Los empleados de las administraciones ahora son de SEARA

[BPN-15/06/25] El pasado 3 de junio la subsecretaría de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano homologó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de los administradores de consorcios porteños que se celebró entre el Sindicato Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

El 12 de diciembre de 2022 se había firmado el primer convenio entre SEARA y las tres entidades de administradores [1] pero debió enfrentarse a la oposición del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) que dio una dura batalla en la justicia para que a SEARA no se le reconociera personería jurídica [2].

Aunque las entidades de administradores signatarios nunca lo difundieron, este segundo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) fue firmado el 17 de abril del año pasado y afectará tanto a los trabajadores de los administradores como a los administradores mismos.

En realidad, ese día se firmó también un acuerdo salarial –el primero de su clase- con el que se pretendía iniciar las discusiones salariales de 2024 pero dado el tiempo trascurrido quedó obsoleto. Un mes antes el Sindicato de Empleados de Comercio había recurrido a la Suprema Corte de Justicia en su lucha contra la sentencia que había dejado firme la personería gremial de SEARA [3] y el Ministerio de Trabajo se mantuvo a la espera de definiciones judiciales antes de resolver.

Finalmente, más de un año después, la Secretaría de Trabajo homologó el CCT (artículo 1º) y el acuerdo salarial (artículo 2º) mediante la Disposición 8/2025.

El 4 de junio la Dirección de Negociación Colectiva registró el Convenio con el Nº 810/25.

El 5 de junio SEARA comunicó la novedad en sus redes sociales.

El 10 de junio la disposición homologatoria fue publicada en el Boletín Oficial.

Hasta ahora ni la CAPHyAI, ni el AIERH, ni la UADI comunicaron la novedad a sus asociados.

Los empleados de los administradores no podrán elegir. Según el nuevo CCT todos los empleados de los administradores porteños pertenecerán a este nuevo sindicato. El artículo 2º del CCT así lo ordena:

Se crean dos únicas categorías de trabajadores: administrativo general y cadete (artículo 4º)

Se establecieron dos adicionales: por antigüedad y por asistencia y puntualidad (artículo 12º).

Se designó el 12 de diciembre de cada año como Día del Trabajador de Administradoras (artículo 23º).

Ese día es inhábil para el trabajador, en caso de tener que prestar servicios será remunerado con un valor del 100% de la suma que le corresponda por ese día de trabajo.

Los trabajadores que aprueben este curso percibirán un adicional del 3% de su salario básico.

Por otra parte, los empleadores deberán efectuar una contribución patronal a favor de SEARA del 2% de la remuneración total buta que el sindicato destinará a la capacitación de los trabajadores (artículo 27º).

La cuota de afiliación que debe pagar el trabajador será de un 2% sobre todos los conceptos remunerativos mensuales que reciba el trabajador (artículo 28º).

Se le retendrá a los trabajadores entre el 2% y el 1,5% [NR: en el acuerdo, en letras dice el 2% pero en números el 1,5%] sobre los salarios sujetos a retenciones jubilatorias aunque no especifica para que fines.

Firmaron este acuerdo Gabriela Pilar Saldivia y otros (SEARA), Osvaldo Primavesi (UADI), Raúl Marcelo Costa (AIERH), Guillermo Alejandro Casella y Miguel Ángel Summa (CAPHyAI)

Se siguen sumando acuerdos sin homologar

[BPN-15/06/25] El pasado 20 de mayo las tres entidades de administradores que negocian los acuerdos salariales en nombre de los consorcios [1] y la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal) acordaron un aumento para los encargados de edificios del 1,1% para junio y un bono remunerativo de 50 mil pesos. Las partes acordaron reunirse en julio.

Este acuerdo no fue ni ratificado por los firmantes ni homologado.

El acuerdo se habría firmado un martes, al día siguiente el miércoles 21 de mayo se presentó por mesa de entrada toda la documentación necesaria para su homologación y ese mismo día fue derivado a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Desde ese momento y hasta la fecha de la redacción de esta nota no se registraron más movimientos en el expediente. Ya pasaron 24 días corridos [2].

Tampoco está homologado el acuerdo presentado el 25 de febrero en el que se había acordado:

1.- Un incremento salarial en marzo del 1,1% a calcular sobre la escala de febrero.

3.- Una cifra fija remuneratoria de 50 mil pesos a TODAS las categorías a pagar en marzo, abril y mayo.

4.- El incremento de la Contribución Solidaria a 24 mil pesos indexados según las escalas salariales del sector.

5.- Un bono del 20% similar al que ya se otorga en diciembre.

La homologación tácita –de no haber novedades por parte de la Secretaría de Trabajo- se podría invocar recién a partir del 26 de junio.

En el supuesto de que se homologaran los dos acuerdos en junio las escalas salariales de los encargados habrán ganado contra la inflación mensual 19,04 puntos porcentuales (pp) porque en junio recibirán un aumento del 21,4% mientras que la inflación está estimada en un 2,2%. La diferencia entre mayo y junio será del aumento del 1,1% más el bono del 20%.

Habrán perdido en el acumulado anual -5,21 pp porque el promedio de las escalas salariales desde enero a la fecha aumentó un 12% mientras que la inflación está estimada en un 17,21%.

