Las reincidencias a la Ley 941 cayeron un 21%

[BPN-15/07/21] Cayeron en un 21% la cantidad de reincidentes a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA) publicada en el Boletín Oficial durante el primer semestre de este año con respecto al mismo período del año pasado.

Durante los primeros seis meses de 2020 se publicaron 187 sanciones económicas contra administradores de las cuales 34 fueron de reincidentes. Durante ese mismo período de 2021 se sancionaron a 111 mandatarios de los cuales 27 resultaron ser también reincidentes.

La cantidad de reincidencias también bajó: en 2021 las primeras reincidencias descendieron un 26%, las de 2ª vez bajaron un 10% y las de tercera vez se mantuvieron.

Si se analizan las reincidencias de estos siete años se observa que el porcentaje de las mismas entre los años 2014 al 2016 fluctuó entre el 5,1% al 7,4%.

En 2017 el porcentaje del año anterior se triplicó llegando al 16,7%, al año siguiente descendió a un 7,9% para retomar los dos dígitos a partir de 2019.

[1] Sobre datos del 1ª semestre.

El año con el índice de residencia más alto fue el 2021 con un 24,1%. Habrá que esperar a diciembre para poder confirmar esta tendencia.

Durante el primer semestre de este año se publicaron el Boletín Oficial 105 disposiciones contra 111 administradores por casi 6 millones (5.835.870) de pesos y uno fue apercibido. De ese total de 112 mandatarios sancionados 58 fueron hombres, 48 mujeres y 6 empresas.

En promedio el tiempo entre la sanción de la disposición y su publicación en el Boletín Oficial transcurrieron 6 meses y 10 días.

La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones a Bouza

[BPN-15/07/21] El pasado 24 de junio, la Defensoría del Pueblo de la CABA le pidió a Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA, que informe qué acciones toma cuando detecta que un administrador informa en las declaraciones juradas que presenta al Registro Público de Administradores (RPA) menos consorcios de los que realmente administra.

Es de recordar que el 7 de junio pasado el RPA porteño "exhortó" a sus matriculados a declarar los consorcios "realmente administrados" mediante un correo electrónico masivo ^[1].

Ese mismo día Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, envió un correo electrónico a la Defensoría del Pueblo cuestionando esa circular por entender que "la autoridad de aplicación tiene facultades suficientes para iniciar de oficio las instrucciones sumariales respectivas".

Casi a fines de junio, la Defensoría del Pueblo cursó cinco preguntas sobre ese tema a Defensa del Consumidor:

El trámite en la Defensoría del Pueblo lleva el número 6468/21 y el funcionario actuante es el Dr. Gerardo M. Gullelmotti.

Por otra parte, el 12 de julio Zulberti vía pedido de información pública le solicitó a Defensa del Consumidor: "Informe la cantidad de infracciones realizadas durante 2020 y 2021 a administradores de consorcios por haber -en sus declaraciones juradas anuales- informado menos consorcios de los realmente administrados. Detalle número y fecha de la disposición sancionatoria".

Ya se homologaron los seis bonos de 8 mil pesos

[BPN-15/07/21] El pasado 24 de junio se homologó el acuerdo realizado entre las tres entidades de administradores que firman los acuerdos salariales representando a los consorcios [1] y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) que otorgó seis bonos de 8 mil pesos cada uno desde agosto hasta febrero, excepto diciembre.

La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) –uno de los miembros paritarios- difundió que la propuesta inicial de la FATERyH fue de un bono de 10 mil pesos por seis meses consecutivos desde agosto. Agregó que la contrapropuesta de la CAPHyAI fue un bono de 6 mil pesos desde agosto hasta febrero, excepto diciembre.

Se destaca que su capacidad de maniobra a la hora de negociar es muy acotada. Numerosos actores de la propiedad horizontal han señalado en muchas oportunidades que la FATERyH cuenta con dos miembros paritarios incondicionales y que con sólo esas dos firmas puede prescindir del voto de la CAPHyAI y conseguir la homologación de un acuerdo.

Finalmente, la resolución homologatoria del acuerdo lleva el número 779 y fue firmada por el secretario de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Marcelo Claudio Bellotti.

Es de recordar que este "adicional remuneratorio" será proporcional a la jornada laboral:

1.- El trabajador de jornada completa percibirá 8.000 pesos.

2.- El trabajador de media jornada percibirá 4.000 pesos.

3. El trabajador jornalizado percibirá 267 pesos por jornada de trabajo.

El acuerdo estableció también "extender el plazo de permanencia en la vivienda de la portería de los familiares del o la titular fallecido a causa de la enfermedad de COVID-19, hasta los 90 días posteriores a la fecha del deceso".

Más allá de las razones formales que se plasman en los acuerdos firmados, todo parece indicar que en propiedad horizontal es el gobierno nacional -de acuerdo a sus proyectos macroeconómicos- quien pone el piso y el techo a las negociaciones que afectan a los consorcios.

En febrero se señaló el techo en que se moverían las paritarias de 2021 (29%-32%) y varios gremios –entre ellos el SUTERH- cerraron "acuerdos testigo" en ese sentido.

Por el contrario, a fines de mayo no se marcó el techo sino el piso de nuevos acuerdos (40%-46%) y otra vez el SUTERH y otros sindicatos firmaron acuerdos ratificando ese rumbo.

En enero –cuando la expectativa de inflación para el 2021 era de un 29%- el Ejecutivo nacional puso ese porcentaje como ideal para las paritarias de este año. Tenía previsto desalentar las expectativas de inflación del 2021 tratando de enfriar los precios tras el sobrecalentamiento que estaban mostrando desde octubre. En esta sintonía el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiso impulsar un acuerdo de precios y salarios con las cámaras empresariales y la Confederación General del Trabajo (CGT) para poder "anclar las expectativas".

Los primeros en firmar por este porcentaje -aunque por 9 meses- fueron la Asociación Bancaria (AB). Acordaron una actualización salarial del 2,1% que había quedado pendiente de 2020 y una mejora del 29% para 2021 en tres tramos.

