de la propiedad horizontal entre los que había encargados, propietarios/consorcistas, abogados, administradores, funcionarios y abogados.

Este año el equipo volverá a estar compuesto por un periodista (Claudio García de Rivas) y representantes de los diversos actores que componen la propiedad horizontal: un consorcista (Andrés Zulberti), un administrador (Daniel Sánchez Rivera) y dos abogadas (Diana Sevitz y Silvia Bercovsky). Cuando se traten temas laborales se invitará a referentes del sector trabajador. Mariú Cáceres Quinde será la diseñadora gráfica y asistente de producción.

Es de recordar que en 2023 Consorcios 360 ganó el premio nacional "Faro de Oro" Mar del Plata 2023 en la categoría "Comunidad" ^[1]. La entrega del premio fue el 4 de noviembre en Mar del Plata ^[2].

Los consorcios deberán instalar correctores de factor de potencia

[BPN-15/02/24] El pasado 2 de febrero el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció que los consorcios deberán instalar "correctores de factor de potencia" para mejorar la eficiencia con la que el edificio utiliza la energía eléctrica.

En esta medida estarán incluidos los edificios incluidos en la categoría tarifaria T1 (pequeñas demandas), T2 (medianas demandas) y T3 (grandes demandas) de las áreas de concesión de EDENOR y EDESUR.

La medida apunta a aliviar las cargas de los alimentadores eléctricos y lograr un mejor desempeño en el sistema. El programa que estableció el ENRE comenzará a aplicarse primeramente en lugares de demanda concentrada, aunque el objetivo es extenderlo a toda la demanda residencial.

Los usuarios que no corrijan el factor de potencia podrían enfrentar un costo adicional en sus facturas que oscila entre un 10% y 30% por las anomalías.

1. Subir el límite del Factor de Potencia de 0,85 a 0,95 para todas las categorías tarifarias.

2.- Corrección conjunta del Factor de Potencia de la demanda conjunta del inmueble, mediante equipos apropiados según el nivel de consumo general del edificio.

3.- Las empresas distribuidoras medirán el Factor de Potencia y el contenido armónico, determinarán la cantidad de corrección capacitiva necesaria e informarán al usuario o consorcio.

4.- Las empresas distribuidoras podrán ofrecer la provisión e instalación de equipos de corrección de Factor de Potencia, mediante licitaciones nacionales e internacionales. Este servicio será con cargo al consumidor.

5.- Habrá penalidades por un bajo Factor de Potencia inductivo y se calculará sobre la sumatoria de la facturación de todos los usuarios copropietarios.

6.- EDESUR y EDENOR deberán presentar mensualmente al ENRE un informe sobre los avances del programa.

El costo de un corrector de factor de potencia de tipo domiciliario varía según la potencia reactiva (kvar) que necesita corregir, la marca, el tipo (manual o automático) y el lugar donde se compre.

Un resumen de precios aproximados:

1.- Correctores de baja potencia (hasta 2 kvar): Entre 15 y 30 mil pesos.

2.- Correctores de potencia media (2 a 5 kvar): Entre 30 y 50 mil pesos.

3.- Correctores de alta potencia (más de 5 kvar): A partir de los 50 mil pesos.

1.- Recuperación de la capacidad de energía que pueden transportar las reden sin fallar.

2.- Menor tasa de cortes por averías.

3.- Reducción de las pérdidas de potencia y energía en las redes.

4.- Menores caídas de tensión en las redes.

1.- Las medidas entran en vigencia a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

2.- Plazo de 180 días para usuarios de Tarifa 1 y consorcios para regularizar las instalaciones.

3.- Plazo de 120 días para usuarios de Tarifas 2 y 3 individuales.

4.- Las empresas distribuidoras podrán aplicar las penalidades previstas en el contrato de concesión a partir de los plazos establecidos.

El factor de potencia es una medida de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en un circuito de corriente alterna (CA). Se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Su nivel óptimo es 1 y el peor posible es 0.

El factor de potencia representa la división entre la potencia efectivamente utilizada por el usuario, denominada potencia activa, y la potencia total suministrada al mismo, denominada potencia aparente.

El Registro Automotor de Acosta y Lara estaría en riesgo

[BPN-15/02/24] El pasado 26 de enero el gobierno nacional inició un procedimiento para revocar las intervenciones vigentes o nombrar nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores del país ^[1].