Habrá ganado en la medición interanual 22,79 puntos porcentuales porque el promedio de escalas salariales aumentó en el último año 64,78% mientras que la inflación está estimada en un 41,99%

La Plata llama a la plata

[BPN-15/06/25] El pasado 19 de mayo trascendió que la Municipalidad de La Plata aumentó la tasa de renovación del Libro de Ascensores de 20 mil pesos a 200 mil pesos semestrales. Se trata de un aumento del 900% y afecta por igual tanto a los edificios que tienen un sólo ascensor como al que tiene varios.

El 22 de mayo el Adm. Ariel Coppari vicepresidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata en el marco de una entrevista en el programa de radio "¿De qué lado estás?" dio algunos detalles sobre la frecuencia de la erogación y sobre otros gastos que debe afrontar el consorcio: "Cada seis meses el municipio solicita que le llevemos el libro para cortar las hojas y verificar lo que asentó la empresa de ascensores [...] paga lo mismo un edificio de 100 unidades con cuatro ascensores que un edificio de un ascensor con diez departamentos [...] después tenés el costo del libro que cuando se termina -dura más o menos dos años- renovarlo sale 500 mil pesos".

La tasa es un trámite administrativo municipal obligatorio para que se considere actualizada la documentación vinculada al funcionamiento técnico de los ascensores. El aumento llegó a la mayoría de los consorcios y las boletas con vencimiento en junio ya reflejan el nuevo valor.

No es el único impuesto que terminan pagando por propietarios de un departamento por sus ascensores. Desde que se instala hasta el fin de su vida útil diferentes actores deberán abonar una serie de importes que finalmente se trasladarán tanto al precio de compra como a las expensas mensuales.

Según medios locales la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata mantuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Obras Particulares, quienes les informaron que trabajaban en un modelo de ajuste progresivo pero hasta ahora no hubo novedades.

Para tener una idea de magnitudes este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oblea del ascensor cuesta 1.080 anuales por máquina mientras que en la ciudad de La Plata será de 400 mil pesos (2x200).

El director general de Obras Particulares es Edwin Arias y desde 2023 el intendente de la municipalidad de La Plata es Julio César Alak (Unión por la Patria).

Para estar en paritarias hará falta un clamor social

[BPN-15/06/25] El pasado 29 de mayo el Dr. Eduardo Awad, presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la RA (APCCRA) develó que para que la Secretaría Trabajo considere permitir que los consorcistas se sienten en la mesa de negociaciones salariares con los encargados de edificios lo debe exigir un clamor social.

Recordó que ya hace ocho meses que le presentó a Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la petición de ser inscripto en el Registro de Asociaciones Gremiales, el primer paso para poder acceder a las negociaciones salariales del sector.

Con su respuesta, la Secretaría de Trabajo dio en el clavo central de un problema que aqueja a la comunidad consorcial hace más de 20 años: la falta de compromiso de la mayoría de los consorcistas en la defensa de sus intereses colectivos.

Fuera de honrosas excepciones, esta apatía catatónica general permitió que legisladores y funcionarios –entre otros- puedan imponer cada cierto tiempo nuevas cargas económicas a los consorcios en favor del Estado o diferentes grupos económicos casi sin oposición.

APCCRA no es la primera entidad de propietarios en presentarse ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la personería gremial. El 20 de diciembre de 2004 (hace 20 años), la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) fue inscripta con el número 664 [1].

Catorce años después, en 2018, la Sra. Alicia Giménez, presidenta de la entidad, confirmó a Pequeñas Noticias que desde 2004 nunca dejó de hacer presentaciones en el Ministerio de Trabajo para logar ser aceptada en la mesa de negociaciones, aunque sin mayor éxito: "En muchos casos directamente ni nos respondían", aclaró [2].

Por aquellos años ella solía contar que importantes funcionarios del Ministerio de Trabajo le habían aconsejado que para que su pretensión prospere debía movilizar una cantidad importante de consorcistas reclamando frente al Ministerio, cosa que nunca logró.

Por último, en aquel momento adelantó que si alguna entidad obtiene la personería gremial ella volverá a insistir en ser parte de la mesa que discuta las paritarias del sector.

Ese año había trascendido que la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) había sido inscripta en el Registro de Asociaciones Gremiales [3] e inclusive su presidente Gabriel Mormandi consiguió participar de una negociación paritaria sin mucho éxito. Finalmente, con el tiempo Mormandi se fue alejando de las candilejas consorciales [4].

Textualmente el comunicado del Dr. Eduardo Awad expresó:

Ana María Huertas pidió que el RPAC escuche a los consorcistas

Ana María Huertas, presidenta de ACoPH (Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata) [Foto archivo de Pequeñas Noticias]

[BPN-15/06/25] El pasado 19 de mayo la presidenta de ACoPH (Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata), Ana María Huertas, le solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que "vuelva a poner en funcionamiento" el Registro Público de Administradores (RPAC) creado mediante la Ley 14.701.

La Sra. Huertas le informó al Gobernador que desde el pasado enero el organismo que debe escuchar a los consorcistas no lo está haciendo y le preguntó cómo se debe hacer para que esa comunicación se vuelva a restablecer.

