Se crearía el Consejo de la Propiedad Horizontal por decreto

[BPN-20/10/16] El pasado 15 de octubre, AIPH ^[1] denunció que el Poder Ejecutivo porteño decretaría la creación de un Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal en el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de esta ciudad. Así lo hizo saber esa entidad de administradores el sábado a las 16:16 hs. mediante su página de Facebook. Este Consejo Consultivo sería un organismo permanente de consulta, investigación, información y asesoramiento.

Si bien –a diferencia de la Ley 5.464 (Ley Muñoz) ^[2]- el organismo a crearse no tendría la capacidad de obligar porque sus disposiciones no serían vinculantes, la composición y cantidad de sus miembros garantizan una mayoría automática en favor del SUTERH para cualquiera de sus recomendaciones o declaraciones.

Ante la pregunta de un consorcista, Vilma Bouza, directora general de DyPC porteño, habría desmentido que se esté estudiando crear un consejo consultivo de este tipo y Rita Basile, secretaria parlamentaria del legislador Daniel Del Sol (PRO) habría expresado que es un "rumor infundado".

Un proyecto casi idéntico al que ahora el Poder Ejecutivo pretende imponer por decreto, había sido presentando el 26 de abril por los legisladores Hernán Arce y Roy Cortina (Partido Socialista) en la Legislatura porteña pero, al día de hoy, no había prosperado [BPN Nº 576 del 12/05/16: "Proponen crear un Consejo Consultivo consorcial"].

El nuevo Consejo Consultivo estaría integrado por el Director General de Defensa y Protección al Consumidor -quien ejercería el rol de Presidente-, tres representantes de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para el sector, tres representantes de las entidades de consorcistas, dos representantes del SUTERH ^[3], dos representantes de entidades que se ocupen de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, dos representantes de SEARA ^[4] y un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los miembros del Consejo ejercerían sus funciones con carácter honorario.

A los efectos de este análisis se dividieron los votos de cada uno de los grupos en "Independiente", "Con afinidad política" y "Con afinidad gremial". Si bien estos criterios no son estrictos servirán para tener una idea del balance de fuerzas que existiría en el nuevo organismo a crearse.

Dentro del grupo "Independiente" se inscribieron al Director de Defensa y Protección del Consumidor porteño, a las tres entidades de consorcistas y a las entidades de Defensa del Consumidor. En total suman seis votos.

El grupo "Con afinidad política" está integrado por el representante de la Defensoría del Pueblo: un voto.

Por último, el grupo "Con afinidad gremial" está compuesto por las tres entidades de administradores que firman los CCT del sector, los dos representantes del SUTERH y los dos representantes de SEARA. Total siete votos.

O sea que cualquier declaración o recomendación que emitiera el Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal debería contar con los ocho votos favorables del SUTERH contra los seis votos que suman el Estado y los vecinos.

Se reitera que esta clasificación de los votos no es ni taxativa ni inmutable. Como no existe un mecanismo para que los consorcios puedan elegir democráticamente una entidad que los represente en sus intereses (parecería que se los nombraría a dedo), puede pasar que todas, alguna o ninguna voten por algún tipo de afinidad en sintonía con los delegados del gremio de los encargados. También el Director de Defensa del Consumidor -como ya ha pasado- puede ser más o menos permeable a las exigencias del sindicato. Por otra parte, en los tiempos de Alicia Pierini, la Defensoría del Pueblo estaba enfrentada políticamente con Víctor Santa María mientras que ahora, el titular del SUTERH y Alejandro Amor comparten proyecto político. Por último la CAPHyAI, a la hora de discutir paritarias para el sector, en varias oportunidades y en solitario no alineó con las demandas del gremio. En resumen, esa clasificación sólo brinda una base para entender cómo nacen las relaciones de fuerza en la entidad que se crearía.

Otro de los puntos que llamó la atención es que, tanto en la Ley Muñoz como en este proyecto, las entidades de administradores que "están habilitadas" para sentarse son tres aunque en el sector existen seis. Las excluidas son: AIPH, FRA ^[5] y APARA ^[6].