Entre éstos podría estar el denominado "Capital Federal Nº 0422" del que es responsable el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, quien durante los 17 años que estuvo al frente del AIERH (Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal) firmó las paritarias del sector de la propiedad horizontal en nombre de los consorcios de propietarios.

El Registro Automotor del cual Acosta y Lara es encargado se encuentra en el 2º piso de la calle Tacuarí 163 de esta ciudad ^[2].

El 19 de junio de 2022 un medio nacional develó que finalmente Acosta y Lara fue nombrado director y presidente de las empresas Umbra e Imber SA nuevas adquisiciones del Grupo Octubre que pertenece al SUTERH y cuyo titular es Víctor Santa María ^[6]. El dato nunca fue desmentido.

Según Infobae, desde hace tiempo los registros son cuestionados no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios o familiares directos o indirectos ^[1].

Es de recordar que gracias a un informe de Acosta y Lara señalando que los empleados en relación de dependencia de las administradoras de consorcios fueron entre 259 y 263 trabajadores, Gabriela Pilar Saldivia con poco más de 53 afiliados fue habilitada para solicitar y obtener la personería gremial para SEARA (Sindicato Empleados de Administradoras). Poco después la AFIP informó a Pequeñas Noticias que durante el primer semestre de 2023 los puestos de trabajo relacionados con el sector fueron en promedio 4.563 ^[7].

Ante una intimación formal del Sindicato de Comercio, el AIERH aclaró que el informe "se basó en una estimación realizada sobre el universo de los asociados de AIERH resultado de una compulsa ordenada por el presidente de ese momento [Acosta y Lara] a pedido de la institución mencionada [SEARA] y relativizó sustancialmente su contenido: "No surge en lugar alguno que los datos allí vertidos representen a la totalidad de la Capital Federal, dato que está fuera de nuestro alcance y por ende jamás podríamos haber informado".

Según informó Infobae en Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas, transporte pesado y maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0 km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.

Agregaron que el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.

Ya en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei llamado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" se estableció que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo se puedan hacer de manera digital y simplificada -con el objetivo de agilizar todo el proceso- directamente ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) que funciona y bajo la órbita del Ministerio de Justicia ^[3].

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza había puesto en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamiento y transferencia de vehículos ^[4].

Raúl Rassadore, titular de un registro y delegado de AAERPA (Asociación Argentina de Encargados) de la regional Santa Fe –defendiendo su fuente de trabajo- explicó a Perfil: "El registro es un ente público de gestión privada. Los encargados accedemos por concurso, tenemos que ser contadores, abogados o escribanos. Y nosotros nos hacemos cargo del personal, de sus aportes, de los gastos de gestión y del material. También prestamos servicio, sin emolumento alguno, a las provincias y municipalidades" ^[5]

Otro año con más más ascensores, calderas e instalaciones fijas

[BPN-15/02/24] Durante el 2023 subió levemente la cantidad de ascensores (+1,86%) en la Ciudad de Buenos Aires, un poco más fuerte la cantidad de calderas (+6,06%) y pegaron un salto las instalaciones fijas contra incendios (+14,11%).

Durante el año pasado la cantidad de ascensores, montacargas, montavehículos, escaleras mecánicas, rampas móviles, artificios especiales, guardas mecanizadas y otros sumaron 86.122 máquinas mientras que durante el 2022 habían sido 84.553 máquinas. La diferencia de 1.569 unidades representó un incremento del 1,86% ^[1].

Los cuatro tipos de máquinas con más unidades fueron los ascensores (79.580), los montacargas (3.623), montavehículos (1.610) y escaleras mecánicas (776).

Por su parte, durante el año pasado la cantidad de instalaciones térmicas creció en 1.567 unidades, un incremento del 6,06% con respecto al 2022 ^[2]. Al 31 de diciembre del año pasado había registradas 27.432 instalaciones térmicas.

Por ultimo durante el 2023 la cantidad de instalaciones fijas contra incendio fue de 26.204, unas 3.204 más que durante el año anterior. El incremento de un año a otro fue mínimo un 14,11% ^[3].

Este año 2024 el valor de la ‘oblea del ascensor’ está fijado en 10,080 pesos que multiplicado por las más de 86 mil máquinas representará una erogación para los porteños de 868 millones de pesos o un millón de dólares (1.055.180). Desde que se creó este gravamen hasta ahora ya costó casi 28 millones de dólares (27.858.531).