A este primer acuerdo le siguieron los logrados por los docentes en su paritaria federal (32% en tres tramos) y los trabajadores de Luz y Fuerza (29,5%).

El siguiente fue el de Víctor Santa María que -en nombre de los encargados de edificios- firmó con las tres cámaras de administradores un 32% en cuatro tramos: 7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero.

A consecuencia de la intervención del Ejecutivo, este "acuerdo testigo" se inició en la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Santiago Cafiero, en lugar del tradicional Ministerio de Trabajo.

Según un trabajo realizado por la consultora Synopsis se puede observar cómo fueron evolucionando los promedios de los acuerdos salariales alcanzados desde marzo a junio.

Ya en mayo, tras haberse informado los últimos números de inflación nacional, Claudio Moroni, titular del Ministerio de Trabajo se mostró abierto a la posibilidad de hacer un cambio en los objetivos económicos.

Lentamente empezaron a aparecer cierres de paritarias que se fueron acercando más al 40% que al 30% inicial. Los de la construcción (UOCRA), tranviarios (UTA) y Ferroviarios se ubicaron en la parte alta de rango de 30 y 40% de aumento. Y el acuerdo semestral de Judiciales también se acercó al 40%.

Los últimos días de este mes, el Gobierno nacional señala un rumbo explícito en su política sobre las paritarias firmando un acuerdo con los trabajadores del Congreso de la Nación que les otorgó un aumento del 40% en cuatro tramos, 46% si se tiene en cuenta que es progresivo.

El 16 de junio otra vez se suma el SUTERH a este puñado de "paritarias testigo" y Santa María acuerda con las tres entidades de administradores seis bonos de 8.000 pesos a pagar con los haberes de agosto hasta los de febrero excepto en diciembre.

Por segunda vez el acuerdo se tramita desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de Cafiero y se homologa en tiempo record.

En esta oportunidad, la forma de otorgar el aumento –una suma fija por mes con excepción de uno- complicó la forma de cuantificarla en el año y poder compararla con la inflación, sin embargo hay un par de recursos para calcular el aumento:

1.- Si se toman el promedio de las dos funciones más comunes en sus cuatro categorías de diciembre del año pasado y de diciembre de este año se puede apreciar que en el 2021 los aumentos porcentuales más los bonos representarán un aumento interanual del 33,19%.

2.- Si se promedian las dos funciones más comunes en sus cuatro categorías de todo el 2020 contra el mismo cálculo del 2021 se observa que el aumento fue de 34,89%, porcentaje muy cercano al anterior.

El aumento interanual más alto del 2021 con respecto al año anterior será en octubre con un 59,47% y el más bajo fue en marzo con un 17,5%.

Por último, si se comparan los promedios de febrero de 2020 contra los de febrero de 2021 –que es cuando se otorga el último aumento del 5% y el último bono de 8.000 pesos- el aumento interanual será 47,19%.

El 3º trimestre trajo un aumento de honorarios de casi un 17%

[BPN-15/07/21] La escala de honorarios sugeridos para los administradores de consorcios del tercer trimestre de este año subió un 16,99% con respecto al segundo. De esta forma, el incremento acumulado del año y el interanual son del 50,71%. Esta coincidencia entre estos dos índices se da porque desde enero de este año la CAPHyAI calcula los honorarios estimados en forma trimestral.

Como ya adelantamos, durante el tercer trimestre de este año los honorarios sugeridos de los administradores de consorcios aumentaron un 16,99% con respecto al primero.

La diferencia promedio en pesos con respecto al mes anterior fue de 4.600 pesos mensuales. Mientras que en abril, mayo y junio el promedio de honorarios sugeridos fue de 27.080 pesos mensuales, en julio ese valor subió a 31.680 pesos mensuales.

El aumento acumulado anual de los honorarios sugeridos para todo el tercer trimestre del año será de un 50.71%.

Por otra parte el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central estimó la inflación acumulada anual de julio, agosto y septiembre en un 28,94%, un 32,55% y un 36,13%, en promedio un 32,54%.

Tomando el promedio de los honorarios del tercer trimestre contra el promedio de la inflación estimada arroja una diferencia a favor de los honorarios de 18,17 puntos porcentuales.

En diciembre del año pasado el promedio de honorarios sugeridos fue de 21.020 pesos mensuales.

Los honorarios sugeridos para los administradores en abril aumentaron con respecto al mismo mes del año pasado un 50,71%.

El promedio de la inflación interanual estimada por el REM para los meses de julio (51,66%), agosto (51,81%) y septiembre (51,66%) fue de un 51,71%.

En este caso el promedio de honorarios contra la inflación interanual estimada arroja una diferencia negativa de 1 punto porcentual.

En julio del año pasado el promedio de honorarios sugeridos fue de 21.020 pesos mensuales.

Al momento de realizar esta nota, en el sitio oficial de la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) seguían figurando los honorarios del 1º semestre de este año por lo que no se pudieron realizar comparaciones [vínculo].

Es de recordar que el artículo 14º de la Ley 941 (Registro Público de Administradores) de la CABA establece que los honorarios de los administradores se deben pactar libremente entre el mandatario y la asamblea de propietarios.

También hay que prestar atención que el inciso r) del artículo 9º de esa ley local indica que el administrador -al momento de su designación- "debe informar al consorcio en forma cierta y veraz, haciendo constar en acta detalladamente, todos aquellos servicios y trámites que realice por cuenta propia y formen parte de sus honorarios, así como también aquellos cuya realización sea encargada a otros prestadores o gestorías y que excedan la remuneración pactada por su actividad"

El juez Ferrer no le concedió el amparo a la CAPHyAI

Juez Francisco Ferrer [Foto Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2016]

[BPN-15/07/21] El pasado 6 de julio, el juez Francisco Ferrer rechazó el amparo presentado por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) contra los incisos h) y n) del artículo 9º de la Ley 941. El primero de ellos obliga al administrador a depositar los fondos del consorcio en una cuenta a nombre del edificio ^[1] y el segundo le impone la obligación de dar de alta al consorcio en la plataforma web de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo ^[2], plataforma que hasta ahora no fue reglamentada.