Le agradeció a Kicillof que en noviembre de 2022 haya reglamentado la Ley 14.701 (RPAC) luego de que en agosto de ese año ACoPH se lo hubiera solicitado y le informó que hasta fines de 2024 estuvo funcionando.

Le explicó que cuando los consorcistas marplatenses presentaron y bregaron para que sea sancionada esa ley lo hicieron en la esperanza de tener una ley que defendiera sus derechos para poder tener administradores más transparentes. Anhelaban que quien estuviera a cargo del RPAC defendiera esos derechos en el entendimiento que son esos mismos consorcistas quienes con sus ingresos abonan todo lo concerniente al mantenimiento de sus edificios incluidos los honorarios de sus mandatarios.

Finalizó en el convencimiento de que sería nuevamente escuchada.

Al día de la redacción de esta nota no había recibido respuesta por lo que el 30 de mayo la publicó en el grupo y página oficial que la entidad tiene en Facebook.

No necesitarán certificación por escribano para vincular el CUIT

[BPN-15/06/25] El pasado 9 de junio la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió que pueda ser un funcionario de la dependencia donde se realiza la presentación quien certifique la documentación que respalde la designación de un administrador de un consorcio de propietarios.

Este trámite es necesario –entre otros casos- cuando un administrador debe vincular el CUIT del nuevo edificio a su CUIT para quedar asignado en el sistema de ARCA.

Hasta ahora a los administradores de consorcios se les exigía que la documentación para iniciar el trámite esté certificada -mediante la utilización de la firma digital- por escribano público con las complicaciones y costos para los consorcios que ello acarreaba.

Hasta ahora los consorcios de propietarios no estaban incluidos en la lista de entidades que pueden exhibir la documentación en soporte papel original junto con sus respectivas copias para su cotejo y certificación por parte del funcionario competente de la dependencia en la que se formaliza la presentación.

El titular de ARCA en los considerandos de la Resolución General 5709 explicó textualmente:

Para lograr su objetivo ordenó dos cosas.

La primera fue sustituir el último párrafo del artículo 3° de la Resolución General N° 4.991 por el siguiente texto en el que agregó a los consorcios de propietarios:

La segunda fue sustituir el tercer párrafo del inciso b) del artículo 7° de la Resolución General N° 5.048 en el que también agregó a los consorcios de propietarios:

Quiere subir las multas por falta de DDJJ de 200 a 200 mil pesos

[BPN-15/06/25] El pasado 3 de junio el Poder Ejecutivo firmó el anteproyecto de reforma a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley Penal Tributaria en el que propone elevar la multa automática por falta de presentación de las declaraciones juradas de 200 pesos por 220 mil pesos si es persona humana y de 400 pesos a 440 mil pesos si es una empresa.

Entre otros aspectos, esto afectará a los administradores de consorcios que mes a mes deben presentar ante ARCA un Formulario 931 (aportes y contribuciones laborales) por los trabajadores de los edificios que administran.

Por otra parte, la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de terceros, dispara una multa que -de acuerdo a la iniciativa- se eleva de 5 mil pesos a 5 millones si es persona humana y de 10 mil pesos 10 millones si es una empresa.

Textualmente el anteproyecto en sus artículos 15º y 16º proponen:

Por su parte, el artículo 38º de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998) hoy ordena textualmente:

ARCA derogó el régimen de información de expensas

[BPN-15/06/25] El pasado 22 de mayo Juan Alberto Pazo, titular de ARCA (exAFIP), derogó el régimen de información de expensas al que estaban obligados desde 2012 los administradores de consorcios de propietarios, "countries", clubes de campo, clubes de chacras, barrios cerrados y barrios privados [1].

En sus considerandos Pazo explicó que "mediante el artículo 4° del Decreto Nº 353 del 22 de mayo de 2025 el Poder Ejecutivo Nacional ha encomendado a este Organismo que simplifique su normativa en materia de regímenes de información y de otros regímenes a su cargo".

Agregó que "la Resolución General N° 3.369 y sus modificatorias establecieron un régimen de información a cargo de los administradores de determinados inmuebles y los consorcios de propietarios de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, respecto de los importes que en concepto de expensas, contribuciones para gastos y conceptos análogos, determinan y perciben, por los bienes ubicados en ‘countries’, clubes de campo, clubes de chacras, barrios cerrados, barrios privados, edificios de propiedad horizontal y todo otro tipo de complejo urbanístico, situados en el país".

Resumió: "Esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero estima propicio dejar sin efecto los regímenes de información dispuestos por las resoluciones generales antes mencionadas".

Finalmente mediante el artículo 4º de la Resolución General 5698 ordenó abrogar, o sea eliminar completamente:

1.- La Resolución General 3369 que creó en cabeza de los propietarios la obligación de informar las expensas para inmuebles que superaran cierta superficie y pagaran cierto monto.

2.- La Resolución General 3645 que establecía que los administradores son responsables subsidiarios del deber de información.

3.- Derogar el artículo 8º de la Resolución General 5220 que actualizó los montos de las expensas por encima de los cuales se debía informar.

