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Lluvia de amparos Consejo Profesional: Cumbres borrascosas [BPN-25/03/10] El pasado 19 de marzo un grupo de contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmaron una carta en la que le exigen a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) la presentación de un amparo contra el artículo 3 inc. F –que establece la obligatoriedad de aprobación de cursos de capacitación- de la Ley 3.254, modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA). El espacio para esta reunión lo brindó el Dr. Catalino Núñez, secretario de graduados y relaciones institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Este grupo de profesionales colegiados señaló -en la carta que presentarán en los próximos días en la Mesa de Entrada del Consejo Profesional- que "dado que esta ley se aprobó en diciembre de 2009, creemos que es tiempo de que el CPCECABA presente un amparo en defensa de nuestra dignidad y fuente de trabajo". Los contadores agregaron que "como profesionales de Ciencias Económicas queremos pertenecer a este Consejo y cumplir con nuestras obligaciones, pero también queremos ejercer nuestro derecho de solicitar a las autoridades la defensa de nuestros intereses ante terceros".
"Después de 90 días de inacción y viendo el panorama que se creó, se movieron fuera de tiempo y sólo presentaron una nota, por mesa de entradas al [Director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA] Dr. Juan Manuel Gallo. Creo yo que en 90 días podrían haber hecho muchas más cosas", declaró el Cr. Jorge Luis Scampini, profesor de administración de consorcios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la reunión llevada a cabo en la Secretaría de Graduados.En la carta, los contadores sugirieron además, que "la conformación de una comisión de enlace entre quienes ejercemos esta actividad y un miembro del consejo directivo para mantenernos informados de las gestiones realizadas sobre este tema y aportar nuestras ideas a fin de lograr nuestros objetivos". La carta del Consejo En su sitio Web, el Consejo tiene publicada una nota que le envió al Director General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, en donde le señala que "la formación universitaria y los conocimientos que recibe un profesional en Ciencias Económicas, resultan suficientes para ejercer la función de Administrador de Consorcios, máxime teniendo en cuenta que así lo dispone una ley nacional, por lo que resulta inadmisible que una Disposición [NR: se refieren a la Nº 186/2010 DGDYPC que Defensa del Consumidor -los primeros días de febrero- afirmó que no fue ni oficial ni autorizada] emanada de un organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vulnere derechos establecidos por la ley". "Solicitamos
una vez más a esa Dirección, arbitrar los medios necesarios para eximir
de incluir a los profesionales en Ciencias Económicas matriculados en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires,
de los alcances de la Disposición Nº 186 DGDYPC 2010", concluyó el
Consejo. |
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