Esencialmente el juez consideró que los demandantes no lograron probar qué perjuicio concreto existiría por tener que depositar los fondos administrados en una cuenta bancaria del consorcio y por tener que dar de alta al edificio en la plataforma web "Consorcio Participativo".

Es de tener en cuenta que -al no ser efectiva la obligación impuesta por el Gobierno de la CABA de utilizar la plataforma anunciada en la ley por no haber sido ni reglamentado ni puesta en operaciones- es muy difícil de probar qué daño podría causar porque no se sabe exactamente cómo la desarrollará el Gobierno local.

En este sentido se destaca un párrafo de la sentencia del juez que buscó precisiones que no existen al no poderse cuantificar el daño porque se desconoce qué datos puntuales exigirá la plataforma ni exactamente qué servicios prestará:

El 5 de septiembre de 2018 había rechazado prácticamente con los mismos argumentos, "la falta de pruebas", la medida cautelar que los demandantes habían interpuesto contra estos dos incisos ^[3].

La medida cautelar y el recurso de amparo los iniciaron el 17 de agosto de 2018 los administradores Daniel Tocco y Mario Guillermo Mazzini -por aquel entonces presidente y secretario de la CAPHyAI- en la Secretaría 45 del Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 23 en nombre de la entidad.

El letrado patrocinante de la CAPHyAI fue el Dr. Jorge Martín Irigoyen y la causa recibió el Nº de expediente A31249-2018/0 ^[4] [texto original].

Es de recordar que desde principios de 2018 el oficialismo porteño hizo una fuerte campaña para sancionar la Ley 5.983 que el 28 de junio de ese año finalmente impuso la Aplicación Oficial Consorcio Participativo. Esta plataforma obligatoria -aún no reglamentada- concentrará todos los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta incomprensible invasión a la privacidad y la concentración de datos privados de los vecinos en manos del Estado motivó varias causas judiciales y numerosos rechazos que duran hasta el día de hoy tanto de entidades de consorcistas como de administradores.

En su oportunidad, la mayor parte de las entidades de consorcistas se manifestaron, en mayor o menor medida, en contra de que el Gobierno porteño concentre todos los datos privados de los consorcios, consorcistas, inquilinos y encargados que hacen falta para liquidar correctamente las expensas que es el objetivo de la plataforma web. Se sumaron también al rechazo los consejos consultivos y/o las comisiones de consorcios de las comunas 3, 6, 12 y 14. De ese mismo tenor fueron las objeciones planteadas por las entidades de administradores y los miembros de CASIPH. También el Dr. Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se expidió en repetidas ocasiones en forma negativa sobre el apartado de "Consorcio participativo" tanto en el programa en que participa en Radio Mitre como en otros medios.

Solo tres entidades de consorcistas aplaudieron sin reservas la iniciativa: APH (Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal) conocida por ser la última entidad en incorporarse a la mesa paritaria del sector, la Liga del Consorcista y un consorcista participativo que se presenta como coordinador de ReDeCo (Red de Consorcistas Damnificados).

Revisando las notas publicadas por este y otros medios y analizando los argumentos esgrimidos por los detractores de "Consorcio Participativo" se aprecia que la resistencia que existe no se debe a que se controlará en forma más estricta a los administradores sino que existe temor y muchas reservas sobre el uso que dará el Gobierno –por derecha o por izquierda- a sus datos.

El autor de esta iniciativa fue Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana y fue presentada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta

La causa de Zulberti vuelve a la justicia local

[BPN-15/07/21] El pasado 7 de julio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local dictaminó por unanimidad que fue mal concedido por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo presentado por Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 [texto original].

En palabras más sencillas, Zulberti debe decidir si apela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tramita su demanda en la justicia local.

Ya el 1º de noviembre de 2019 el fiscal general adjunto Juan G. Corvalán había dictaminado: "Considero que el recurso [de inconstitucionalidad] ha sido mal concedido en tanto que tal como indicó la Cámara, la cuestión de la incompetencia federal habría devenido firme, por lo que no existe cuestión constitucional susceptible de ser revisada por ese Tribunal".

Los jueces Alicia Enriqueta Carmen Ruiz, Inés Mónica Weinberg y Santiago Otamendi del TSJ a la hora de sentenciar, explicaron: "el recurso ha sido mal concedido pues la decisión que denegó el fuero federal fue pronunciada, en un primer momento, por el juez en lo civil y comercial federal; quien declaró inapelable esa sentencia interlocutoria ante el recurso que el señor Zulberti planteara".

Por su parte la jueza Marcela De Langhe explicó: "la competencia para entender en el caso es indudablemente local. Ello por cuanto la acción tiene por objeto cuestionar la recolección de datos informáticos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conforme una ley local (Ley 5.893), y no se configura ninguno de los supuestos de competencia federal previstos en el artículo 36º de la Ley 25.326

Por último, el juez Luis Francisco Lozano sentenció: "Coincido con mis colegas preopinantes en que el recurso de inconstitucionalidad ha sido mal concedido".

El 15 de febrero de 2019, Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, había presentado un amparo federal para que el Gobierno de la CABA sea obligado a abstenerse de recolectar y tratar informáticamente datos por medio de la Plataforma Oficial Consorcio Participativo de los cuales es titular por su condición de propietario de una unidad funcional en un consorcio de la CABA ^[1].