La obligación de informar periódicamente el monto de las expensas estuvo vigente 13 años

Falleció ‘Pepe’ Santa María

Pepe Santa María. En esta foto de septiembre de 2018 ‘Pepe’ ya tendría 81 años [Foto: SUTERH].

[BPN-15/06/25] El pasado 10 de junio trascendió que falleció José Francisco "Pepe" Santa María. Este próximo 2 de julio hubiera cumplido 87 años. No se informó ni la fecha ni las causas de su deceso.

Según el medio Línea Sindical comenzó a trabajar de encargado de edificio en diciembre de 1961, cuando debió realizar una suplencia a causa de la enfermedad del titular. Pocos días después, en enero de 1962, quedó efectivo en el puesto en el que se mantuvo durante casi 25 años hasta que resultó electo secretario general del sindicato en 1985.

Durante la última dictadura cívico-militar, Santa María fue un activo opositor, participando en la creación de la Agrupación 2 de Octubre y enfrentando la represión y el vaciamiento del gremio. En 1982 fue expulsado del sindicato pero con la recuperación de la democracia en 1983 logró que se le restituyera la afiliación.

En 1985 encabezó la Lista Azul y Blanca y ganó la conducción del SUTERH pese a la resistencia de otros sectores.

Según Página/12, un medio que pertenece al Grupo Octubre del SUTERH, desde entonces lideró un proceso de transformación: amplió la obra social OSPERyH, adquirió hoteles y centros recreativos, impulsó colonias de verano y programas de educación y cultura para los trabajadores y sus familias.

Agregaron que durante la gestión de "Pepe" Santa María se ampliaron los hoteles ya existentes, se compraron nuevos y se pusieron en valor predios recreativos, como el barrio La Reja. Además de la recuperación de su obra social OSPERyH, que presidió en los últimos años.

Eduardo Awad firmó un convenio con Banco Ciudad

[BPN-15/06/25] El pasado sábado 31 de mayo el Dr. Eduardo Awad difundió que firmó en nombre de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la República Argentina (APCCRA) un acuerdo con el Banco Ciudad que permitirá a los socios de la entidad que preside acceder a todos los productos bancarios del banco en forma gratuita. Además podrán obtener líneas de crédito "muy especiales" con tasas casi nulas para la refacción de departamentos y reparaciones urgentes.

Novedoso descuento en las expensas

[BPN-15/06/25] El pasado 16 de abril se difundió que el Banco Ciudad, a través de su billetera virtual Buepp, ofrece un descuento del 20% en el pago de expensas, con un tope de 10 mil pesos mensuales por usuario. Este beneficio está disponible para consorcios que tengan su cuenta en el Banco Ciudad y que utilicen el QR generado por el banco para el pago.

1.- El administrador del consorcio debe solicitar el código QR al Banco Ciudad a través de su sitio web.

2.- El administrador debe distribuir el QR a los vecinos por los canales usuales y habituales: correo electrónico, plataformas de gestión, etc. El ideal es incluirlo en la misma liquidación.

3.- Los consorcistas que posean una cuenta en Banco Ciudad deben descargar la aplicación Buepp, registrarse, vincular su cuenta a la aplicación y mantener en su caja de ahorro fondos suficientes.

4.- Al momento de pagar las expensas, el consorcista debe escanear el QR del consorcio y realizar el pago desde su aplicación Buepp.

5.- El descuento se aplica en forma de reintegro, el cual se acredita en la cuenta del usuario dentro de un plazo de 72 horas.

El Banco Ciudad ofrece otros beneficios en la billetera Buepp, como descuentos en ABL, Patentes, Ingresos Brutos, SUBE, ferias de la ciudad, cines y gastronomía.

La cuenta consorcio en el Banco Ciudad es gratuita para consorcios en CABA y bonificada por 24 meses para consorcios en GBA y otras zonas.

Los consorcios con cuenta en el Banco Ciudad pueden solicitar préstamos para remodelaciones y otros gastos.

Es de recordar que durante el 2024 Se abrieron en el Banco Ciudad, en todo el país, 1.785 nuevas cuentas consorcio con lo que rompió la barrera de las 10 mil cuentas consorcio. Creció un 20,7% con respecto al año anterior.

Podría recibir media sanción un colegio de administradores

[BPN-15/06/25] El pasado 30 de mayo trascendió que sería inminente la votación en la Cámara de Diputados santafesina un proyecto de colegiatura para los administradores de consorcios presentado el 13 de agosto del año pasado por la diputada Varinia Luciana Drisun [1].

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Laborales y el día de la redacción de esta nota [2] se estaba tratando en la comisión de Asuntos Constitucionales. De obtener dictamen favorable ese mismo día se podría poner a consideración de los diputados.

De aprobarse en diputados y senadores la entidad se llamará Colegio de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios y tendrá dos sedes: una en la ciudad de Santa Fe y otra en Rosario.

No estarán obligados a inscribirse en ese colegio los administradores que siendo propietario de una unidad funcional o parte de ésta, sea designado por el consorcio o el conjunto inmobiliario para ejercer dicha función sin percibir retribución alguna (artículo 3º).