La oblea de las calderas e instalaciones fijas contra incendio fue fijado en 9.960 pesos que multiplicados por las 27.432 calderas y 26.204 instalaciones fijas sumará casi 518 millones de pesos o casi 630 mil dólares.

A pesar de los casi 1.700 millones de pesos (32.534.420 millones de dólares) que llevarán recaudadas estas obleas desde que se crearon hasta fin de este año sigue sin haber estadísticas oficiales sobre la cantidad de siniestros que se produjeron por ascensores o calderas en mal estado ni la cantidad de veces que la fuerza de bomberos utilizó las instalaciones fijas contra incendio

Las cuentas consorcio crecen a un ritmo parejo

[BPN-15/02/24] Durante el 2023 se abrieron en promedio en todo el país 1.455 ‘cuentas consorcio’ en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Durante ese año este tipo de cuentas creció un 20,3% con respecto al mismo período del año pasado.

En diciembre de 2021 el Banco de la Ciudad de Buenos Aires informó que contaba con 6 mil cuentas consorcio y en diciembre de 2022 esa cantidad se había elevado a 7.185 lo que representó un crecimiento interanual del 19,75%, un valor no muy lejano al incremento ya informado del 20,3% para el 2023.

Desagregando ese total por jurisdicción, se aprecia que –como era de esperar- el banco tiene el 97% de esas cuentas en la CABA, el 2% en provincia de Buenos Aires y el 0,6% restante se reparten entre Tucumán, Mendoza, Salta y Córdoba.

En su sitio web institucional el Banco Ciudad destaca la existencia de dos tipos de beneficios para sus cuentas consorcio: para el consorcio y para el administrador.

Cuenta corriente bonificada al 100% ^[1]

Comisión de chequeras bonificadas ^[2]

Transferencias bonificadas sin tope

Préstamos Ciudad Consorcios ^[3]

Servicio de plan sueldo 100% bonificado

Banca electrónica de empresas para el pago de haberes, pago de proveedores, impuestos y servicios.

Tarjeta de crédito 100% bonificada ^[4]

Servicio de plan sueldo 100% bonificado

Atención preferencial en sucursales comerciales

La información fue provista el pasado 17 de enero por la Secretaría de Directorio de esa entidad financiera estatal local ante un pedido de información pública que se le realizara en el marco de la Ley 104. Textualmente se le solicitó que informen la cantidad de cuentas corrientes activas "Consorcio de propietarios" durante el segundo semestre de 2022, en forma mensual

Se convocó el Consejo del SMVM para hoy jueves

Se espera que la CGT pida una actualización de al menos 85%, "debido a la devaluación y la inflación acumulada entre los meses de diciembre 2023 y febrero 2024", adelantó la central obrera en una publicación en su cuenta oficial de X (Twitter).

El 26 de enero la CTA Autónoma había intimado mediante una carta documento a la Secretaría de Trabajo a convocar de forma urgente al Consejo del Salario Mínimo. Días después la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos fracciones de la CTA aumentaron la presión demandando la convocatoria urgente al Consejo del Salario.

Héctor Daer, cotitular de la CGT afirmó luego del paro general con movilización al Congreso que el próximo objetivo será lograr la convocatoria al Consejo ante la necesidad de "compensar el ajuste" aludiendo a la disparada de la inflación que se produjo a partir de diciembre.

La última actualización se ordenó el 29 de agosto del año pasado cuando se aumentó el SMVM de octubre, noviembre y diciembre de este año a 132.000 pesos, 146.000 pesos y 156.000 pesos mensuales respectivamente^[1].

Monotributo (consorcistas y administradores): Según el SMVM se determinan las categorías del monotributo, el monto de la cuota mensual y las posibilidades de acceder al monotributo porque no puede ser monotributista el trabajador que se encuentre en relación de dependencia con un empleador que les paga un salario superior al SMVM.

Aportes jubilatorios (consorcios y encargados): Los aportes jubilatorios de los trabajadores se calculan sobre la base del SMVM. Esto significa que el monto de la jubilación futura de un trabajador está directamente relacionado con el SMVM que haya percibido durante su vida laboral.

Prestaciones por desempleo (encargados): El monto de la prestación por desempleo se calcula en base al SMVM. Los trabajadores que se encuentren desempleados pueden acceder a un beneficio equivalente al 50% del SMVM.