En la demanda original acusó al Gobierno porteño de querer apropiarse de la información de los consorcios e impedir que éstos o sus mandatarios puedan elegir libremente la herramienta de trabajo más adecuada a sus necesidades. En sus palabras expresó: "Se desprende sin hesitación que mediante la imposición efectuada a los administradores de consorcios de dar el alta y mantener actualizados los datos del consorcio respectivo en un aplicativo, sistema o programa web destinado a la gestión administrativa del mismo, conforme se enuncia a lo largo del artículo 14º de la Ley 5.983 (Consorcio Participativo), el GCBA pretende administrar y apropiarse de manera monopólica de la totalidad de la información relativa a los consorcios, impidiendo que los administradores de consorcios puedan elegir su herramienta de trabajo y adquiriendo en el camino una completa base de datos referida a los intereses económicos de los propietarios (verdaderos destinatarios de la medida), al mejor modo de la novela 1984, pero en 2018".

El 26 de febrero, el juez federal Marcelo Gota resolvió declarar la incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en la demanda que realizó Zulberti contra la Aplicación Consorcio Participativo y remitirla a la oficina de asignación de causas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA a los fines de su asignación y posterior tramitación ^[2].

El 13 de marzo, Zulberti presentó la apelación a la declaración de incompetencia que resolvió el juez federal Gota ^[3].

El 18 de marzo, Gota volvió a declarar la incompetencia del juzgado a su cargo para entender en la acción iniciada por Zulberti ^[4].

El 3 de abril recae en la secretaría 46 del juzgado CAyT Nº 23 que está a cargo del juez Francisco Ferrer quien también tramita la causa "Tocco Daniel Roberto y otros contra GCABA sobre amparo – Aplicaciones móviles - Internet".

El 4 de abril, el juez resolvió que existe "conexidad" entre la causa de Tocco y la de Zulberti. Textualmente argumentó: "...dada la vinculación que se advierte entre los objetos de la causa citada y estos actuados, a fin de evitar decisiones contradictorias respecto de las normas puestas en crisis por los actores, como así tampoco los fundamentos para esgrimir los respectivos cuestionamientos, corresponde declarar la conexidad de las presentes actuaciones con la causa "Tocco Daniel Roberto y otros contra [...]", expediente N° 31249/2018-0 y remitirlas a la Secretaría 45 de este Juzgado, para su tramitación conjunta".

El 3 de mayo, el juez Ferrer reiteró la conexidad entre las dos causas, denegó su inhibitoria para tratar el caso de Zulberti pero habilitó la apelación a la Cámara.

El 9 de mayo, Zulberti apeló ante la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.

El 13 de mayo, pasó al Ministerio Público Fiscal de Cámara "Este" o "B" a cargo de la Dra. Nidia Cícero.

El 7 de julio la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la CABA rechazó el recurso interpuesto por Zulberti para que su causa contra el uso de sus datos sin permiso por la Plataforma Oficial Consorcio Participativo lo trate un tribunal federal [4].

El 22 de agosto, Zulberti presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia. La encargada de dar –o no- curso a este amparo fue la misma Cámara de Apelaciones.

El 24 de septiembre la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA resolvió que sea el Tribunal Superior de Justicia de la CABA quien resuelva si corresponde que la causa contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo la trate el fuero local o el federal

El Defensor del Pueblo impulsará la colegiatura

[BPN-15/07/21] El pasado 22 de junio Ana María Huertas, presidenta de la Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (ACoPH) de Mar del Plata, denunció que el Defensor del Pueblo de esa ciudad, Fernando Rizzi, en lugar de colaborar para que se reglamente la Ley 14.701 (Registro Público de Administradores bonaerense) impulsará la creación de un Colegio de Administradores en la provincia.

Poco más de un mes antes, el 18 de mayo, Huertas y Juliana Fernández –secretaria de ACoPH- se habían reunido con los defensores del pueblo Rizzi y Daniel Barragán para solicitarle –entre otras cosas- que impulsen la postergada reglamentación de la Ley 14.701 ^[1].

Confirmando sus dichos, ese mismo día las autoridades de CAPHPBA confirmaron la reunión en su página de Facebook y la voluntad de los defensores de trabajar con la entidad: "Continuando con nuestra tarea por lograr la colegiatura de la profesión nos reunimos con los defensores del pueblo Fernando Rizzi y Daniel Barragán [...] Desde la Defensoría del Pueblo se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto y brindar ayuda para impulsar esta necesidad que tiene el sector.".

Al día siguiente la presidente de ACoPH le respondió a Rizzi por WhatsApp expresándole que lamentaba que funcionarios de la Defensoría del Pueblo antepusiera los intereses de los administradores por sobre los de los consorcistas.

Rizzi le aclaró: "Desde 2008 hace más de 10 años tome partido por la necesidad de que los administradores estén colegiados". Es de recordar que en 2015 el funcionario había afirmado a Pequeñas Noticias que apoyaba la creación de un Colegio de Administradores de Consorcios en la provincia de Buenos Aires y había asegurado que la Ley 14.701 que creó un Registro Público de administradores bonaerense "no es buena" ^[2].

El 22 de junio, Huertas publicó en el grupo de Facebook de ACoPH su respuesta oficial: "Le decimos a la Defensoría del Pueblo que seguiremos pidiéndole al Sr. Gobernador, diputados y senadores -o a quién corresponda- que reglamente la Ley 14.701, es nuestro derecho y lo dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros no es un partido de futbol, esa ley permitiría saber quién es transparente y hace las cosas bien. Además son los que administran nuestro dinero"

Agregó también: "Lamentablemente la comunidad consorcial está desamparada pero no bajaremos los brazos, seguiremos luchando por la defensa de nuestros legítimos derechos. Lo que estamos pidiendo no es para los buenos administradores sino para tantos malos administradores que hacen lo que quieren y se creen dueños de nuestros edificios, olvidándose que son simples mandatarios".

Por último concluyó: "Nuestra entidad -que viene trabajando desde 2006 en defensa de nuestros derechos- espera obtener alguna respuesta de nuestras autoridades"

Piden urgente talleres para combatir el analfabetismo consorcial

[BPN-15/07/21] El pasado 25 de junio Rafaela Rolon solicitó al jefe de Gobierno, a la directora de Defensa y Protección del Consumidor y al coordinador del Registro Público de Administradores (RPA) porteño que comiencen en forma urgente talleres para terminar con el analfabetismo consorcial.