Según los fundamentos del proyecto que había presentado Arce –y de no haber sido modificados- esta nueva entidad tendrá como objetivos:

a) Funcionar como organismo permanente de consulta, investigación, información y asesoramiento;

b) Fomentar la promoción, defensa y garantía de los derechos e intereses de los actores de la propiedad horizontal;

c) Jerarquizar el rol de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en asuntos relativos a la propiedad horizontal;

En otro orden de cosas serán funciones del Consejo (se subrayaron aquellos puntos para los cuales las mayorías son muy importantes por sus implicancias políticas o económicas):

a) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger y educar a los actores que participan en las relaciones de propiedad horizontal, así como también la elaboración de programas y políticas públicas.

b) Formular recomendaciones en temas o casos que afecten el adecuado ejercicio de la actividad de administración de consorcios;

c) Organizar e implementar foros de debate para la participación plural de las personas que integran los consorcios de propiedad horizontal;

d) Buscar y proponer soluciones a los conflictos que pudieren surgir entre los actores de la propiedad horizontal;

e) Coadyuvar en la capacitación de los administradores de consorcio, brindando cursos de formación y actualización. Todos ellos de carácter optativo y gratuito;

f) Elaborar documentos e informes, estadísticas globales y específicas, y formular análisis y proyecciones sobre toda temática relacionada con su competencia;

g) Dictar su propio reglamento interno el que, entre otras cosas, establecerá reuniones públicas y periódicas, con carácter al menos bimestral;

h) Colaborar con organismos públicos o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación en materia de propiedad horizontal;

i) Emitir recomendaciones y declaraciones

Los consorcios podrían ser representados por sus entidades

[BPN-20/10/16] Siete diputados nacionales promueven que sea facultad de las asambleas de consorcios decidir qué organización civil los representara en las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) del sector. Para lograr este objetivo, el 21 de septiembre presentaron un proyecto de ley para modificar dos artículos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, uno se refiere a las facultades de la asamblea de copropietarios y otro a la representación legal del consorcio <texto original>.

De ser aprobada esta iniciativa, la representación laboral podrá ser ejercida por una "organización civil", por "concejales del municipio" o un "comunero" siempre y cuando no fuere incompatible con el cargo, sea permitido en las jurisdicciones y fuese ad honorem.

Actualmente los CCT de los encargados de edificios se negocian entre la FATERyH ^[1] representando a los trabajadores y tres entidades de administradores: AIERH ^[2], CAPHyAI ^[3] y UADI ^[4].

Este proyecto está compuesto por tres artículos de los cuales uno es de forma y está identificado con el número de expediente 6.491 <texto original>. Fue firmado por: Cornelia Schmidt Liermann, María Paula Lopardo, Eduardo Raul Conesa, José Luis Patiño, Marcelo German Wechsler, Eduardo Augusto Cáceres, Paula Marcela Urroz. Todos pertenecen a la Unión PRO. Cinco diputados son de la Ciudad de Buenos Aires, uno de San Juan y una de Buenos Aires, respectivamente.

Ya en detalle, la iniciativa propone agregar al artículo 2.058 del Código Civil y Comercial de la Nación un inciso d) que agrega una nueva facultad a la asamblea de propietarios:

"La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver:

[...]

"e) Que organización civil los representara con legitimación suficiente en las negociaciones colectivas de salarios y relaciones laborales de sus empleados ante la Autoridad de Aplicación que correspondiere; pudiendo ser dicha representación ejercida por concejales del municipio y/o comuneros -en el caso de la Ciudad de Buenos Aires- siempre y cuando esto último no fuere incompatible con el cargo, exista consentimiento de su parte, sea permitido en las jurisdicciones y este actuar fuere ad honorem".

Por otra parte, separa la representación legal del consorcio –tratada por el artículo 2.065- en dos: mantiene al administrador como representante legal del consorcio con el carácter de mandatario pero agrega a entidades de consorcistas, concejales o comuneros como sus representantes en las negociaciones colectivas de salarios y relaciones laborales.