Para ejercer la tarea de administrar consorcios se deberá estar inscripto en el Colegio, poseer título terciario, universitario o de posgrado con incumbencia en la materia, constituir una garantía real o personal a la orden del Colegio y abonar el derecho de matrícula.

Durante tres meses se podrán inscribir sin título universitario (idóneos) quienes al momento de crearse el Colegio estén administrado un mínimo de tres consorcios por al menos tres años, tengan la secundaria aprobada y cumplan con el resto de requisitos que se exigen para matricularse.

Entre las 22 obligaciones que el Colegio le impondrá a sus matriculados se destaca que deberán "pagar puntualmente los aportes, derechos y cuotas de cualquier naturaleza que fijen las autoridades competentes al Consorcios de Propiedad Horizontal o Conjunto inmobiliario".

Es de suponer que esta obligación puede poner al administrador en conflicto de intereses con el consorcio que en asamblea haya decidido –por ejemplo- posponer ciertos pagos por falta de fondos.

Es más, para aumentar más la presión ordena: "Sin perjuicio de las demás sanciones que pudiera corresponder, el incumplimiento de estas obligaciones trae aparejado sin más la pérdida del derecho a percibir retribución" (inciso 21 del artículo 12º).

Elimina la libre competencia de honorarios. Entre sus 21 derechos establece: "Percibir los honorarios que se fijen oportunamente, conforme la tarea encomendada y de acuerdo a la tabla arancelaria que publique el Colegio, debiendo extender el recibo pertinente" (inciso 3 del artículo 13º). El siguiente artículo prohíbe expresamente "efectuar descuentos, bonificaciones o disminuciones de aranceles" (inciso 6 del artículo 14º).

Otra de las prohibiciones que establecería –de ser aprobado- será la de cobrar comisiones de proveedores: "Prohibiciones: [...] recibir o solicitar dádivas o comisiones u otras prebendas en las negociaciones contractuales realizadas en función o con ocasión de la actividad de administrador" (inciso 7 del artículo 14º).

En la práctica, este inciso aparece más como declamativo que operativo. Es de recordar que esta práctica es un delito penal muy difícil de probar porque sus dos protagonistas (proveedor y administrador) se benefician en perjuicio del consorcio. Es muy difícil que uno delate al otro y sólo se puede inferir su existencia comparando precios de los bienes o servicios con otros proveedores.

Las denuncias de los consorcistas contra un mandatario serán juzgadas por un Tribunal de Disciplina compuesto por administradores de consorcios (Artículo 40º).

Textualmente la iniciativa propone: "La conducta profesional será juzgada por un Tribunal de Disciplina y Ética Profesional. Este Tribunal tendrá en cada sede y como mínimo, una sala compuesta por tres jueces titulares y tres jueces suplentes elegidos por dos años en forma simultánea y bajo las mismas condiciones establecidas para la elección del directorio".

Es de recordar que las cámaras de administradores santafesinas lucharon judicialmente –con mayor o menor éxito- contra todo intento de norma que controlara el accionar de los malos administradores en Santa Fe y Rosario ya sea a través de un Registro Público de Administradores [3] o de un modelo de expensas llamado Expensas Claras [4].

Los matriculados que ejerzan su actividad en las Circunscripciones Judiciales Nº 1, 4 y 5. Pertenecerán a la Sede Santa Fe los que ejerzan su actividad en las Circunscripciones Judiciales Nº 2 y 3 en la Sede Rosario.

La iniciativa consta de 58 artículos de los cuales uno es de forma. La autora, junto a diez compañeros, forma parte del subbloque Socialista que a su vez forma parte del bloque Unidos por Cambiar Santa Fe junto a la UCR, el PRO, CREO y Una Nueva Oportunidad

Quieren crear un RPA santafesino

[BPN-15/06/25] El pasado 10 de junio un diputado santafesino, Miguel Elías Rabbia (Construyendo Futuro), presentó un proyecto de ley que busca crear un Registro Público de Administradores (RPA) en la provincia de Santa Fe.

El proyecto que cuenta con 20 artículos de los cuales uno es de forma, se encuentra en la etapa "en caratula" y todavía no se determinó en qué comisiones deberá ser discutido.

A grandes rasgos la iniciativa propone crear un RPA bastante parecido al existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aunque presenta algunas novedades.

La redacción de Pequeñas Noticias resumió las particularidades dignas de mención.

Se llamará Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe y estará a cargo de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo (artículo 1º).

Se deben inscribir en el registro tanto los administradores profesionales como los que administran su propio consorcio (autoadministrados) (artículo 2º).

Para inscribirse en el RPA santafesino se deberá aprobar un curso de capacitación sobre administración de consorcios y conjuntos inmobiliarios cuyo contenido será determinado por la autoridad de aplicación o acreditar estudios vinculados con la temática (inciso e del artículo 4º).

Aquellas personas que acrediten que administran al menos un consorcio al momento de entrada en vigencia de la ley quedan exceptuadas de cumplir con el curso de capacitación por el término de dos años (inciso e del artículo 4º).

El proyecto no establece que se deban realizar cursos de actualización.