Textualmente Rolon solicitó: "Los que firmamos esta petición, solicitamos con suma urgencia que generen una logística en el campo consorcial, para terminar con el analfabetismo consorcial, que en la mayoría de los edificios estamos padeciendo".

Explicó: "Este desconocimiento de las reglas que rigen un consorcio está provocando caos en muchos de los edificios afectando nuestras vidas, a nuestras familias y nuestro patrimonio, en especial a los de clase obrera, empleados, jubilados, personas con discapacidad pensionados, etc., que no disponemos ni de abogados ni escribanos para defendernos de las administraciones corruptas".

Agregó: "Si todos los consorcistas estuvieran obligados a conocer sus compromisos por medio de un taller evitaría que administraciones y propietarios corruptos se aprovechen y les hagan firmar cualquier cosa en las asambleas y que se generaran divisiones entre los propietarios".

Por último señaló: "A su vez también sería bueno adaptar las normas consorciales conforme a los cambios que se van dando en la sociedad".

Se cumplieron dos años del fallecimiento del Dr. Osvaldo Loisi

[BPN-15/07/21] El pasado 20 de junio se cumplieron dos años del fallecimiento del Dr. Osvaldo Loisi a la edad de 80 años a consecuencia de una dolorosa y larga enfermedad. Fue ampliamente conocido en la comunidad consorcial por ser el creador y presidente de la Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal.

El alguna vez llamado "Quijote de los consorcios" por Página/12 tuvo una activa presencia a lo largo y ancho de la historia consorcial. Enumerarlas sería casi imposible porque intervino en cada situación en la que consideró que los derechos de los consorcistas eran vulnerados o en los que pensó que era necesaria la mirada del sector que representaba.

Entre otros, fue autor del libro "Todo sobre Consorcios" cuya 1ª edición vio la luz el 19 de septiembre de 2005 en la Sociedad Científica Argentina. La obra nunca perdió vigencia y ya va por su tercera edición.

A modo de homenaje, el director de Pequeñas Noticias recordó una anécdota que –en su opinión- pinta de cuerpo entero su personalidad:

Manual de asambleas virtuales. Cómo preparar tus reuniones

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, el Adm. Ieno explicó que, en principio, Pepe Gutiérrez elaboró este manual para su país y que le ofreció a su colega argentino adaptarlo a nuestra realidad.

En su introducción el administrador español advierte sobre los cambios que se vienen y las oportunidades que ofrecen. Un fragmento para nuestros lectores, los destacados son nuestros:

Carlos Ieno: Habiendo transcurrido más de un año desde que se decretó la pandemia en Argentina y no teniendo en claro cómo llevar adelante una asamblea virtual y la obligación por un lado y presión por el otro de dar cumplimiento a lo reglado en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) de rendir cuentas, de gestión, de nuevo presupuesto, de ser ratificado en el cargo, etc. se tenía más a favor que en contra.

Hay varios artículos que nos permiten llevar adelante este acto asambleario de manera remota pero debíamos buscar el cómo hacerla a los fines de practicidad y principalmente evitar la nulidad de las mismas.

Teniendo en cuenta que la Ciudad autónoma de Buenos Aires dispuso un protocolo para su realización, sumado a lo dispuesto por la Dirección General de Defensa y Protección al consumidor que permitió las asambleas de manera virtual y los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación N° 158º, 2058º, 2059º, 2060º y 2062º nació la idea de hacer una guía con todos estos antecedentes.

PN: ¿Quién elaboró la primera versión?

CI: Pepe Gutiérrez siempre está diez pasos adelante y en marzo de este año en ocasión de invitarme a exponer sobre asambleas virtuales en la 3º edición virtual de IRECMS Global realizada en Mumbai India me adelantó que estaba haciendo su primera versión para España, dejando abierta la posibilidad de hacerlo para diferentes países, lo que prosperó rápidamente.

PN: ¿Cuál fue tu papel en la "versión argentina"?

CI: De colaborador, Pepe tiene la grandeza de permitir la participación de los colegas en sus proyectos cuantas veces le sea posible y esta no fue la excepción.

PN: En un mundo tan monetizado, ¿por qué lo regalan?

CI: También es un mundo que en consecuencia de la pandemia nos permitió, no solo unirnos más, sino sumar más colegas a nivel mundial para consultarnos cómo actuar ante tal o cual situación ya que el escenario fue global.

Por lo que este manual es un material de ayuda y una guía para que todos podamos seguir el mismo camino más allá de las leyes que rigen en cada país o región.

Este texto debe servir como base para que los legisladores puedan en un tiempo no muy lejano legislarlo ya que lo virtual es parte del quehacer diario y que cada día se potenciará.

PN: ¿Qué recepción tuvo en la comunidad consorcial?

CI: Como todo lo nuevo o desconocido tuvo reacciones dispares, hay colegas que no están convencidos de lo virtual, otros que consideran hacer una gran inversión para cumplir los pasos indicados en el manual y otra gran parte que se atrevieron y las están haciendo.

PN: ¿Querés agregar algo que te gustaría que el público conozca?

Los porcentajes y sus derivaciones

[BPN-15/07/21] Los reglamentos de propiedad tienen uno o más artículos donde definen porcentajes para las diferentes unidades funcionales llamados "porcentajes de dominio".

En los casos más simples dicho porcentaje expresa la proporción de la titularidad de las respectivas unidades en los bienes comunes, y también en la contribución para el pago de las obligaciones del consorcio.

Cuando los porcentajes de dominio coinciden con los de pago de expensas y no hay excepciones de ningún tipo la liquidación no ofrece ninguna dificultad.

Muchas veces se establece que determinadas unidades no contribuyen a ciertos gastos o, por el contrario, que ciertos gastos son sostenidos únicamente por determinadas unidades.