En este sentido agrega a ese artículo un párrafo que expresa:

"... En las negociaciones colectivas de salarios y relaciones laborales de sus empleados, los consorcios podrán estar representados por federaciones de asociaciones civiles de consorcios, copropietarios y consorcistas, que posean la respectiva personería jurídica o por los concejales de los respectivos municipios o comuneros, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esto último siempre que sea permitido en las respectivas jurisdicciones y este actuar fuere ad honorem".

Los legisladores plantearon que "el presente proyecto tiene como objetivo incorporar al nuevo Código Civil y Comercial elementos que permitan una efectiva protección de los derechos de los Consorcistas en las negociaciones de las paritarias y una participación activa habida cuenta que en ese ámbito se definen y se acuerdan cuestiones que tienen como último eslabón de la cadena el interés legítimo de los propietarios".

Además sostuvieron que "es necesario que exista una normativa y un ámbito de protección legal que regule con seguridad jurídica quienes serán los que representarán a los Consorcistas, dado que la práctica y los hechos han demostrado que son las Cámaras y otras organizaciones las que terminan acordando bonos, aumentos de expensas, negociaciones de paritarias entre otras medidas sin el conocimiento ni consentimiento por parte de los principales afectados, quienes toman conocimiento cuando el hecho ya se encuentra consumado.

"Es de público conocimiento que los administradores, a través de las tres entidades que los nuclean (sus siglas son AIERH, CAPHAI y UADI) son quienes discuten en paritarias con SUTERH, el gremio de los encargados de edificios. Con que dos de las tres organizaciones aprueben una suba salarial, es suficiente para llevar a la practica el aumento. Esto vino ocurriendo los últimos años, y por eso los encargados siempre consiguieron importantes aumentos.

"Así, las asociaciones de consorcistas se han expresado hasta el cansancio de transmitir que los administradores no los representan, y piden sentarse a la mesa, algo que el Ministerio de Trabajo de la Nación hasta ahora nunca avalo".

Por último resaltaron que "la participación ciudadana es uno de los principios pilares de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y de la democracia, y nadie debería oponerse a ello, lo que si está claro es que cuanto mayor participación exista, directamente proporcional será la capacidad de diálogo y consenso que deberán lograr en el ámbito de las paritarias"

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[1] FATERyH: Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[2] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[3] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

El caso es investigado por la Comisaría 2ª de la Policía de la Ciudad y, a nivel judicial, por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 1, subrogada por la fiscal Estela Andrades.

El jueves 6 de octubre, alrededor de las 20:30 hs., Podjarny salió de la sede de la Superintendencia en Av. Julio A. Roca 721 y se dirigió al garaje situado en Moreno 761 para retirar su auto y volver a su domicilio.

Al ingresar al estacionamiento, tres hombres armados, a los golpes lo secuestraron junto al encargado del garaje, le robaron mil pesos de su billetera, las llaves de su casa y su auto, un Ford Mondeo.

A continuación dos de los delincuentes fueron hasta su departamento en Malabia al 2.400 en el barrio de Palermo, subieron al séptimo piso, con las llaves sustraídas ingresaron al departamento donde se encontraba su esposa e hijos y, luego de revolver todo, sustrajeron algunos artículos de valor.

A las 23:30 el funcionario fue dejado en libertad.

A consecuencia de los golpes y culatazos recibidos durante su cautiverio fue en principio trasladado al Hospital Argerich y más tarde derivado a la Clínica Bazterrica donde permaneció internado en observación.

Según detalló el vicesuperintendente, Guillermo Bolado, los malvivientes "sabían su nombre, su cargo y dónde está su domicilio". Clarín informó textualmente que éste reveló datos que levantan sospechas: "Ya tenían la dirección de su casa, no sabían el piso. Le pidieron la llave y se fueron en su auto a la casa. Lo dejaron sangrando [tiene heridas cortantes en la cabeza y la cara] pero no le robaron ni el reloj, ni la billetera". Agregó también que los delincuentes ingresaron al edificio en otro auto, no en el del superintendente. Hablaron con la seguridad y estuvieron en la cochera de la familia durante 40 minutos. "Se llevaron poco dinero, no robaron celulares ni joyas. Pero dieron vuelta todo", detalló Bolado. Y siguió: "A Podjarny le dijeron 'anoche te salvaste porque estabas con el Vicesuperintendente'. Es verdad que estaba conmigo. Nos vieron el miércoles a la noche en la puerta de la cochera".