En este artículo se agrega a las ya conocidas las infracciones a la Ley de Defensa de Consumidor: "Las obligaciones del Administrador se rigen por lo dispuesto en el Reglamento de Copropiedad Horizontal del inmueble que administre, las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las relativas a la Defensa del Consumidor sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes artículos".

Como novedad, agrega como obligación informar en la declaración jurada anual la nómina de juicios civiles y comerciales en los que haya sido demandado personalmente por daños y perjuicios o cualquier otra acción judicial relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos (inciso d del artículo 9º).

También debe informar la nómina de juicios civiles y comerciales en los que haya sido actor o demandado el consorcio que administra y el detalle de los juicios por cobro de expensas en curso indicando carátula, capital reclamado y juzgado interviniente.

En el artículo que detalla la información que deben contener las liquidaciones de expensas especifica que debe discriminar las expensas ordinarias habituales, las expensas ordinarias no habituales y las expensas extraordinarias conforme a las pautas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, con detalle pormenorizado de gastos correspondientes a cada concepto (inciso l del artículo 10º).

Específicamente reitera que son infracciones el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Civil y Comercial, los Reglamentos de Propiedad Horizontal y las disposiciones de Defensa del Consumidor.

No hay apercibimientos y el monto de las multas va desde uno hasta cien salarios mínimos vitales y móviles. Hoy ese valor está fijado en 313.400 pesos o sea que la multa máxima puede llegar a los 31 millones de pesos.

Se establecerá un Centro de Recepción de Denuncias vinculadas con las infracciones previstas en la presente ley y si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito se remitirán de inmediato las actuaciones al Juez competente.

Si la iniciativa es aprobada, las sanciones emergentes prescribirán a los tres años.

El diputado argumentó que seis provincias y tres ciudades ya implementaron registros de administradores y explicó la razón:

Por último, consideró que un RPA santafesino no solo protegerá a los consorcistas sino que jerarquizará la profesión de administrar:

Proponen un RPA en la ciudad de Santa Rosa

[BPN-15/06/25] El pasado 22 de mayo cuatro concejales del Frente Justicialista Pampeano presentaron un proyecto de ordenanza que busca crear un Registro de Administradores y Administradoras de Consorcios de Propiedad Horizontal en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Según sus autores este registro "tiene como finalidad principal la identificación de los administradores de consorcios de propiedad horizontal, facilitando el control, la fiscalización y la realización de gestiones con la Municipalidad, así como la transparencia en la administración de los recursos".

Se destaca que en su artículo 3º la iniciativa establece que "ningún administrador podrá ejercer dicha función sin la previa inscripción en el Registro" y pone en cabeza del SUTERyH La Pampa la fiscalización de esta obligación: "El gremio o entidad sindical más representativa del sector tendrá facultad de control y fiscalización respecto del cumplimiento de la presente obligación, pudiendo informar a la autoridad de aplicación sobre quienes ejerzan la administración sin estar debidamente registrados, para que tome las medidas pertinentes".

A diferencia de otros registros públicos de administradores, proponen que la inscripción de los administradores tenga una validez de tres años, pasados los cuales se deberán volver a inscribir (artículo 4º).

El proyecto no exige capacitación alguna a los aspirantes. Tampoco establece obligaciones a los administradores ni determina los contenidos mínimos que debe contener una liquidación de expensas.

Quienes administran las partes comunes de sus consorcios (autoadministrados) tienen las mismas obligaciones que los administradores profesionales (artículo 5º).

La iniciativa pone énfasis en que los administradores informen las empresas aseguradoras con las que trabajan sus consorcios (inciso e del artículo 4º) y el listado de las empresas o los técnicos habilitados que realizan las tareas de mantenimiento en los servicios obligatorios de los consorcios que administra: ascensores, matafuegos, desinfecciones y luces de emergencia (inciso g del artículo 4º).

Llamó la atención que los autores del proyecto no establecen a los administradores obligaciones nuevas pero pueden exigirles el cumplimiento de normas vigentes y destacan que en especial el Código Civil y Comercial de la Nación y el convenio colectivo de trabajo (artículo 8º).

El texto original de ese artículo reza: "La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la oficina a cargo de llevar el presente Registro de Administradores y Administradoras, podrá de oficio o a petición de parte interesada requerir a los inscriptos el cumplimiento y aplicación de normativas vigentes relativas a la función y desempeño en particular las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente".

También pone límites difusos y deja a criterio del Poder Ejecutivo el acceso al tipo de información que puede interesar a los consorcistas. Textualmente propone: "El Registro es de acceso público y gratuito, debiendo garantizarse la protección de datos personales según la normativa vigente, y estará disponible para su consulta en la Municipalidad de Santa Rosa, en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación" (artículo 9º).

Las multas a las infracciones de los administradores van desde las 60 unidades fijas a las 2.000 unidades fijas (artículo 11º).

En la provincia de La Pampa, y específicamente en Santa Rosa, la Unidad Fija (UF) se define como el valor de un litro de nafta súper, según lo establecido por la Contaduría General del Gobierno de La Pampa, según la Ordenanza N° 6974/23.

El último valor informado el 4 de junio fue de 1060,33 pesos por los que las multas van desde 63 mil pesos (63.619,8) hasta los 2 millones (2.120.660).