Asignaciones familiares (encargados): El monto de las asignaciones familiares se actualiza en base al SMVM. Las familias con hijos menores de edad o con discapacidad pueden acceder a un beneficio mensual que se calcula en base al SMVM.

Montos inembargables (encargados y administradores): Por último, el SMVM se utiliza en el cálculo de los montos inembargables de los sueldos.

Así fue establecido por el Decreto 484/87 del 26 de marzo de 1987 que reglamentó los artículos 120º, 147º y 147º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

Año nuevo con problemas viejos

Concentración en mayo de 2023 por los mismos motivos: contra el ajuste, por recomposición salarial y en defensa del oficio. [Foto SiPreBA]

[BPN-15/02/24] El pasado 31 de enero la Comisión Interna Página/12 llamó a un cese de tareas en ese medio exigiendo en lo inmediato una suma de emergencia. Buscan también la apertura de una negociación paritaria en la que se puedan analizar propuestas que compensen el deterioro de sus salarios.

Días después, el 9 de febrero denunciaron que la patronal de Página/12 es "empobrecedora y antisindical", y explicaron: "El Grupo Octubre y Editorial La Página SA volvieron a otorgar aumentos discrecionales mientras mantiene congelados los sueldos de la inmensa mayoría de su planta. Sabemos que la actitud, antisindical y discriminatoria pretende quebrar el plan de lucha que desde hace un mes sostiene la asamblea de trabajadores en reclamo de mejoras salariales en medio de la brutal inflación de los últimos meses".

Página/12 es propiedad –junto con Canal 9, AM750 y otros medios- del Grupo Octubre ^[1] que a su vez pertenece al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) cuyo único titular es Víctor Santa María quien es presidente del Congreso Metropolitano de Partido Justicialista.

La medida de fuerza había sido votada el 19 de enero en la última asamblea de trabajadores ^[2] de Página/12 y se llevaría a cabo de no contar con respuestas satisfactorias al petitorio de emergencia que fue presentado a la patronal como consecuencia de los tiempos de emergencia económica que se atraviesan.

Los trabajadores de Página/12 informaron textualmente: "Mientras nuestros salarios siguen alejándose de las canastas básicas de pobreza e indigencia, la empresa se niega a pagar una suma fija a cuenta del acuerdo paritario que viene demorado por las cámaras empresarias y -si bien ha actualizado los pagos por colaboraciones y teletrabajo- los aumentos están lejos de lo que requerimos para afrontar mínimamente el encarecimiento exorbitante que sufrió nuestro [costo de] vida durante las últimas semanas".

Explicaron por qué las cifras son alarmantes:

Es de recordar que estos reclamos no son nuevos. Los trabajadores pasaron las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo luchando por sus salarios.

El 26 de diciembre informaron su plan de lucha: "Asambleas, ceses de tareas y diversas acciones de reclamo en las redacciones y lugares de trabajo para exigir urgente reapertura de paritarias en nuestro sector".

Más atrás en el tiempo, el 2 de septiembre del año pasado realizaron una jornada de huelga exigiendo dos cosas: una recomposición salarial y el fin de su "política antisindical". Ésta consistió en otorgarle mayores aumentos a quienes no se suman a las medidas de fuerza con el objetivo de debilitar su organización gremial.

Explicaron que "desde que el Grupo Octubre tomó el control del diario en 2016, los salarios se deterioraron muy por debajo del promedio de la economía" ^[3]

Las escalas siguen perdiendo

[BPN-15/02/24] Durante el segundo mes de 2024 el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá fuertemente contra la inflación en todos los frentes: -18 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, -43,95 puntos en lo que va del año y -193,21 puntos en el cálculo interanual.

En febrero el promedio de las escalas salariales no variará con respecto al mes pasado. Esto se debe porque hasta ahora no trascendió que se haya firmado algún acuerdo paritario durante febrero tal cual había prometido Víctor Santa María el 31 de enero en sus redes sociales.

Durante el segundo mes de este año el promedio de las escalas salariales seguirá siendo de 316.838 pesos mensuales.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta febrero será de -1,64%. Esto se debe a que no se percibirá el bono de 20 mil pesos

El promedio de las escalas salariales de febrero del 2023 fue de 159.440 pesos.

El incremento interanual de las escalas salariales desde febrero del año pasado hasta el mismo mes de éste será de un 98,72%.