El estacionamiento contaba con cámaras de seguridad pero los investigadores no pudieron acceder a los videos porque los delincuentes sustrajeron la computadora donde se almacenan las imágenes.

En general, varios medios nacionales informaron que desde el entorno del titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no se descarta que haya sido "un apriete debido a su función pública".

El diario La Nación sostuvo que hay dos posibles móviles para este delito: "algunos relacionaban el hecho con el fin de negociados de empresarios kirchneristas del mundo de los seguros de autos. También remarcaban la denuncia que el organismo [por la Superintendencia de Seguros de la Nación] efectuó en julio a Interacción SA. Sin embargo, Bolado minimizó esa versión. "Eso ya está en el pasado. Además, cuando se cierra una ART hay un fondo de reserva que cubre los siniestros. No hay gran impacto, porque hay un fondo que paga", explicó.

Por otra parte, Página/12 –medio que pertenece al Grupo Octubre- no vinculó lo ocurrido con la liquidación forzosa de la ART de los encargados de edificios. Este matutino especuló sobre dos posibles móviles para el hecho. Uno de ellos, proveniente desde la SSN, se relaciona con las repercusiones desatadas en el organismo por la investigación de la contratación directa que la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (SOFSE) firmó con Aon, cuyo gerente, Jorge González Galé, "estaba ligado al grupo SOCMA (Macri)". La otra especulación era que "el botín en efectivo que los delincuentes sustrajeron de la casa del funcionario sea mucho mayor a lo que los familiares declararon tras el robo".

Los sitios webs TN y Big Bang News! tampoco destacaron el problema que había tenido la ART de Santa María. Sin embargo, el primero sostuvo que había algunas versiones que indicaban que los delincuentes estaban buscando papeles en el departamento del Superintendente de Seguros de la Nación. El segundo mencionó la posibilidad de que sea un apriete vinculado con la fiscalización de las compañías de seguros y los operadores de mercado

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[1] SUTERH: Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[2] FATERyH: Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

Fuentes consultadas:

Esta iniciativa tiene el número de expediente 3130 –D-2016, tiene dos artículos y uno de ellos es de forma <texto original>.

Los autores del proyecto manifestaron que "los encargados y encargadas de edificios constituyen una comunidad esencial en la vida de nuestra ciudad. Dueños de una identidad profesional única en el mundo, su trabajo resulta fundamental e insustituible para el funcionamiento de cada uno de los edificios de departamentos que se levantan en nuestra gran metrópoli. Su tarea se proyecta también a la dinámica cotidiana de la ciudad de Buenos Aires, ya que su diaria labor contribuye a hacer más vivible el hábitat de los porteños. Cuando Buenos Aires se despereza, una red invisible de miles de mujeres y hombres se ponen en movimiento e inician sus tareas haciendo posible que sus veredas amanezcan limpias, sanas y respirables.

"El permanente y creciente compromiso de las trabajadoras y trabajadores de edificios para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo urbano moderno, son mérito más que suficiente, a 74 años de su fundación el 2 de octubre de 1942, para que se establezca oficialmente dicha fecha como el Día del Trabajador de Edificios de propiedad Horizontal, en un reconocimiento más que justo y merecido por parte de la Ciudad y sus vecinos".

Para lograr su objetivo ordenó la creación de un Registro Municipal de Edificios con la finalidad de generar una base de datos informatizada con un detalle de todas aquellas edificaciones en altura, cualquiera sea su destino, cuya construcción supere la planta baja y tres pisos.

Desde el despacho de Leonardo Simoniello (UCR), autor del proyecto, especificaron que en el Registro se podrá consignar también cantidad de pisos, de ascensores, de módulos de estacionamiento, retardadores pluviales y cualquier otro dato que consideren pertinentes.