Para que un administrador se considere reincidente debe cometer una infracción "igual especie dentro del período de un año posterior a la sanción firme (artículo 11º).

La iniciativa consta de 14 artículos de los cuales uno es de forma y son sus autores Mariano Alfageme, Francisco Bompadre, Romina Montes de Oca y Jesica Lorena Guaiquián.

Quieren que los abogados puedan ser escribanos

[BPN-15/06/25] El pasado 12 de mayo la diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley nacional para que los abogados puedan ejercer de escribanos. Se encuentra en la Comisión de Justicia.

De aprobarse su iniciativa y de acuerdo a las previsiones de su autora, en propiedad horizontal podría ser más fácil y barato contar con un escribano. Entre las tareas que realizan se cuentan, entre otras: la escritura y registración de modificaciones en reglamentos, la protocolización de actas, la constatación de hechos, la certificación de firmas y de copias de documentos.

Textualmente y según la iniciativa "toda persona con título de abogado expedido por universidad argentina reconocida o debidamente revalidado queda habilitada para ejercer la función de escribano público sin necesidad de cursar carreras adicionales, rendir exámenes corporativos o someterse a cupos cerrados impuestos por colegios notariales u organismos intermedios" (artículo 1º).

La diputada libertaria fundamentó su iniciativa argumentando: "En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales, que imponen condiciones restrictivas, exámenes internos o cargos vitalicios, que impiden el acceso de miles de abogados al ejercicio público de sus funciones profesionales".

Agregó además: "Esta situación no solo restringe derechos laborales y profesionales, sino que encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos y distribuidos de forma desigual en el territorio nacional".

Diez años sin Registro Municipal de Administradores

[BPN-15/06/25] El pasado 29 de mayo el medio Despertar Entrerriano descubrió que desde hace 10 años la ciudad de Concordia cuenta con un Registro Municipal de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal que nunca se puso en marcha. Según relató, este hecho lo pudo confirmar indagando a algunos funcionarios públicos que ratificaron que la norma nunca fue implementada.

Según el Despertar Entrerriano "el dato no sería tan grave si se tratara de una ciudad sin construcciones en altura. Pero el panorama cambió drásticamente en los últimos años. Hace alrededor de 20 años, Concordia tenía apenas cuatro o cinco edificios. Hoy, la postal urbana de la ciudad muestra un notable crecimiento en altura, con torres nuevas, departamentos en alquiler temporario, consorcios en barrios cerrados y edificios en zonas céntricas y periféricas".

Agregó: "Este crecimiento exponencial de unidades bajo régimen de propiedad horizontal implica también un manejo cada vez más complejo de fondos comunes, pagos a proveedores, contratación de seguros, control del personal de limpieza o portería y resolución de conflictos entre vecinos".

Finalmente concluyó: "Sin embargo, nada de esto tiene un correlato en los organismos públicos. La falta de un registro activo impide saber cuántos administradores operan en la ciudad, si están capacitados, si cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, y si están siendo controlados por alguien".

Se trata de una norma de 12 artículos, a grandes rasgos muy parecida a la Ley 941 que rige en las Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero con muchas menos exigencias.

Se destaca que no contempla un artículo que trata sobre las obligaciones del administrador y tampoco uno que establezca los contenidos mínimos de una liquidación de expensas. A los matriculados no se les exige una capacitación mínima, ni para inscribirse ni para validar su matrícula.

Anualmente los inscriptos deben presentar una declaración jurada con tres datos de los cuales dos están relacionados directamente con los encargados de edificios:

a) La lista de los consorcios que administra.

b) Los comprobantes de aportes y contribuciones de los trabajadores de los edificios que administra.

c) Los comprobantes de pago de la ART (Administración de Riesgos de Trabajos) de esos mismos empleados.

No establece sanciones para aquellos que no hayan presentado la DDJJ.

La única infracción que estableció –aparte de las faltas relacionadas con el mismo registro- fue por comprar bienes, contratar servicios o realizar obras con prestadores que no cumplan con los requisitos formales básicos que establece la misma ordenanza en su artículo 7º.

Las multas se establecieron entre los 5 y los 100 "juristas", una unidad dineraria que representa el 1,5% del sueldo básico de un Juez de Primera Instancia en esa provincia.

La Justicia Laboral rechazó la ejecución fiscal de una deuda

[BPN-15/06/25] El pasado 7 de abril el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 42 rechazó una solicitud de una ejecución fiscal presentada por el SUTERH contra un consorcio de propietarios por una supuesta deuda de aportes a la Caja de Protección a la Familia.

El título de deuda presentado por el sindicato incluía aportes solidarios de trabajadores no afiliados y contribuciones patronales para empleados no afiliados. Según el Tribunal éstos no pueden ser cobrados a través del procedimiento de ejecución fiscal establecido por la ley 24.642 porque se aplica únicamente a cuotas y contribuciones de trabajadores afiliados.

El caso es entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y un consorcio de propietarios de la calle Güemes al 4.000 en la Ciudad de Buenos Aires. El SUTERH inició un juicio para cobrar una deuda de expensas por aportes a la Caja de Protección a la Familia.