El promedio de las escalas salariales de febrero del 2023 fue de 159.440 pesos.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de enero fue de un 20,6% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación febrero será del 18,2%.

Según estos números, la inflación interanual de este mes será de un 291,93%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en febrero volverá a ser de 182.919,61 pesos bruto a los que se deben descontar 4.503,82 pesos en concepto de "Obra social s/haberes PAMI".

En dólares, este haber mínimo representa 214,94 dólares al precio oficial o 167,82 dólares según el mercado blue ^[5].

En febrero del año pasado ese haber estuvo en 60.124,24 pesos.

Lamentablemente este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación mensual (-18 puntos), la acumulada anual (-42,31 puntos) y contra la medición interanual (-87,69 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación este mes debería ser de 288.267 pesos mensuales (u$s 216,28 promedio a valor oficial).

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional incluido el bono no remunerativo del 20% que se paga en diciembre.

[2] La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

[3] Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

[4] BPN Nº 591 del 20/12/16: "12% de aumento para diciembre, bono del 20%, 2º SAC y 5 feriados"

Estimado Sr. Director:

A pesar de que las paritarias de la propiedad horizontal no son las más difíciles del mundo laboral argentino, últimamente sus acuerdos se comunican tarde y mal, aún en los casos en que se firmaron en tiempo y forma. Otra vez parece ser que los miembros paritarios están dejando para el último minuto la comunicación de las novedades en los salarios de los encargados.

A esto se le debe agregar que las tres entidades de administradores que conforman la mesa paritaria y la FATERyH comunican las interpretaciones de los clausulas acordadas en forma poco clara y en muchos casos se contradicen entre ellos mismos.

Esto causa malestar entre los encargados, duplica el trabajo de los administradores y genera tensiones gratuitas entre encargados, consorcistas y administradores.

Un ejemplo fue el acuerdo del 6 de noviembre del año pasado que realizó una "recomposición salarial" de un 8% para octubre, un 7% para noviembre y otro 7% para diciembre.

En primer lugar, ese acuerdo incluía un porcentaje retroactivo para el mes anterior o sea que se debieron realizar rectificativas o complementos a las liquidaciones de sueldos con el consiguiente gasto en tiempo y dinero para los consorcios. Otra opción pudo haber sido dejar los aumentos para el mes siguiente y trasladar el malestar a los encargados pero la mayor parte de los administradores prefirieron hacer un esfuerzo a su propia costa y pagar cada mes lo que correspondía.

En segundo lugar, a pesar de que el acuerdo se había firmado a principios de mes y se homologó once días después, el día 22 todavía no había sido difundido por los miembros paritarios tal cual es su obligación. O sea que a fines de noviembre la comunidad consorcial se desayunó que había retroactivos a octubre y que llegaban justo para liquidar las actualizaciones de noviembre. De esto son responsables todos los miembros paritarios, tanto los que dicen representar a los consorcios como a los encargados.

La plata de los sueldos sale de los consorcistas y el administrador la debe recaudar. La imposibilidad de comunicar y recaudar el dinero en forma ordenada trae tensiones gratuitas entre los propietarios y sus administradores que padecen este desorden tanto como ellos.

En tercer lugar los paritarios interpretaron que los porcentajes del 8%, 7% y 7% se debían calcular sobre las escalas de agosto, luego se desdijeron y aclararon que se calculaban sobre el total de los ingresos excluido el bono de 20 mil pesos en los casos que correspondía. Todo genera incertidumbre y trabajo que no paga nadie.

Uno supone que la FATERyH sabe lo que quiere al momento de firmar un acuerdo, entonces, ¿por qué no lo explica claramente? Hasta ahora nadie se opuso a sus exigencias cuando fueron claras y concisas. Después se quejan que sindicatos y sindicalistas tienen mala prensa. Hasta lo que es gratis hacen mal.

Ahora estamos al día 15 del mes. Hace mucho tiempo se había adelantado que en a fines de enero se recompondrían los salarios y –como si esto fuera poco- hace poco Víctor Santa María informó por video a los encargados que el miércoles 7 de este mes habría novedades. Sin embargo, hasta hoy viernes... nada.

Todo hace creer que a fin de mes o principios del mes que viene se firmara un acuerdo –si no se firmó ya- que establecerá porcentajes o sumas retroactivas a febrero que -otra vez en forma totalmente innecesaria- generará doble trabajo y malestar en la comunidad consorcial

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