"Creemos que esta información es de suma importancia para los propietarios o inquilinos de los departamentos del edificio, como también para los vecinos de la zona en la que se pretende construir o se está construyendo un edificio, porque permite evitar situaciones de desconocimiento que pongan en peligro tanto los bienes como la salud de las personas", le comunicó a Pequeñas Noticias un vocero del Concejal.

Según informó un medio local ^[1], el viernes 12 de agosto se evacuó un edificio porque uno de los habitantes denunció que había rajaduras en las baldosas de los pisos de su vivienda. Los locatarios no pudieron retornar a sus departamentos porque el inmueble no contaba con el final de obras correspondiente y debió ser clausurado.

"Situaciones como estas suponen no sólo un perjuicio económico sino también emocional para las familias afectadas, ya que su propio hogar junto a sus pertenencias se vieron perjudicados. La pregunta que surge es si esta situación podría haberse evitado, y es en este sentido que propusimos esta resolución que impulsa la creación de un Registro Municipal de Edificios", manifestó Simoniello

La iniciativa cuenta con seis artículos, uno de ellos de forma y tiene el número de expediente 3.099 <texto original>.

En detalle, el proyecto de Ferraro busca crear beneficios nuevos y ampliar los existentes:

1.- En las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad se aplicarán reducciones en el pago de los derechos de delineación y construcción a aquellos trámites que incluyan la construcción de una o más cubiertas vegetales.

2.- Los propietarios de edificaciones que mantengan Techos Verdes, gozarían de una mayor reducción en el importe del ABL.

3.- Se diseñará una línea de crédito para subsidiar hasta un 50% del costo del diseño y la construcción de terrazas y techos verdes.

4.- EL Gobierno porteño proveerá plantines de vegetación autóctona de manera gratuita a aquellos propietarios que lo soliciten con el fin de construir un Techo o Terraza Verde.

Por otra parte el proyecto –de ser aprobado- obligará al Gobierno porteño a publicar en su sitio Web el registro de edificios con terrazas y techos verdes a fin de difundir las prácticas llevadas a cabo en la Ciudad, funcionando como una base de datos para los posibles interesados. Asimismo, difundirá información relevante acerca de los distintos tipos de terrazas y techos verdes, modos de instalación y de los beneficios establecidos por la ley. Por último, incorporará el procedimiento a seguir para poder gozar de los descuentos y beneficios previstos por la Ley en la búsqueda de una mayor participación de los vecinos.

El legislador argumentó que sabe que la implementación de Techos y Terrazas Verdes es una realidad en algunas edificaciones de la Ciudad tanto nuevas como existentes pero advirtió que los beneficios que dicha ley brinda son mínimos por lo que los propietarios prefirieron no hacer los trámites necesarios para alcanzar los mismos.

Según sus autores, el objetivo de esta iniciativa es disminuir el consumo de energía en la Ciudad dado que se estima que el recambio de luminarias por LED genera un ahorro de energía superior al 40% en relación con las tecnologías convencionales.

De aprobarse este proyecto, los usuarios podrán retirar las lámparas en los locales adheridos a EDESUR o en las instituciones públicas que en el futuro determine la autoridad de aplicación designada por el Gobierno de la Ciudad. Para recibir las cuatro lámparas, los titulares del servicio deberán presentar su documento de identidad, última factura de EDESUR original paga a su nombre y no deberán tener deuda con esta empresa.

Es de destacar que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos empresas distribuidoras de energía: EDENOR Y EDESUR, pero en esta iniciativa –tal cual está redactada- parecería que sólo se beneficiarán los usuarios de la segunda.

Los legisladores aclaran en los fundamentos que para que haya un impacto real el recambio masivo de lámparas deberá estar acompañado por una campaña –previa y simultánea- de difusión, educación y concientización a la población en general. De esta manera, "se dará a conocer la importancia de la propuesta y las características de la tecnología LED, así como la necesidad de generar nuevos hábitos de consumo energético".