El consorcio (la parte demandada) fue notificado y se presentó en el juzgado. Se defendió argumentando que el documento de deuda presentado por SUTERH no era válido. Señaló que nunca fueron empleadores y por lo tanto no tienen personal en relación de dependencia ni deben las contribuciones reclamadas.

También mencionaron que para la limpieza del edificio contratan una empresa externa y presentaron facturas para probarlo.

Señalaron que solo se deben aportes si el personal está en relación de dependencia y el edificio está bajo el régimen de propiedad horizontal, según la ley.

La sentencia explica que en este tipo de juicios (ejecuciones fiscales) no se pueden discutir ciertas cuestiones de fondo, solo la validez del documento de deuda. Por lo tanto, el juez consideró que los argumentos del consorcio fueron válidos para este proceso.

La Ley 24.642 establece que los créditos de los sindicatos por cuotas de trabajadores afiliados están sujetos a un procedimiento de cobro. Pero la sentencia aclara que la vía de ejecución fiscal solo sirve para cobrar cuotas que los trabajadores afiliados deben. No se puede usar para cobrar cuotas de solidaridad o aportes extraordinarios, ni tampoco para trabajadores no afiliados. Además, no se pueden exigir aportes por personal que no está en relación de dependencia con el consorcio.

Por todo esto, el juez sentenció:

1. Aceptar los argumentos de la defensa del consorcio que decía que el documento de deuda no era válido.

2. Rechazar la demanda de SUTERH contra el consorcio.

3. Establecer que cada parte deberá pagar sus propios gastos del juicio.

Sin homologaciones las escalas no despegan

[BPN-15/06/25] Durante el sexto mes de este 2025 el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios [1] perderá -1,9 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, -29,28 pp en lo que va del año y -13,11 puntos en el cálculo interanual.

Este mes los cálculos se realizaron tomando en cuenta tres puntos importantes:

1.- A causa del acta acuerdo aclaratorio del 9 de mayo y si la Secretaría de Trabajo no realiza ninguna observación nueva, no se podrá considerar homologado tácitamente el acuerdo firmado el 25 de febrero entre las tres entidades de administradores y el SUTERH hasta el 26 de junio [2].

2.- El acuerdo del 20 mayo (1,1% para junio + bono de 50 mil pesos) todavía no fue ni ratificado por las partes ni homologado.

3.- Para el cálculo del promedio de las escalas salariales no se tomó en cuenta el medio aguinaldo de este mes.

Si no hay novedades en los dos acuerdos aún no homologados durante la primera quincena de este mes, en junio el promedio de las escalas salariales no variará con respecto al mes pasado y será de 808.228 pesos mensuales. Este promedio no incluye el 1,1% acordado para marzo y el tercer bono de 50 mil pesos para todas las categorías correspondiente a mayo porque todavía no puede ser considerado homologado tácitamente [2].

En junio el promedio de las escalas salariales será un -13,89% menor con respecto a diciembre del año pasado. Esto se debe a que –como todos los años- en diciembre se pagó un bono del 20% que en enero no se cobró por lo que los promedios de las escalas salariales el primer mes del año bajaron.

Durante el último mes del año pasado el promedio de las escalas salariales estaba en 938.645 pesos mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales desde mayo del año pasado hasta el mismo mes de éste será de 26,67%.

El promedio de las escalas salariales de junio de 2024 fue de 638.033 pesos.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de mayo fue de un 1,5% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la de junio será del 1,9%.

Según estos números, la inflación interanual de este mes será de un 39,78%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en junio será de 374.723,94 pesos bruto a los que se deben sumar el medio aguinaldo (187.361,97) y descontar la "Obra social s/haberes PAMI". Sólo por este mes, en total antes de los descuentos sumará 562.085,91 pesos.

Esto se debe a dos razones:

1- En marzo del año pasado se estableció que el haber mínimo a partir de julio se actualizará todos los meses de acuerdo a la inflación que calcule el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Cómo la inflación de abril fue del 2,8% las jubilaciones de junio aumentarán en un 2,78% (Resolución 237 del 28 de mayo).

2.- Se volvió a otorgar un "Bono Extraordinario Previsional" por un monto de hasta 70 mil pesos mediante el Decreto 367 del 29 de mayo.

En dólares, este haber mínimo representa 317,83 dólares al precio oficial o 317,56 dólares según el mercado blue [3].

En junio del año pasado ese haber estuvo en 262.138,4 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue levemente positivo contra la inflación mensual (0,35 puntos) y negativo contra el acumulado anual (-1,7 puntos) y contra la medición interanual (-10,8 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación este mes debería haber sido de 508.810,25 pesos mensuales (u$s 430,84 promedio a valor oficial).

Si calculamos, mes a mes, la diferencia de lo que debió ganar un jubilado siguiendo el ritmo de la inflación y lo que realmente percibió incluidos los bonos extras, observamos que en total lo perdido desde enero de 2016 hasta mayo de 2025 fueron -2.282.793,63 pesos (u$s -1.932,98) incluida la incidencia de los medios aguinaldos

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional incluido el bono no remunerativo del 20% que se paga en diciembre.

[2] BPN Nº 00 del 15/05/25: "La homologación tácita del último acuerdo podría llegar en junio".

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