El ejemplo más típico es el de un local comercial que no participa en los gastos que insume el ascensor o la iluminación de palieres.

Hay diferentes maneras de instrumentar estas excepciones en el reglamento y cada una de ellas tendrá su expresión en las liquidaciones.

Veamos las dos principales.

La primera y más habitual consiste en que el reglamento solamente menciona los gastos que determinadas unidades no abonan.

En ese caso el administrador debe generar una nueva columna de porcentajes en la que las unidades excluidas de dichos gastos estarán en cero y todas las demás tendrán incrementados proporcionalmente los porcentajes originales de modo tal que la suma siga siendo cien. Hay casos en que el administrador no tiene que crear los nuevos porcentajes porque ya vienen expresados en el reglamento de manera explícita, por lo general a continuación de la definición de las excepciones.

De esta forma los importes que integren la expensa y que correspondan a aquellos gastos se prorratean con esta columna nueva.

Una variante de esta modalidad consiste en que el reglamento, en lugar de mencionar las exclusiones, menciona los gastos que estas unidades diferenciadas únicamente abonan.

La principal razón que explica la existencia de conceptos de expensas diferenciados en la planilla de prorrateo es que hagan alusión a gastos de los que las unidades participen en forma diferenciada.

Hay veces que el reglamento está redactado torpemente y, por ejemplo, detalla porcentajes de expensas aplicando las exclusiones que contienen errores de cálculo y no respetan la relación de los porcentajes de dominio entre sí.

En estos casos es recomendable que el administrador recalcule estos segundos porcentajes respetando los porcentajes de dominio y lo plasme en un acta aclaratoria.

En otros casos las exclusiones se plantean por doble vía: por un lado se determinan los únicos gastos que ciertas unidades pagan y al mismo tiempo se describen los gastos que dichas unidades no pagan provocando incertidumbre en relación a todos aquellos gastos no mencionados en ninguno de los dos artículos.

La segunda manera que tienen los reglamentos para otorgar un tratamiento diferente a ciertas unidades consiste directamente en mantener una sola columna para el pago de expensas pero cuyos porcentajes nacen de modificar los porcentajes de dominio.

Un ejemplo típico es lo que suele hacerse con las unidades complementarias destinadas a cocheras.

Supongamos que dentro del consorcio la unidad complementaria tiene un 30% de dominio. Para disminuir la carga de las cocheras se puede establecer que pagará un 10% del total de expensas y el 90% restante se distribuirá proporcionalmente entre todas las demás unidades.

Si se utiliza esta modalidad no corresponde utilizar una columna separada para que las cocheras no participen en ciertos gastos porque ya se le está haciendo una disminución vía porcentajes reducidos.

Hay casos en que el administrador debe establecer una columna de porcentajes no mencionada en el reglamento de forma explícita ni implícita.

Cuando el consorcio tiene unidades complementarias con porciones indivisas de cocheras o bauleras el administrador suele ocuparse de cuestiones naturalmente propias de esas unidades: la limpieza, el pago de los impuestos o ciertas reparaciones.

Estos gastos no forman técnicamente parte de las expensas pero se incluyen por cuestiones operativas: sería muy complicado que 30 personas se pongan de acuerdo en recaudar y pagar la boleta del ABL.

Es necesario que estos gastos se cobren de manera separada únicamente a los titulares de las mencionadas porciones indivisas y no hay que confundir esta cuestión con la participación de estas porciones indivisas en los gastos comunes.

Decíamos más arriba que se justifica la creación de columnas diferenciadas en la planilla de prorrateo cuando expresan una contribución diferenciada de las respectivas unidades a ciertos gastos y eso tiene su correlato en coeficientes distintos.

Sin embargo se observa una tendencia a agregar columnas en los prorrateos para conceptos que se distribuyen con los mismos porcentajes que los generales.

Hay casos en que esto está justificado, como sucede con los gastos extraordinarios y sirve para que el propietario y el inquilino tengan una referencia más clara al momento de pagar.

Es de buena gestión evitar la proliferación de conceptos en el prorrateo que no tengan origen en reglamentos o asambleas porque eso complicará la discusión en reclamos por deudas.

Dijimos al comienzo que los diferentes tipos de porcentajes representan la manera diferenciada por la que las unidades afrontan determinados gastos.

Y, lo que es igualmente importante, también representan en qué proporción le corresponden a las unidades el dinero y los créditos del consorcio.

Las expensas suelen mostrar los gastos separados tanto en la planilla de prorrateo como también en el cuadro de pagos del período.

Para que la contabilidad sea consistente resulta esencial, además de separar los gastos y los importes a recaudar, mostrar en forma separada los ingresos del período y los saldos de apertura y cierre por cada tipo de gasto.

Lamentablemente esto no se realiza en la mayoría de las liquidaciones de expensas.

En Administración Global abrimos el cuadro financiero para que, además de los movimientos económicos del total del consorcio se vean desagregados los de cada tipo o grupo exhibiéndose para cada uno de ellos su saldo final.

De no hacerse de esta manera sucede que si por cualquier motivo los ingresos de un tipo de expensas son menores a los gastos habrá unidades financiando gastos que corresponden a otras unidades.

El primer año en un empleo deberá ser en la obra social del sector

[BPN-15/07/21] El pasado 6 de julio el Poder Ejecutivo Nacional ordenó que los trabajadores que inicien una relación laboral deban permanecer un año en la obra social de la rama de su actividad antes de poder solicitar un cambio.

Pasado el mencionado año inicial tendrán derecho a optar por otra Obra Social una vez por año y el cambio se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la "formalización de la solicitud". Es de recordar que antes era a los tres meses de "la presentación de la solicitud".

Esta nueva norma aplica a aquellas relaciones laborales que se hubieren iniciado con anterioridad al 8 de julio y que todavía no hayan contado con un año de antigüedad, salvo que el trabajador hubiese hecho uso del derecho de opción en forma previa-

El derecho de opción sólo la podrá ejercer en forma personal el beneficiario, a través de las modalidades dispuestas por la Superintendencia de Servicios de Salud, y se privilegiará la utilización de plataformas digitales del tipo del TAD (Trámites a Distancia).