El proyecto lleva el número de expediente 2.641, tiene seis artículos, uno de ellos de forma y actualmente se encuentra en la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios <texto original>

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El edificio se provee de energía de dos formas diferentes: por una parte hay termotanques solares que proveen agua caliente tanto a las unidades funcionales como a los espacios comunes y por otra se instalaron paneles fotovoltaicos que le brindan energía eléctrica. Según medios locales, esto va a reducir en forma "notable" no sólo el consumo de gas y electricidad sino también el monto de las expensas, dado que los vecinos no deberán pagar la electricidad de los espacios comunes.

"Según el CONICET ^[1], Mendoza tiene en promedio 330 días de radiación solar, es una pena no aprovecharlo para generar energía reemplazando las que que generamos con petróleo, gas y carbón, que son tan contaminantes" explicó en Radio Nacional ^[2] el gerente de la constructora responsable del proyecto. Develó también que estas características encarecieron el proyecto sólo en un 3% del total del costo. "Es muy poco considerando los beneficios", agregó. 

En cuanto al impacto en el medio ambiente, el gerente de la constructora informó que este edificio genera el mismo beneficio medioambiental para la provincia que un bosque de 15 hectáreas. Especuló también que en un futuro, de cambiarse la legislación vigente, este tipo de construcciones podrían vender a la red nacional los excedentes de energía que el edificio genera

La iniciativa radical busca establecer que los planes de adjudicación de viviendas que se ejecuten mediante el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) sean equipadas con termotanques solares o con otras formas de ahorro energético. Además estipula que –de aprobarse- la reglamentación tendrá que incluir un protocolo de capacitaciones con la finalidad de adecuar los parámetros de calidad que se exigen en la construcción de viviendas sociales y un programa para fomentar la fabricación de termotanques solares y así desarrollar la industria local y evitar la dependencia de la importación. También se deberá tener en consideración las condiciones climáticas a la que tendrá que adaptarse la infraestructura para resultar adecuada según las diferentes regiones.

Los diputados del PRO proponen que se implementen mecanismos para el aprovechamiento de energías de fuentes renovables en todas las viviendas que tengan algún grado de financiación por parte del Estado. Algunos ejemplos de energías renovables son: la eólica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz y la hidráulica. En el caso de aprobarse, la autoridad de aplicación determinará los medios para cumplir los objetivos de esta iniciativa, teniendo en cuenta la localización geográfica, el clima y demás variables pertinentes para la construcción de estos edificios, dependiendo de la región.

El proyecto de la UCR lleva el número de expediente 6.585, ingresó en Diputados el 23 de septiembre, tiene cuatro artículos -uno de ellos de forma- y está firmado por Gustavo A. Valdes (Corrientes) y por José Luis Riccardo (San Luis) <texto original>.

La iniciativa de Unión PRO fue firmada por 13 diputados: Leandro López Koenig (Neuquén), Sergio Buil (Buenos Aires), Sergio Wisky (Río Negro), Facundo Garreton (Tucumán), Elva Balbo (Mendoza), Cornelia Schmit Liermann (Ciudad de Buenos Aires), María Paula Lopardo (Ciudad de Buenos Aires), José Carlos Nuñez (Santa Fe), Carlos Roma (Tierra del Fuego), Paula Urroz (Buenos Aires), Álvaro González (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Sorgente (Ciudad de Buenos Aires) y Eduardo Amadeo (Buenos Aires). Ingresó en el Congreso el 21 de septiembre, lleva el número de expediente 6.458, tiene seis artículos y uno de ellos es de forma <texto original>.

Ambos proyectos consideran que la implementación de energías renovables en las viviendas tendría no sólo un efecto económico en los residentes sino también en el medioambiente. Los legisladores de la UCR manifestaron que especialistas que estudiaron el gasto energético de un termotanque solar, llegaron a la conclusión que permite ahorrar el 70 por ciento del gas que se utiliza para obtener agua caliente. Esto permitiría pagar el costo de la diferencia de un calefón tradicional a uno solar en unos cuatro años. Como para calefaccionar el hogar se tendría que seguir utilizando garrafas los diputados argumentaron que "sería más sensato subsidiar la colocación de calefones solares como un complemento a los subsidios de garrafas. Esto permitiría disminuir la dependencia de combustibles que hoy importamos y ayudar a resolver el problema del cambio climático global, el cual ya nos está pasando factura".