Así lo ordenó mediante el Decreto Presidencial 438/2021 que se publicó en el Boletín Oficial el 7 de julio de este año.

El presidente de la Nación, en los fundamentos de su decreto, argumentó: "Manteniendo los principios de solidaridad y equidad que fundamentan el Sistema Nacional del Seguro de Salud, resulta necesario retomar el espíritu de la redacción original del Decreto Nº 504/98, permitiendo que los afiliados y las afiliadas que ingresan al Sistema lo hagan a través de la Obra Social de su actividad para, luego, poder ejercer ese derecho si fuera de su interés".

Es de suponer que ahora la obra social de cada sector tendrá un año para convencer a aquellos que se incorporan a un nuevo empleo a permanecer en ella antes de que pueda decidir –si el servicio no le convence- a migrar a obras sociales más grandes, con un mayor poder económico y con más capacidad operativa.

Es de tener en cuenta que en este momento OSECAC (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles) es la obra social sindical más importante del país con el 8,53% de un total de casi 20 millones de beneficiarios de las obras sociales públicas, sindicales y privadas. Sólo es superado por el PAMI que representa el 25,56%. Mientras que OSECAC da cobertura médica a casi 2 millones de personas, el PAMI lo hace a más de 5 millones.

Por otra parte, el tiempo dirá si esta medida mejorará los números de OSPERyH y OSPERyRA -las obras sociales del SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) y la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal)- que a fines de 2020 brindaban atención a casi 94 mil personas, entre titulares y familiares ^[1]

Claudio Moroni adelantó el esquema de aumentos cinco meses

[BPN-15/07/21] El pasado 6 de julio Claudio Omar Moroni, ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, adelantó el esquema de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil para que signifique un aumento del 35% en septiembre de este año en lugar de febrero del año que viene.

Mediante la Resolución 6/2021 reemplazó los importes establecidos para julio, septiembre y noviembre que habían ordenado los incisos d), e) y f) del artículo 1º de la Resolución 4/2021 por nuevos importes para julio, agosto y septiembre y derogó el aumento que había determinado para febrero del año que viene.

En porcentajes, el aumento desde marzo hasta septiembre de este año será de un 35%.

Por otra parte, en julio el SMVM aumentó un 7,69% con respecto al mes anterior, en agosto un 3,17% y en septiembre de un 3,85%

Como ninguna escala salarial de los encargados de edificios es inferior al SMVM, éste sólo es importante para la propiedad horizontal porque se utiliza en el cálculo de los montos inembargables de los sueldos.

Así fue establecido por el Decreto 484/87 del 26 de marzo de 1987 que reglamentó los artículos 120º, 147º y 147º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

Ahora la construcción de la vivienda del encargado será optativa

[BPN-15/07/21] El pasado 30 de junio el Consejo Deliberante de La Plata aprobó que sea optativa la construcción de una vivienda para los encargados en edificios de más de 40 unidades y que en los ya existentes de entre 25 y 40 unidades se pueda alquilar o destinarla para uso común.

Para lograrlo, modificó a la Ordenanza 10.703 (Código de Ordenamiento Urbano de La Plata) los artículos 65º, 66º y 68º y agregó un 65 bis.

Es el segundo intento del intendente de La Plata, Julio Jarro (Juntos por el Cambio), de eliminar la construcción de una "portería" en los consorcios de esa ciudad, el proyecto aprobado lo había presentado el 17 de julio de 2020.

El pasado 16 de julio se debió tratar su proyecto pero finalmente la concejala del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, informó que "finalmente primó la sensatez y a última hora de anoche logramos frenar la iniciativa que el oficialismo pretendía votar esta misma tarde".

El Frente de Todos presentó un proyecto alternativo que subía la obligación de construir una vivienda para el encargado de 25 unidades funcionales a 40 mientras que en las construcciones de entre 25 y 40 unidades se podría optar por preservar el espacio para el trabajador o bien aportar una tasa destinada a crear un fondo común para la reparación de veredas.

Ordena que la construcción de una vivienda para el encargado sea optativa, establece las características de esa vivienda y determina que de no construirse esa vivienda se deberá abonar una nueva tasa a un Fondo de Recuperación Urbana que creará en el artículo siguiente.

Crea el "Fondo de Recuperación Urbana" aunque no especifica para qué serán utilizados los importes recaudados:

Establece que en el caso de construirse la vivienda del encargado ese será su único destino pero a las ya existentes en edificios con entre 25 y 40 unidades previas a sanción de la ordenanza podrán ser destinadas a uso común de los propietarios o vivienda familiar:

Por último ordena que todo edificio deba contar con un baño y vestuario para el trabajador de limpieza:

Hasta ahora la obligación de construir una vivienda para el encargado de edificio en consorcios de más de 25 unidades surgía del artículo 65º y 66º del Código de Ordenamiento Urbano:

El primero establecía la obligación: "Todo edificio subdividido en 25 o más unidades funcionales debe poseer una vivienda para el encargado permanente. La misma deberá tener como mínimo las siguientes dependencias: estar-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. Asimismo deberá contar también con habitación con bacha y anafe, baño y vestuario para el ayudante y/o suplente del encargado y/o cualquier otro personal que trabaje en el edificio. Este requerimiento será exigido en proyectos de edificios que se desarrollen en volúmenes o cuerpos de más de 3 niveles incluida la planta baja".

Proyecto de separación de residuos en origen con RPA incluido

[BPN-15/07/21] El pasado 7 de julio el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio), presentó un proyecto de ordenanza para organizar la separación en origen de los residuos en consorcios del Partido de San Nicolás de los Arroyos.

Como primera medida propone crear un Registro Público de Administradores de Propiedades Horizontales del partido de San Nicolás de los Arroyos bajo la órbita de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (artículos 4.1 y 4.2).