Por su parte, los diputados de Unión PRO explicaron que "el presente proyecto de ley tiene como objetivo incorporar técnicas y materiales específicos al diseño y a la construcción de las viviendas sociales para tornarlas energéticamente eficientes. Esto significa que, mediante el aprovechamiento de energías provenientes de fuentes renovables, el empleo de material de construcción adecuado y la aplicación de diseños inteligentes, se podrá reducir el consumo de energía producida por fuentes tradicionales, generando un impacto positivo en toda la red energética del país".

En este mes de octubre, se festeja el día del Trabajador de Propiedad Horizontal, que lo determinó el artículo 13 del Convenio Colectivo de Trabajo: "Se establece el día 2 de octubre de cada año como el Día del Trabajador de Propiedad Horizontal. Dicho día el personal estará franco total de servicio; de trabajarlo deberá ser abonado independientemente como feriado".

Todos los años suele presentarse la duda de cómo liquidarlo y para ello hay que tener en cuenta que para el sector de la propiedad horizontal es como un día feriado cualquiera: si el trabajador concurre a su trabajo se paga al 100%; sino trabaja y lo goza, ese día no se descuenta pero tampoco se abona.

Este año 2016, el día 2 de octubre cayó en domingo por lo tanto se debe abonar solo si el trabador ese día domingo trabajó. Si no fue a trabajar, no hay que abonarlo.

Rincón Solidario

Quieren sacarle la hora de los domingos

Hola:

Tengo una encargada que es personal jornalizado.

Trabaja los lunes, miércoles y viernes 4 horas, los martes y jueves 1 hora y los domingos una hora extra por retiro de residuos.

Los copropietarios quieren sacar la hora de los domingos porque son nada más que seis unidades y no se justifica.

¿Puedo sacárselas?

Gracias.

Maria [CABA]
(27/10/2016)

Estimada María:

En repuesta a su consulta en principio es dable recordar cuáles son los derechos del empleador.

El artículo 64º de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) dice expresamente:

"El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento".

De acuerdo al artículo citado, el administrador tiene la facultad para quitar o reducir las horas extras, no obstante hay discordancias en la doctrina y en la jurisprudencia, en cuanto a si éstas, dado la antigüedad de su goce, es un derecho adquirido por el trabajador.

En mi experiencia laboral son muchas las consultas que recibo en las que informo que hay fallos judiciales que le atribuyen a las horas extras carácter remuneratorio por lo que no pueden ser quitadas o reducidas unilateralmente por el empleador y otros que afirman que el otorgar y quitar las horas extras corresponden al derecho de organización del empleador que surge del citado artículo de la LCT.

Es por ello que para medidas de ese tipo aconsejo al administrador que deben ser acordadas en una asamblea.

Para el caso puntual que Ud. relata entiendo que previo al quite de la hora extra se debe conversar con la trabajadora y explicarle la situación económica que atraviesan los consorcios por el aumento de servicios que son del dominio público.

Para el caso de que el consorcio optare por la reducción las acciones que puede ejercer el trabajador son intimar para que se le restablezcan e iniciar acciones para el caso de negativa o bien considerarse despedido en forma indirecta, situación esta última que dependerá de su decisión de perder o no su fuente de trabajo.

En la práctica profesional mi asesoramiento consiste en fundar el quite o reducción de las horas extras, haciendo hincapié en la falta de fondos del consorcio y la facultad del mismo para obrar en cuanto a su otorgamiento.

Es mi deseo haber sido clara en mi respuesta. 

Cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Hola Carmen:

El 2 de octubre de cada año se festeja el Día del Encargado que surge del Artículo 13º del Convenio Colectivo de Trabajo y dice: "Se establece el día 2 de octubre de cada año como el Día del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal. Dicho día el personal estará franco total de servicio; de trabajarlo deberá ser abonado independientemente como feriado".

En octubre de 2016, el 2 de octubre fue domingo por lo tanto se debe abonar al 100% sólo si el trabador ese día domingo trabajó. Si no fue a trabajar, no hay que abonarlo.

Un saludo grandote.

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