Los administradores registrados deberán –de ser aprobada- participar de un curso anual, gratuito y obligatorio de capacitación y concientización sobre gestión integral de residuos sólidos urbanos que será dictado por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (artículo 5.1 y 9.1).

Según la iniciativa, el "plan integral" de separación en origen de los residuos secos y húmedos con recolección diferenciada será implementado por etapas en todo el Partido de San Nicolás de los Arroyos y cada etapa de implementación contemplará un radio geográfico determinado.

Los consorcios que superen las 6 unidades funcionales estarán obligadas a:

1.- Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que generan.

2.- Separar en origen sus residuos, disponiendo los residuos sólidos en contenedores o cestos diferenciados con el objetivo de identificar los residuos secos y húmedos. Los consorcios estarán autorizados a colocar sus residuos húmedos en la vía pública únicamente en días y horarios establecidos por el Ejecutivo local. Los residuos secos podrán entregarlos a empresas, cooperativas de residuos o a personas que trabajen como recuperadores urbanos y no podrán ser abandonados en la vía pública (artículo 5.1).

Por otra parte los edificios que posean más de 15 unidades funcionales que sean construidos a partir de 2022 deberán contar con un lugar específico para contenedores negros y verdes para el acopio transitorio de los residuos húmedos y secos de acuerdo a la reglamentación que defina el Ejecutivo (artículo 5.1).

Víctor Santa María sigue acumulando compras

[BPN-15/07/21] El pasado 28 de junio La Nación develó que Víctor Santa María, titular del SUTERH y el Grupo Octubre, compró recientemente la empresa VPM Publicidad que se dedica hace más de 10 años a los carteles publicitarios en la vía pública, especialmente en los colectivos.

En el sitio web de VPM se puede apreciar que la empresa venía realizando campañas de publicidad en la vía pública a medios del Grupo Octubre: tanto a la AM750 como a Página/12.

Fuentes del entorno de Santa María aclararon que la firma VPM no fue adquirida por él a título personal sino por su sindicato: "Lo compró el gremio como parte de la estrategia de comunicación que viene sosteniendo".

Prohibición de suspender o despedir hasta fin de año

[BPN-15/07/21] El pasado 26 de junio el presidente de la Nación prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de despedir o suspender a los trabajadores "sin justa causa y falta o disminución de trabajo y fuerza mayor". Desde la primera prórroga que entró en vigencia el 31 de marzo del año pasado hasta el último día del año habrán transcurrido un año, ocho meses y 23 días.

Ahora tanto este prohibición como el pago de doble indemnización por los mismos motivos vencen en la misma fecha.

El Presidente de la Nación prorrogó la prohibición de despedir y suspender hasta el 31 de diciembre (BO: 28/06/21) mediante el Decreto 413/2021.

El último decreto sobre el tema es similar al anterior. Se corrigieron sus fechas de vencimiento y la redacción de algunos artículos. Textualmente ordena:

Al acumulado anual y al interanual les falta para superar la inflación

[BPN-15/07/21] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] ganará contra la inflación 6,45 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Sin embargo, en el acumulado anual y en el interanual los números serán negativos: -6,24 y -20,42 puntos porcentuales respectivamente.

En julio el promedio de las escalas salariales se incrementó un 9,35% con respecto al mes pasado y llegó a los 61.714 pesos mensuales. Esto se debió al aumento del 10% sobre las escalas salariales acordado el pasado 22 de febrero.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta julio aumento un 22.71%. El incremento acumulado creció 10,49 puntos con respecto al mes pasado.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2020 fue de 50.294 pesos.

Desde julio de 2020 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 31,24%, una diferencia con respecto del mes pasado de 5,51 puntos.

En julio del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 47.022 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros siete meses de este año contra los siete primeros del año pasado arrojó un aumento del 25,06%. Una diferencia de 1,11 puntos con respecto al mes pasado.

Según estos números, la inflación acumulada durante los primeros 7 meses de 2021 será del 28,94% mientras que la interanual de julio a julio está estimada en un 51,66%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en julio será de 23.064,70 pesos mensuales, exactamente igual que el mes pasado.

En dólares, este haber mínimo representa 234 dólares al precio oficial, 138 dólares a cotización turista o 131 dólares según el mercado blue.

En julio del año pasado ese haber estuvo en 16.864,59 pesos y en diciembre fue de 19.035,45 pesos por lo que este mes el acumulado anual será del 21,17% y el interanual de un 36,76%

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Hola Alicia!

En el mes de junio se calcula el sueldo del mes como siempre y además el primer sueldo anual complementario (SAC) del año. La base para el cálculo del SAC es el mejor sueldo comprendido entre enero y junio de cada año. Ese mejor sueldo ya contiene el valor vivienda, todos los adicionales y las horas extras que correspondan. La mitad de esa mejor remuneración será el valor bruto del SAC.

Con respecto a los descuentos del SAC, si el aguinaldo lo abonas en recibo separado no tenés que descontar el valor vivienda. 

Un saludo grandote.

¡Hola!

Vas a encontrar dos miradas sobre el tema. 

El sindicato sostiene que las horas del día domingo o feriados hay que abonarlas al 100% porque los valores indicados en la escala salarial son para días hábiles. 

Y otra mirada sostiene que en el caso que vos planteas, como son los días que él trabaja deberían abonarse de manera simple.

En las liquidaciones de haberes que hago yo las abono al 100% salvo que me indiquen lo contrario.

Un saludo grandote.

¡Hola! Entiendo que es obligatorio y si lees el artículo 27 bis aclara que si se cumplen ciertos requisitos el trabajador puede rescatar ese seguro y cobrarlo. La empresa aseguradora es Edificar Seguros y no podés elegir otra.

Te paso el vínculo para más detalles: https://suterh.org.ar/nuevo-beneficio-art-27-bis-del-cct-n-589-10/

Si tenés otra información, te invito a compartirla.

Un saludo grandote!

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